Los empleados públicos de Almería exigen que se negocie una subida salarial

Miles de empleados y empleadas públicas se han concentrado en toda España, convocados por CSIF, para exigir al Gobierno que desbloquee la negociación de las condiciones laborales que afectan al colectivo en materia salarial, de jubilación, jornada o teletrabajo, entre otros. En el caso de la provincia de Almerí, la movilización ha tenido lugar en la Subdelegación del Gobierno.

Tal y como ha explicado la vicepresidenta de CSIF Almería, Aima Serrano, “desde que se constituyó el Gobierno, en noviembre de 2023, no se ha convocado la Mesa General de las Administraciones Públicas para negociar estas cuestiones, por eso, desde CSIF consideramos urgente retomar el diálogo sobre la subida salarial del próximo año, un nuevo acuerdo salarial, dado que el actual caduca a final de año y ya ha provocado una pérdida de poder adquisitivo del 6 por ciento desde 2022”.

Por otra parte, la dirigente sindical ha destacado que, en materia de retribuciones, el Tribunal Constitucional ha admitido un recurso de amparo presentado por CSIF contra la decisión de la mesa del Congreso de los Diputados que mediante acuerdo de 16 de mayo de 2023, rechazó tramitar una Iniciativa Legislativa Popular impulsada por el sindicato para que los empleados públicos recuperen la estructura salarial previa los recortes de Zapatero en 2010.

Según ha explicado CSIF, el alto tribunal, mediante providencia de 2 diciembre de 2024, acuerda su admisión a trámite ya que en este caso “concurre una especial trascendencia constitucional porque el asunto suscitado trasciende del caso concreto y pudiera tener unas consecuencias políticas generales” y requiere a la presidenta del Congreso para que en el plazo máximo de 10 días remita al Tribunal certificación del expediente.

Estos recortes que siguen en vigor desde 2010, suponen que los empleados públicos en esta última década han trabajado entre 13 y 18 meses gratis, en función del Grupo Profesional al que pertenezcan. Esta situación se suma a la pérdida global del 20 por ciento del poder adquisitivo desde la bajada salarial de 2010.

Por otro lado, según un reciente estudio elaborado por CSIF, "los empleados públicos de la Administración General del Estado cobran de media 8.000 euros menos al año que los trabajadores de las administraciones autonómicas y ayuntamientos por el mismo trabajo“, ha argumentado Serrano quien ha añadido que, para corregir estas desigualdades retributivas en la Administración General del Estado “es necesario una dotación de fondos adicionales que fijamos en 1.487 millones, repartidos entre 2025, 2026 y 2027, hasta lograr la igualdad salarial plena en 2028”.

CSIF entiende que se deben abordar sin más demora, entre otros, los siguientes temas pendientes de aquí a final de año:

• Negociación de un nuevo acuerdo salarial que permita recuperar poder adquisitivo al conjunto de empleadas y empleados públicos.

• Asignación de fondos adicionales para la equiparación salarial entre las distintas administraciones públicas.

• Recuperación de la estructura salarial previa a los recortes de 2010, con el cobro íntegro de la paga extra.

• Negociación de una nueva oferta de empleo público para 2025 eliminando la tasa de reposición.

• Jornada laboral de 35 horas en el conjunto del Estado e implementación de la carrera profesional en todas las administraciones, así como del teletrabajo.

• Mejora de las condiciones de jubilación con la regulación definitiva de la jubilación parcial para los funcionarios y estatutarios.

• Adecuación de los Grupos Profesionales.

• La actualización del TREBEP reforzando su carácter de norma básica como máxima garantía de las condiciones laborales de los empleados públicos.