Los funcionarios interinos de Diputación dicen "basta" al abuso de temporalidad que sufren y piden convertirse en empleados fijos

El problema de la temporalidad en el sector público es un problema de escala nacional, que según los datos publicados afecta a más de 800.000 personas, en el estado, y por ende a varios miles de personas en la provincia de Almería. En este sentido, un colectivo de interinos de la Diputación de Almería ha puesto el grito en el cielo para denunciar su situación y que se pongan unos límites.

Estos trabajadores de la institución provincial se amparan en una sentencia pionera sobre el abuso de la temporalidad de la administración, que abre nueva vía para consolidar el empleo de más de un centenar de interinos de la Diputación de Almería. El personal temporal lleva meses denunciando que los procesos propuestos por la Diputación de Almería para resolver el fraude de ley por abuso de la temporalidad no se ajustan a la normativa existente. Los sindicatos UGT, CCOO y CSIF solicitan suspensión temporal de las oposiciones hasta que se conozcan los términos de las modificaciones legislativas previstas, que permitan resolver el problema del abuso de la temporalidad.

Su objetivo, dado el tiempo de servicio, es convertirse en empleados fijos y por ello apelan a la sentencia dictada por un Juzgado de lo Contencioso de Alicante, que ha insuflado optimismo a los empleados temporales de la capital almeriense en su lucha por ver reconocidos sus derechos de estabilidad e inamovilidad de los que disfrutan los funcionarios de carrera, ante la incertidumbre que ha generado estar más de 10, 15 o 20 años ocupando plazas de forma temporal.

El fallo, el primero de este cariz dictado a nivel nacional , ya que luego han venido sentencias en el mismo sentido, reconoce como empleada pública fija a una interina que llevaba más de 12 años prestando sus servicios en el Ayuntamiento de Alicante con contrato temporal. La sentencia hace hincapié en la prevalencia de la normativa europea que, en este sentido, remarca la obligación de que los Estados de la UE adopten medidas preventivas “de este tipo de abusos”. De hecho, la propia demandante manifestaba que su contratación comportaba un “fraude de ley por abuso de la temporalidad”.

El pasado mes de marzo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a través de la sentencia del TJUE de 19/03/2020, censuró el uso “abusivo” de las relaciones laborales de tiempo determinado en la Administración española, ya que el Estado español no ha aprobado las medidas legislativas pertinentes para ajustar sus normativas a la Directiva 1999/70/CE , relativa al abuso de la temporalidad. La justicia europea orienta a España para que pueda resolver malas prácticas, ya solucionadas por la mayoría de los países europeos. Es una sentencia histórica ya que a partir de ahora el despido libre y gratuito, del temporal longevo de la administración, ha desaparecido.

En el caso de la Diputación, estos interinos apuntan a que más de medio centenar de trabajadores de larga duración llevan más de un año denunciando su situación de fraude de ley por abuso de la temporalidad. Las primeras vistas de juicio están fechadas para enero de 2021.

Apuntan a que la situación de abuso de la temporalidad de la Diputación, se agravó tras la decisión de la institución de suspender, en contra del criterio de los sindicatos, la oferta de empleo público de 2008, en agosto de 2011. Posteriormente el RDL 20/ 2011, de 30 diciembre de medidas urgentes en materia presupuestaria, limitó la contratación de personal, y la aprobación de ofertas de empleo público.

En relación a los procesos selectivos promovidos por la institución, los trabajadores de larga duración han vuelto a recordar a los grupos políticos y centrales sindicales de la institución, que los procesos selectivos planteados actualmente no constituyen (según la STJUE de 19/03/2020), la necesaria sanción al abuso cometido. El hecho de ignorar las determinaciones de la sentencia mencionada y continuar el desarrollo de los mismos, incurriría en importante, arbitrario, y no justificado incremento de gasto público (que además no está habilitado por la Ley de Presupuestos de 2017) en conceptos de indemnizaciones, sanciones, incluso duplicidad de plazas a la vuelta de las resoluciones judiciales, por lo que han solicitado la paralización de los mismos, o en su caso la exclusión de las plazas de las personas en abuso, mientras la jurisprudencia o legislación determina la forma correcta de sancionarlo.

En este sentido la ministra de Política Territorial y Función Pública , Carolina Darias, hace unas semanas se comprometió al desarrollo legislativo necesario, en un plazo de dos meses, de forma que queden previstas y habilitadas las sanciones correspondientes que debe recaer sobre la propia administración, cuando es incumplidora.

De este modo, este grupo de trabajadores concluye explicando que tanto las exigencias marcadas desde Europa, como los inmediatos cambios legislativos que se van a desarrollar en el Estado español para adecuarse al marco europeo, así como las sentencias judiciales que ya se se están emitiendo, ofrecen un nuevo marco real, legal, y por supuesto mucho más beneficioso económicamente para la Diputación de Almería, que de este modo puede consolidar a sus trabajadores temporales que se encuentren en situación de abuso, y no solo beneficiarse de sus muchos años de experiencia, sino además evitar el dispendio que supondría el coste de las indemnizaciones y sanciones que la ley les señale.