Derecho a Techo denuncia la "grave violación de derechos" en el Cortijo El Uno de San Isidro

La Plataforma Derecho a Techo ha denunciado este lunes la “grave violación” de los derechos humanos que supone el desalojo del Cortijo El Uno en San Isidro, a la vez que ha responsabilizado a la patronal agrícola almeriense de la “continua crisis” de los poblados chabolistas de esta provincia.

“No se puede seguir empleando a miles de trabajadores agrícolas sin proporcionar soluciones habitacionales dignas, condenándolos a chabolas, infraviviendas y asentamientos, sin garantizar en muchas ocasiones sus derechos laborales, y expulsándolos sin alternativas”, han manifestado en un comunicado desde este colectivo.

La plataforma, integrada por organizaciones sociales, sindicales y políticas de Almería, denuncia y muestra su rotunda oposición al desalojo, previsto por orden judicial, para el 25 de febrero en el Cortijo El Uno.

Han recordado que este desalojo afectará a unas 60 personas, en su mayoría trabajadoras y trabajadores del campo, incluidas familias con niños pequeños.

Derecho a Techo considera inaceptable que estas familias sean “expulsadas de sus hogares sin ninguna alternativa habitacional”. “Muchas de estas personas han vivido durante años en estas infraviviendas, en las cuales han construido un presente, no sin dificultades, que ahora se les arrebata. Manifiestan que están dispuestas a pagar un alquiler asumible, pero no encuentran ninguna opción accesible en Níjar”, añaden.

Sobre esta cuestión, la Plataforma sostiene que el precio de la vivienda es inasumible para la clase trabajadora, algo que evidencia una “crisis habitacional que ninguna administración está abordando de manera efectiva”.

El Comunicado continúa denunciando la pasividad y complicidad de las instituciones públicas –el Ayuntamiento de Níjar, el Gobierno andaluz y el Gobierno estatal–.

En concreto, sobre el Ayuntamiento de Níjar, manifiesta que incumplió sus promesas de ofrecer alternativas habitacionales, tal como se comprometió tras el desalojo del asentamiento de Walili en enero de 2023.

“En este caso, ni siquiera están haciendo ese esfuerzo, dejando a decenas de familias a su suerte sin la mínima protección de los servicios sociales. El Ayuntamiento debe responder a unas cuantas cuestiones sobre su implicación en los desalojos de asentamientos en el municipio”, dicen.

Además, responsabiliza directamente a Coexphal, la patronal agrícola, por esta “continua crisis”, toda vez que insisten en que llevan años “advirtiendo sobre la crisis habitacional en Níjar y en toda la provincia de Almería”.

“Mientras la expansión agrícola no ha dejado de crecer, no se ha planificado alojamiento para los trabajadores que sostienen este crecimiento económico. Además, el derecho a una vivienda digna sigue cercenado por el aumento de los precios derivados del uso especulativo de la vivienda”, apostillan.

A este respecto, señala que “el aumento de los alquileres turísticos ha agravado el déficit de vivienda asequible, afectando a toda la clase trabajadora, no solo a la clase trabajadora del campo”.

Finalmente, hace un llamamiento a toda la ciudadanía y a los colectivos sociales para que se unan en la “lucha por el derecho a una vivienda digna” en una movilización convocada para el próximo 13 de abril en el Campo de Níjar, con el objetivo de exigir soluciones habitacionales justas para todas las personas trabajadoras.