La esclavitud del siglo XXI: un centenar de víctimas de trata con fines de explotación sexual en Almería

La trata de personas no ha dejado de crecer en Almería al ser una de las provincias con mayor presión migratoria en los últimos años. Sin ir más lejos, el 99% de las mujeres atendidas por Cruz Roja en los programas orientados a víctimas de esta flagrante violación de los Derechos Humanos, que atenta contra la libertad y la dignidad de las personas, proceden de otros países, principalmente del norte de África y América Latina. Estas inmigrantes indocumentadas son las más vulnerables a la trata, en su mayoría sin permiso de trabajo ni estancia en el país, y a veces no sólo sufren explotación sexual y también están siendo esclavizadas en el ámbito laboral. En el último año la oenegé ha detectado en los municipios de la provincia a 174 mujeres víctimas de explotación sexual, de las que casi un centenar (94) han pasado por una situación de trata. Cruz Roja atiende cada año entre 70 y 100 personas forzadas a ejercer la prostitución en Almería con todo tipo de amenazas, engaños, vudú y violencia desmedida por parte de las mafias que se lucran de sus cuerpos obligándolas a realizar jornadas maratonianas de hasta 14 horas los siete días a la semana. 

 A nivel nacional durante el último año acompañó a 1.106 personas en situación de trata y a otras 470 víctimas de la explotación sexual que han caído en manos de mafias y proxenetas y se enfrentan a una triple estigmatización por parte de la sociedad. La organización recuerda que la trata también se considera como violencia de género cuando tiene fines sexuales sin olvidar la que se ha invisibilizado en servidumbre doméstica, matrimonios forzados o la que persigue una explotación reproductiva. En los últimos años la captación a través de las redes sociales sociales se ha convertido en una realidad creciente. Son una herramienta muy poderosa para los tratantes que se aprovechan de la accesibilidad y el anonimato de las nuevas tecnologías para atraer a sus víctimas. Cruz Roja detalla que la infancia migrante es altamente vulnerable, especialmente los menores que llegan Europa no acompañados, cifrando esta dura realidad en más de un millón de afectados en el mundo. De ahí que reclamen con insistencia una Ley Integral de Trata y Explotación de Personas con la que se puedan fortalecer los mecanismos de protección de las víctimas y que también establezca un marco común que garantice el acceso a recursos y el ejercicio de sus derechos. 

Asistencia en núcleos rurales desde 2009

Los equipos de Cruz Roja por la provincia empezaron a detectar y dar respuesta a la problemática de las víctimas de trata de personas y explotación sexual en núcleos agrícolas y rurales en el año 2009. Marga Veiga es la responsable del programa de Inmigración de Cruz Roja y asegura a este periódico que el objetivo es lograr que dejen atrás esa “situación” que las convierte en mercancía sexual porque con más o menos ayuda y acompañamiento “se puede salir”. “Es un camino de altibajos, pero con capacidad de resiliencia y superación se puede dejar atrás la pesadilla y reiniciar su vida”, argumenta. El 99% de usuarias atendidas en su programa son extranjeras con trayecto migratorio, en su mayoría procedentes de África subsahariana (Nigeria, Costa de Marfil, Guinea y Senegal), de países del este de Europa y de América Latina (Colombia, Cuba, República Dominicana y Venezuela). 

Realizan visitas periódicas a los lugares donde trabajan en horarios sin riesgo y con un protocolo de seguridad para evitar incidentes. Los profesionales de Cruz Roja forjan una relación de confianza con las víctimas que normalmente sufren amenazas a su integridad física y a la de sus familiares. El grupo UCRIF de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Almería ha desarrollado una cruzada policial contra el proxenetismo con medio millar de operaciones desde 2017. Almería es una de las provincias con mayor impacto de un negocio muy lucrativo y a su vez cambiante. El declive de los clubes de la comarca del Poniente en los que llegaron a trabajar más de 300 mujeres de Europa del Este a principios de siglo ha dado paso al auge de los pisos y cortijos en las zonas eminentemente agrícolas. Establecimientos clandestinos en los que prestan sus servicios entre cuatro y seis inmigrantes (África y Latinoamérica) en condiciones de insalubridad, a veces en la misma habitación separadas por sábanas a modo de cortina. 

Estos cortijos de alterne se han multiplicado por Campohermoso en Níjar, Cortijos de Marín y El Parador en Roquetas, La Mojonera y Tierras de Almería, entre otros núcleos enclavados en el mar de plástico. Las condiciones laborales y de vida de las mujeres prostituidas y el trato que sufren difieren mucho, nada tienen ver las de un local de copas con las del piso compartido o una infravivienda situada entre invernaderos. Si bien hay que diferenciar entre la trata de seres humanos y la explotación con fines sexuales. El procesamiento judicial de los que mercadean con el cuerpo de estas víctimas vulnerables depende del consentimiento. Aunque detectan muchos casos en los que la mujer ejerce de manera voluntaria, pero en realidad lo hace forzada por su situación de pobreza, ilegalidad administrativa u otras presiones como el pago del trayecto desde su país con una bolsa de viaje tasada en torno a los 3.000 euros.