El Defensor del Pueblo pide a Níjar que evite la situación de calle a los desalojados en el Cortijo El Uno

El Defensor del Pueblo Andaluz ha reclamado al Ayuntamiento de Níjar que actúe junto a otras administraciones para evitar que los migrantes que residen en el Cortijo El Uno de San Isidro queden “en situación de calle” tras el desalojo por orden judicial del poblado que tendrá lugar este martes.

En una resolución remitida al consistorio, a la que ha tenido acceso EFE, la oficina dirigida por Jesús Maeztu ha instado a esta entidad local a que, “con carácter urgente y preferente”, se adopten las medidas necesarias para valorar las situaciones de vulnerabilidad de estas personas, “prestando una especial consideración” a familias con menores a su cargo.

También ha recomendado que, “con carácter inmediato”, el consistorio se coordine con las administraciones que “consideren competentes” en la materia, para evitar que se queden en situación de calle, las personas que vayan a ser desalojadas, con prioridad de dichas familias con menores.

Por último, el Defensor ha reclamado al Ayuntamiento que implemente actuaciones de coordinación y trabajo en red con las entidades y asociaciones que prestan su colaboración los asentamientos de su término municipal, a los efectos de canalizar recursos que “puedan dar respuestas a estas familias, impidiendo la desprotección de las mismas”.

La resolución del Defensor tiene su origen en una queja remitida por el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) de Almería, tras la reunión mantenida con Almería Acoge y CEPAIM, debido a la presencia de hasta seis decenas de personas organizadas en distintos espacios, entre ellas 6 unidades familiares con 9 menores, en este asentamiento.

Según trasladó el SJM al Defensor, ningún trabajador del Ayuntamiento ha visitado el poblado o hablado con sus residentes, subrayando que tampoco se ha producido la reunión solicitada, con carácter urgente, por las entidades sociales de la Mesa del Tercer Sector, e incidiendo en que el ente local no ha planteado ninguna alternativa, “negándose incluso a considerar, argumentar o valorar las propuestas de las entidades sociales”.

El Defensor ha recordado, por su parte, que el I Plan Estratégico para la erradicación de asentamientos informales y la inclusión social de las personas residentes en zonas agrícolas de Andalucía conformados por población migrantes (EASEN), señala que su fin no es sólo “erradicar asentamientos y realojar a estas personas”, sino que “se busca ayudarlas a salir de los asentamientos y poder construir un proyecto de vida”.

Con respecto a favorecer el derecho a un “techo digno” a quienes residen en los asentamientos chabolistas, los Planes Locales de intervención integral en asentamientos previstos al amparo de la Estrategia antes mencionada “han de contribuir a erradicar los asentamientos informales y a favorecer la inclusión de las personas migrantes residentes en ellos”, según el Defensor.

Asimismo, ha insistido en que en Níjar, al igual que sucede en otros municipios como Lepe en Huelva, la mayoría de los asentamientos, están en fincas de propiedad privada, lo cual “no ha impedido que en el municipio onubense, se están dando respuestas a las personas que se desalojan”.

Ha subrayado que en otras actuaciones previas en Níjar, aun no teniendo este carácter integrador, se ofrecieron recursos residenciales y se colaboró con la entidades del tercer sector para buscar soluciones, unas iniciativas que “no se han producido en este caso”.