El exabogado del Estado cree que quisieron “acabar” con él

Tras cinco suspensiones previas, un intercambio de “cromos”entre el Juzgado de lo Penal y la Audiencia Provincial resuelto por el Tribunal Supremo, que determinó que tenía que ser ésta última la que acogiese el juicio, este lunes dio comienzo la vista oral del caso ‘Tres Reyes’, contra un presunto grupo “criminal” acusado de extorsión y por el que están encausadas siete personas, entre ellas el exabogado del Estado en Almería, Demetrio Carmona.

Una primera sesión farragosa y lenta, ya que únicamente declararon tres de los investigados, quedando pendiente para este martes la de varios de los principales acusados, entre ellos el propio Carmona y el que, cuando se produjo su arresto en 2013, era su abogado, Rogelio Vargas. La magistrada Alejandra Dodero, que ha presidido el tribunal formado además por los magistrados Luis Miguel Columna y Luis Durbán, ha emplazado a las nueve de la mañana a procesados, abogados de la defensa y de la acusación para la segunda de las cinco sesiones previstas, adelantando que la declaración de Carmona puede ser extensa y complicada.

“No trato de desmontar el procedimiento pero digo que hubo una actuación deliberada, tendenciosa para acabar profesional, civil y moralmente con mi defendido”, ha sostenido el letrado Miguel Ángel Campos -que actúa en representación de Carmona-. Campos, al igual que los abogados de otros acusados, ha solicitado la nulidad de los autos que autorizaron las escuchas telefónicas que permitieron seguir la causa en un primer momento, así como del auto de apertura de juicio oral, al entender que se habían vulnerado derechos fundamentales de los procesados durante la instrucción de la causa.

Campos ha sostenido que “no existía ninguna razón” para las intervenciones telefónicas autorizadas por el juez instructor y ha cuestionado que “no se extremara el celo” en este sentido al tratarse de un “abogado del estado” y “otro en ejercicio”, en alusión a Rogelio Vargas.

Según otro de los abogados, Nabil El Meknassi, representante del letrado Rogelio Vargas, el “95%” del caso se basa en la denuncia de un presunto perjudicado y no se ha tenido en cuenta la doctrina del Tribunal Supremo en este sentido, produciéndose una falta de “idoneidad y proporcionalidad”.

“¿Porque un señor diga que ha recibido diez llamadas perdidas, sin conexión aparente con el hecho denunciado o decir por qué se han realizado, ya tenemos que relacionarlo con un hecho delictivo? No existía ningún elemento de criminalidad (...) y menos para vulnerar un derecho fundamental”, ha incidido, insistiendo en que se escuchó a Rogelio Vargas cuando usaba su teléfono para atender asuntos como letrado.

Por su parte, Ernesto Osuna, abogado del empresario vinculado al PP José Abad, ha lamentado que con una “mera denuncia ante la Guardia Civil por presuntas amenazas, un delito sin gravedad, se decretó secreto de actuaciones” y se optó “por la prospectiva y por, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, intervenir los teléfonos de personas de relevancia a ver qué aparece”.

Precisamente, José Abad ha sido uno de los tres acusados que han declarado este lunes. En su caso, ha sido interpelado por su presunta relación con supuestas extorsiones a dos familias con las que Carmona habría tenido problemas económicos a través de sociedades el exabogado del Estado. También se ha referido a los “problemas”de Carmona con la Agencia Tributaria y Bankia, ante los que habría mediado como “favor”al exabogado del Estado, al que, según ha manifestado, no conocía aún en ese momento.

“Si yo veo que hay algo ilegal, yo no me meto en ese tema. Todo se hizo amigablemente y yo nunca he considerado que estuviera haciendo nada malo. Era presión dentro de la legalidad como presiona al Gobierno cualquier sindicato”, ha apuntado para, ya a preguntas de su abogado, afirmar que fue la Guardia Civil la que, a raíz de la denuncia del propietario de los dinares, “la que fue a buscar a los dos empresarios para decirles ¿es que os están extorsionando?”.

En cualquier caso, ha dicho que nunca ha empleado amenazas en su vida y que tenía buenas relaciones con el PPpor haber sido teniente de alcalde en una localidad catalana y candidato al Parlamento por esta formación, señalando a reuniones con altos cargos de dicha formación en la provincia almeriense tendentes a resolver la situación de Carmona porque “ha hecho “500.000 favores” de este tipo en “Madrid, Murcia o Alicante”.

De forma previa han declarado Luis Miguel G. y Ángel Morales Ambos han sostenido ser únicamente empresarios y, como Abad, han negado la existencia de un supuesto grupo organizado en el que diesen o recibiesen órdenes de otros imputados. En el caso de el último de ellos, ha mantenido que su participación en los asuntos de Carmona y Vargas fue únicamente de “intermediación”y que no cobró ninguna cuantía al no haber podido llegar a un acuerdo con las partes en discordia.

El fiscal considera que los siete acusados son autores de presuntos delitos de pertenencia a grupo criminal y tres supuestos delitos de extorsión en grado de tentativa aunque a dos de ellos les imputa además sendos delitos de usurpación de funciones públicas y falsedad en algunas operaciones, una de ellas encaminada a hacerse “mediante engaño” con 128,4 millones de dinares iraquíes depositados en una empresa de seguridad y adquiridos en 1996.

El fiscal David Calvo ha defendido la instrucción de la causa insistiendo en que el secreto de las actuaciones y la intervención de líneas telefónicas no fueron fruto de una “simple amenaza” sino de una denuncia en la que se relataba la supuesta extorsión sufrida por el propietario de los dinares a cargo de un grupo de personas con apariencia de “una organización con reparto de papeles” y que “fruto de ese secreto e intervenciones se han revelado otras víctimas de las malas artes por parte de los acusados”, por lo que ha subrayado la “idoneidad, proporcionalidad y necesidad”de dichas actuaciones cuya nulidad ha sido solicitada por los letrados de los distintos procesados en la causa.