"Hemos sido engañados": los abogados y procuradores mutualistas exigen pensiones dignas

No pueden más y consideran que han sido engañados. Abogados y procuradores mutualistas de Almería se han concentrado este jueves ante la Ciudad de la Justicia de Almería para solicitar pensiones de jubilación "dignas" y exigir soluciones a las "irrisorias" rentas vitalicias que perciben de la Mutualidad de la Abogacía, para la que urgen el cese de su junta directiva y patronato.

La protesta, convocada bajo el movimiento de "generación espontánea" nacido en redes sociales 'Mutualistas de Almería', llega por estar "atrapados" en un sistema de cotización alternativo al Régimen de Autónomos (RETA) Según el letrado Julián Cazorla, han sido unos “ilusos y víctimas de un engaño”. Sostiene que llevan “muchísimos años pagando a la Mutualidad de la Abogacía” y los “compañeros” que se jubilan ahora “se encuentran con la sorpresa de que después de 40 años de carrera se encuentran con una pensión, aunque la Mutualidad no la quiere llamar así, de 300 o 400 euros”.

“Es una situación absolutamente injusta y que, ni mucho menos, se corresponde con las expectativas que en su día nos prometieron. Antes era una mutualidad pura y dura, pero en 2005 se pasó al régimen de capitalización individual. En ese momento la gran mayoría nos quedamos y no nos fuimos al RETA porque nos vendieron la moto. No se puede decir de otra manera”, asegura.

Según Cazorla, la promesa fue la de percibir una pensión equiparable a la de los adscritos al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), “lo cual se ha demostrado que no es cierto”. “Vamos a luchar para que esto no se quede así”, ha asegurado.

Los abogados denuncian también el “despilfarro” por parte de la Mutualidad de la Abogacía y de la Fundación de la Mutualidad: “Creo que esto parte de una mala gestión, ahí están las cuentas. Por ejemplo, la Fundación dona 40.000 euros a la Fundación del Real Madrid. ¿Eso qué es? ¿Una entrada a un palco? Vamos a ser serios”, ha manifestado el abogado.

Cazorla mantiene asimismo que ninguno de los miembros de la junta de gobierno es especialista en inversión.

Por su parte, David Castillo, procurador, ha afirmado que este problema también afecta a su colectivo, que se ha “visto atrapado en un sistema que realmente no está funcionando”.

“Nos ofrecieron una serie de condiciones, en un principio garantizadas. Supuestamente íbamos a cobrar una pensión, en mi caso de 1.200 euros, y con el paso del tiempo y haciendo distintas simulaciones en la propia página de la Mutualidad de la Procura, hemos visto que esa cantidad iba mermando sin llegar a justificarse exactamente el porqué”, ha aseverado.

Una situación que “es bastante peor” para otros procuradores que “tienen más antigüedad, porque en su caso vienen aportando algunos desde los años 80, y la pensión que les va a quedar ronda los 300 euros, algo que es realmente indigno”.

Sobre todo, argumenta, tras toda una vida de “trabajo y dedicación a los demás y de defender los intereses y los derechos” de los ciudadanos para que éstos “no se conculquen”. “Hemos visto que nuestro derecho constitucional a una jubilación digna se ve conculcado, por lo que no nos han dejado más remedio que manifestarnos”, ha concluido.

SOLUCIONES

Para dar solución a esta situación reivindican mejoras fiscales en fase de jubilación ya que actualmente el tratamiento fiscal otorgado a sus aportaciones "es el mismo que el dispensado a un simple plan de pensiones complementario, cuando realmente se tratan de una aportaciones obligatorias para nuestra jubilación y no de una mera inversión voluntaria para complementar una pensión".

Abogan por la posibilidad de traslado al RETA tras revelarse "evidente" que se trata de un instrumento y mecanismo del sistema financiero "no adecuado para satisfacer las necesidades económicas inherentes a la jubilación y vejez de las personas" y proponen la creación de un entorno o ventana que permita la posibilidad, puntual y voluntaria, para los mutualistas que lo deseen, de recuperar sus aportaciones y canjear su capital acumulado por años de cotización, computando los años de cotización en la Mutualidad y convirtiendo el capital acumulado en bases de cotización al RETA.

Remarcan los convocantes que este nuevo sistema "se debe garantizar a todos los abogados, en función de sus años de ejercicio y cotización a la Mutualidad, el derecho a una pensión pública mínima digna, en condiciones similares a los cotizantes en RETA".

Entre las reivindicaciones figuran, asimismo, mejoras en la compatibilidad entre el cobro de pensión y ejercicio profesional ya que, según explican, "muchos abogados, incluso con la implementación de las medidas propuestas, van a tener la necesidad de compatibilizar el cobro de sus exiguas pensiones con el ejercicio profesional, aunque sea en una modalidad reducida".

Para los abogados mutualistas, la situación deriva de una política de "despilfarro acometida por la Mutualidad y su Fundación "con el dinero de todos para favorecer a unos pocos".

Detalla medidas para "satisfacer a la Junta de Gobierno la suma de 755.000,00 euros en compensaciones más la de 118.000,00 euros en gastos de viaje durante el año 2022, el pago de 436.000,00 euros a dos directivos, o la donación desde la Fundación a la Fundación del Real Madrid de 40.000,00 euros".