La denuncia de un barrio contra el Ayuntamiento de Almería por "mobbing" llega al Defensor del Pueblo

Una asociación local de comerciantes, denominada Asociación de Comerciantes Plaza de Pavía, ha elevado una queja formal ante el Defensor del Pueblo Español, alegando una "gestión arbitraria" por parte del Ayuntamiento de Almería en la distribución de los fondos públicos destinados a proyectos de revitalización económica. ç

Según la Asociación, existe una preferencia clara del Consistorio por concentrar inversiones en áreas destinadas a viviendas de uso turístico, principalmente en manos de propietarios con altos ingresos, en detrimento de barrios más humildes como Pescadería, La Chanca, El Morato, Pedrizas, Plaza de Pavía y Almedina.

Los comerciantes, como portavoces ocasionales del colectivo afectado, basan su petición en que el Ayuntamiento de Almería "ha generado todo un plan de arbitrariedad que viola los preceptos del artículo 9.2 y 9.3 de la Constitución española, en una acción premeditada contraria al principio de la redistribución de la riqueza, defendida en el primer punto del apartado 1º del artículo 40 de la Constitución Española, e igualmente contraria al mandato del art. 175 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea como institución originaria de los fondos aplicables".

La controversia se centra en la zona que abarca desde la calle San Juan hasta Camino del Barranco, y finaliza en el Camino Viejo, señalada por los comerciantes como "obviada de cualquier iniciativa de fondos públicos" que contribuya a su desarrollo económico.

Esta área, a pesar de ser una de las más densamente pobladas y con la renta per cápita más baja de Almería, ha sido excluida de las inversiones vinculadas a los fondos Next Generation de la Unión Europea, destinados a promover la recuperación económica y social.

La Asociación argumenta que esta situación constituye un caso de "mobbinginstitucional" por parte de la administración municipal hacia los barrios afectados, violando principios constitucionales de redistribución de la riqueza y promoción del progreso social y económico equitativo.

Destacan el caso particular de la Plaza de Pavía, donde, a pesar de haberse aprobado una moción con apoyo unánime para su desarrollo, el Ayuntamiento ha ignorado reiteradamente las solicitudes de actuación. Los comerciantes subrayan la diferencia de trato comparado con otras iniciativas, como el proyecto presentado para el mercado de Cabo de Gata, que contrasta con la falta de atención a las propuestas provenientes de barrios con necesidades más acuciantes.

Esta "discriminación" en la asignación de recursos, según la Asociación de Comerciantes Plaza de Pavía, desvirtúa el propósito de los fondos públicos, ignorando a sus destinatarios legítimos y exacerbando las desigualdades sociales y económicas en la ciudad.

La denuncia ante el Defensor del Pueblo busca no solo llamar la atención sobre " esta injusticia, sino también instar a una revisión de las políticas municipales para asegurar una distribución más equitativa de los recursos, en línea con los principios de igualdad y justicia social consagrados en la Constitución Española y en el marco legal de la Unión Europea".