La dependencia en Almería alcanza la cifra récord de 23.300 beneficiarios

El delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Francisco González Bellido, ha hecho balance del estado del sistema de dependencia en la provincia de Almería y de los cambios “necesarios y estructurales” emprendidos por el Gobierno andaluz para mejorar la atención de las personas en situación de dependencia. “Estamos dando un giro de 180 grados a un sistema de la dependencia que no ha funcionado en 18 años”, ha enfatizado.

De hecho, ha destacado que en la provincia de Almería el número de personas atendidas es mayor que nunca. “En estos momentos estamos hablando de 23.328 beneficiarios, lo que supone un incremento de más de 4.400 personas desde el año 2018”. En este sentido, también ha subrayado el aumento en el número de prestaciones. “Son ya 33.000 prestaciones, casi 9.000 más que en 2018”, ha detallado el delegado.

Por otra parte, González Bellido ha detallado que la dependencia se divide en dos elementos fundamentales que “no pueden funcionar el uno sin el otro, que son la gestión y la financiación”. El delegado ha explicado que con el 'decreto de simplificación', que entró en vigor el 16 de marzo, se abría paso un nuevo procedimiento de dependencia, con importantes novedades.

“La principal y más significativa ha sido unificar en solo una las dos visitas domiciliarias que se venían haciendo, de forma que se ahorra un tiempo muy importante”, ha relatado. Anteriormente para el reconocimiento de la situación de dependencia tenía que hacerse una visita para la valoración y a continuación, se hacía otra para la realización del Programa Individual de Atención (PIA). “Lo que hemos hecho es unificar esa visita para evitar molestias a las personas susceptibles de ser dependientes, a sus familiares, pero sobre todo para agilizar y facilitar el proceso”, ha proseguido.

El nuevo decreto también introduce una evolución en positivo en lo que a los medios técnicos se refiere. “Antes de la entrada de este procedimiento se trabajaba con 5 aplicativos informáticos distintos y ahora se está funcionando con tan sólo uno, que está haciendo más fácil todo el trabajo, permitiendo ofrecer un servicio más garantista y ágil que beneficia a trabajadores y a usuarios de la dependencia”. 

Infrafinanciación

El delegado ha recordado que la Ley de Dependencia establece que el sistema debe de ser financiado a partes iguales por parte del Gobierno y por parte de la comunidad autónoma. La Junta de Andalucía ha dedicado al sistema público de dependencia más de 1.200 millones de euros en el ejercicio 2024, lo que la sitúa a la cabeza de las comunidades autónomas que más fondos destina a financiar este servicio. La apuesta del Gobierno de Juanma Moreno es firme y se ha consolidado de manera creciente desde 2019. Así, Andalucía, solo precedida por Cataluña, es la comunidad autónoma del país que más recursos dedica al sistema.

Todo ello en un contexto donde la aportación autonómica está muy por encima de la estatal, ya que la Junta ha dedicado, desde 2019, 4.000 millones de euros más para el sostenimiento del sistema que el Gobierno de España. De hecho, este año mientras la Junta ha aportado más de 1.200 millones para atender a las personas en situación de dependencia, el Gobierno ha puesto 729 millones, es decir, unos 500 millones de euros menos

González Bellido ha querido ofrecer un ejemplo, explicando que “una plaza para una persona en situación de dependencia de grado 2 que sea usuaria de atención residencial supone un gasto de 1.749 euros, de esos el Gobierno de España tan sólo aporta 130 euros, el resto lo sufragamos desde la Junta de Andalucía.” “Por eso reclamamos una financiación justa del mayor sistema de dependencia de España, ya que una de cada cinco personas en situación de dependencia de nuestro país, son andaluzas”.

El delegado ha reconocido que el sistema que recibieron al llegar al Gobierno andaluz tenía importantes deficiencias, y de ahí la importancia de emprender este cambio para mejorarlo. La Junta ha emprendido “un cambio necesario y estructural” del sistema al objeto de acortar plazos y mejorar en eficacia. “No se puede cambiar en 6 meses lo que lleva 18 años sin funcionar, pero tenemos claro que hemos decidido actuar y el resultado se verá poco a poco y dará respuesta a la ciudadanía”, ha zanjado.