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Tribunales
La Asociación Afectados por el Puerto de Carboneras ha presentado una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por la modificación “sustancial” del contrato para remodelar las instalaciones portuarias de Carboneras (Almería), que conlleva la reducción de amarres y la "expulsión" de decenas de embarcaciones deportivas.
En su escrito, a la que ha tenido acceso EFE, el colectivo da respuesta a la solicitud del Alto Tribunal andaluz para que formulase dicha demanda, y recuerda que la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA) aprobó en octubre de 2019 la adjudicación para la reordenación del puerto de Carboneras a la UTE Marina San Andrés.
Esa adjudicación se llevó a cabo tras el correspondiente informe jurídico de septiembre de 2019, pero la modificación posterior del contrato no se sometió al preceptivo informe jurídico, han asegurado los afectados.
Han sostenido que el número total de atraques licitados fue de 260, con un mínimo de 207 exigidos en el pliego de condiciones, aunque tras la modificación “debido al aumento de la demanda de atraques del sector pesquero”, se fijó una nueva ordenación que fijó en 166 el número de atraques.
“Aprobar una remodelación de 166 atraques supone eliminar 94 atraques de los 260 licitados y 41 menos del mínimo de 207 permitidos", han denunciado.
En la actualidad en el Puerto de Carboneras hay un total de 231 embarcaciones amarradas y construir un puerto para 166 amarres supone expulsar de la dársena a 65 embarcaciones.
Han advertido de que la expulsión de la dársena deportiva no sólo es de 65 embarcaciones puesto que la inmensa mayoría de las 231embarcaciones son inferiores a los 6 metros de eslora y la modificación del contrato sólo contempla 29 amarres para una eslora de 6 metros.
“La APPA para minimizar la modificación sustancial del contrato en cuanto a esloras y número de amarres incluye en la remodelación a los 36 amarres para jubilados de la mar y a las 50 embarcaciones condenadas a salir de la dársena para ser depositadas en una marina seca”, han criticado.
La asociación mantiene que estos 50 amarres de la marina seca no se pueden contabilizar como tales, puesto que suponen una expulsión de 50 embarcaciones de la dársena para almacenarlas en tierra.
Además, han augurado que el número de embarcaciones expulsadas de la dársena va a ser muy superior a las 166 debido a los "precios abusivos de los amarres”, ya que Marina San Andrés está cobrando 39.000 euros por un amarre de 6 metros a 20 años y antes de la modificación del contrato la tarifa para un amarre de 6 metros de eslora a 36 años era de 10.596 euros.
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