La desmemoria de los supuestos activistas de Greenpeace que pintaron El Algarrobico

Almería/“No me acuerdo” ha sido posiblemente la frase más repetida por prácticamente la totalidad de los supuestos activistas de Greenpeace que este viernes han sido juzgados por pintar un círculo negro con la leyenda ‘Hotel Ilegal’ en la fachada del hotel construido por Azata del Sol en El Algarrobico, en Carboneras, por lo que enfrentan un año de prisión.

De los 28 acusados, únicamente por la empresa que levantó el hotel y no por la Fiscalía, han declarado 21, ya que el resto ha podido ausentarse de la vista oral al presentar distintos motivos justificados para ellos, y prácticamente todos han negado ser miembros de Greenpeace, con alguna salvedad, o haber pintado el hotel o arrasado con puertas y cerraduras para poder llevar a cabo esta acción reivindicativa.

La mayoría ha asegurado que se encontraba en la playa o en los caminos de acceso porque habían visto la convocatoria de una manifestación contra este hotel “ilegal” en redes sociales, aunque alguno también ha manifestado que estaba allí de turismo con unos amigos, o incluso que era periodista de la Agencia EFE y había acudido a cubrir la movilización.

En cualquier caso, todos han negado haber accedido al inmueble, participado en la pintada, roto el candado de entrada al recinto, o utilizado patas de cabra o cualquier otro instrumento para abrir a la fuerza puertas y ventanas, toda vez que sostienen que en el lugar había entre 150 y 200 personas, tanto a favor como en contra del hotel, sin recordar si alguno vestía el mono naranja de Greenpeace.

La acusación particular ha mantenido aún así sus conclusiones y aún mantiene que sobre las 07:15 horas del 11 de mayo de 2014, los investigados, “activistas de Greenpeace”, rompieron el candado de acceso al hotel y accedieron a la fuerza, “rompiendo puertas y cortafuegos”, para pintar de negro la fachada, así como que desatendieron las órdenes de la Guardia Civil.

Azata reclama por el delito de daños veinticuatro meses de multa, a razón de una cuota de 6 euros diarios, un total de 1.080 euros por persona y 30.240 euros entre los 28 activistas.

Por el delito de desobediencia, demanda la pena de prisión de un año a cada acusado y en concepto de responsabilidad para satisfacer entre todos los acusados, solicita 186.703 euros por los desperfectos causados en el hotel.

La fiscal Mariola Gómez Ponce sigue sin acusarlos, mientras que los abogados José Manuel Marrueco y Juan Domingo Valderrama piden la libre absolución, o que en su defecto se tengan en cuenta las dilaciones indebidas.

Antes de iniciarse las declaraciones, estos letrados han presentado otras sentencias absolutorias previas por hechos similares, así como querellas archivadas en este sentido, y han pedido que declare como perito un arquitecto.

Tres agentes de la Guardia Civil, dos de los miembros de la patrulla que acudió al lugar y el brigada que instruyó el atestado, sí que han afirmado que se encontraron con “gente dentro del hotel, reventando puertas con palancas y rompiendo cadenas”.

Han asegurado que iban con monos para pintar y que se notaba que había un plan “preconcebido” porque cada uno portaba consigo un papel en el que se indicaba la zona que le correspondía pintar.

Aunque han resaltado que no se resistieron a la hora de ser identificados, dentro del hotel según los agentes, sí que han apuntado que hicieron caso omiso a sus peticiones para que cesasen su actividad, por lo que no abandonaron el inmueble hasta que concluyeron la pintada.

En lo que no han coincidido es en el número de personas que había en el lugar, pues uno de ellos sostiene que habría una treintena, mientras que otro de los agentes ha llegado a admitir que podían ser unos 150.

El representante legal de Azata del Sol, José Rodríguez, ha aseverado que el hotel “estaba en buenas condiciones” y contaba con “puertas, cerraduras y sistemas de seguridad”, así como que de no haberse paralizado judicialmente las obras en febrero de 2006, dos meses más tarde habría abierto sus puertas, ya que incluso tenían unas 6.500 reservas ya formalizadas.

“El hotel es totalmente legal. Tiene licencia y proyecto aprobados, y dos sentencias, una del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y otra del Tribunal Supremo de 2022, que dicen que la licencia es completamente legal. Lo único ilegal que había ahí eran las pintadas y la actuación de los activistas”, ha defendido.

El guardés del hotel ha confirmado lo expuesto por la Guardia Civil y que cada investigado “tenía su misión”. “Cuando terminaban, se iban a la playa”; ha añadido.

El perito arquitecto de Greenpeace ha negado por su parte que el hotel hubiese podido abrir sus puertas dos meses después de la paralización, primero porque se trata de una “ruina urbanística”, esto es, una edificación que por sus características “no puede llegar a su fin”, primero por la Ley de Costas, segundo por estar un parque natural, y tercero porque tendría que haberse adaptado al Código Técnico de Edificación, lo que hubiese supuesto cuantiosos costes.

Ha insistido en que faltaba la parte más compleja e importante de climatización, fontanería, carpintería interior, que de por sí superaban el 50 % del valor de lo ya construido, por lo que de acuerdo a la legislación actual, convierte también al hotel en una “ruina económica”.

“En una ruina no se pueden causar daños. Si se tiene que dictar una orden de demolición, da igual que esté pintado o no, eso no es relevante”, ha concluido.