El fiscal pide tres años de cárcel para el promotor de Marina de la Torre

Una de las mayores especulaciones inmobiliarias llevadas a cabo en la última década del siglo pasado fue la que enriqueció a notorios negociantes del Levante almeriense mediante la venta a la empresa Marina de la Torre, S.A., de un millón de metros cuadrados en primera línea de playa de Mojácar. Sin embargo, la empresa Marina de la Torre, S.A., que tomó el nombre de la propia finca y cuyo objeto social es la promoción inmobiliaria, tenía un único activo: la finca de un millón de metros cuadrados.

El Ayuntamiento de Mojácar aprobó el plan parcial Marina de la Torre en 1992. El proyecto incluía la transformación de un millón de metros cuadrados para convertirlo en un 'mundo residencial-deportivo exclusivo' con unas 1.200 viviendas y tres hoteles, además de un campo de golf de 18 hoyos, a los que, según la Fiscalía, se podría sumar un agujero de diez millones de euros que José Souto, consejero de la empresa, junto con uno de los accionistas, Francisco Manuel Monasterio Amigo, dispusieron continuada y fraudulentamente al realizar operaciones de venta de parcelas a otras empresas en las que ambos eran accionistas también. La Fiscalía acusa a Souto y Monasterio de vender parcelas de la empresa Marina de la Torre, S.A., por debajo del precio de mercado a sociedades en las que ellos igualmente participaban y, posteriormente, revenderlas para 'su propio beneficio económico' y en perjuicio del resto de asociados de los que se abusó de su confianza.

En consecuencia, el Juzgado de Instrucción número 4 de La Coruña ha acordado la apertura de juicio oral contra José Antonio Souto Meizoso, por un delito continuado de administración desleal al disponer de forma fraudulenta de los bienes de una sociedad cometido en la compraventa de cinco parcelas en Marina de la Torre. Junto a él se acusa también a Francisco Manuel Monasterio Amigo.

El juez emitió un auto el pasado 21 de abril en el que acuerda que se celebre juicio y que éste sea en una sala de lo penal, que será la que fije la fecha de la vista. El magistrado, además, exigió a José Antonio Souto Meizoso que depositase, en el plazo de un día, una fianza de algo más de un millón de euros; así como otros 75.727 euros aportados solidariamente por José Souto y Francisco Manuel Monasterio como fianzas para garantizar el pago de las posibles responsabilidades económicas.

El Ministerio fiscal solicita tres años y tres meses de prisión para Souto Meizoso y dos años y seis meses para Monasterio Amigo. La fiscal asegura en su escrito de acusación que el imputado, Souto Meizoso, a pesar de ser administrador y socio de Marina de la Torre, S.A., "vendió parcelas propiedad de esta sociedad a un precio inferior al del mercado a otras sociedades en las que él mismo tenía interés personal directo al ser propietario o administrado". En esta actuación concurre, según la Fiscalía, el supuesto de administración desleal de una empresa, tipificada en el artículo 295 del Código Penal. Dicho artículo establece que los administradores o socios de una empresa si realizan "abuso" de sus funciones y disponen "fraudulentamente" de los bienes de la sociedad "causando directamente un perjuicio económicamente evaluable a sus socios", serán castigados con la pena de prisión de seis meses a cuatro años o una multa en razón al beneficio obtenido.

Uno de los socios de la empresa Marina de la Torre, S. A., es el que ha presentado la denuncia contra Souto y Monasterio porque no participó en el reparto de los beneficios de las operaciones realizadas por los imputados a través de otras empresas. La fiscal asegura que estos dos empresarios coruñeses,"'abusando de sus funciones y de la confianza de los restantes socios actuaron en su propio beneficio económico y el de sus familiares en detrimento del beneficio de la sociedad Marina de la Torre y urdieron todo el entramado de operaciones y empresas".

En el estudio económico practicado por un perito judicial a petición de la Fiscalía se concluye que el perjuicio económico causado por las cinco operaciones de los dos imputados a Marina de la Torre, S.A., asciende a más de diez millones de euros y de esta cantidad reclama una indemnización de alrededor de un millón de euros para el denunciante, la parte proporcional al 10 por ciento que poseía este socio en la sociedad.

Resulta llamativo que además de las pruebas documentales, periciales y testificales que reclama tanto la fiscal como la acusación particular, se encuentra la petición para que declare como testigo Vicente Cotino Escrivá, sobrino del actual vicepresidente de la Generalitat de Valencia, Juan Cotino. El motivo de que se le llame a declarar es que Vicente Cotino figuraba como socio en una de las empresas que efectuaron las operaciones de compraventa. Vicente Cotino es, además, yerno de José Antonio Souto.