El Defensor del Pueblo exige refuerzos ante el colapso en la valoración de discapacidad en Almería

La Delegación Territorial de Inclusión Social en Almería afronta un atasco crónico en la tramitación de los expedientes de valoración y revisión del grado de discapacidad. A finales de 2023, el número de procedimientos pendientes en esta provincia alcanzaba los 5.252, una cifra que revela la persistencia de un problema estructural pese a los refuerzos puntuales realizados por la Junta de Andalucía. El Defensor del Pueblo Andaluz ha emitido una dura resolución en la que insta al Gobierno autonómico a dotar de manera urgente los medios humanos y técnicos necesarios para poner fin a esta situación de vulneración de derechos.

El problema no es nuevo. Desde el año 2020, la oficina del Defensor ha venido recibiendo quejas ciudadanas relativas al retraso excesivo en la atención de los Centros de Valoración y Orientación de Andalucía (CVO), especialmente en provincias como Málaga y Almería. En 2021, se abrió una actuación de oficio con el objetivo de analizar los tiempos de espera en cada una de las ocho provincias. Tres años después, la situación sigue lejos de resolverse.

Según los datos oficiales proporcionados por la propia Delegación Territorial de la Consejería de Inclusión Social en Almería, en cuanto al número de solicitudes pendientes de resolución hasta septiembre de 2023, se reporta un total acumulado de 5.252 solicitudes distribuidas en diversos procedimientos. El mayor volumen corresponde al reconocimiento de grado inicial, con 2.830 solicitudes, siendo 655 correspondientes al año 2023, 1.934 al año 2022 y 241 al 2021. Le siguen las revisiones de oficio, que totalizan 922 solicitudes, con un significativo incremento en 2023, año en el que se registraron 762 peticiones, frente a 113 en 2022 y solo 47 en 2021.

En cuanto a las revisiones a instancia de parte, se contabilizan 882 solicitudes pendientes, con una tendencia decreciente en el año más reciente (179 en 2023 frente a 569 en 2022). Las reclamaciones suman 140 solicitudes, mientras que las solicitudes relacionadas con tarjetas de aparcamiento alcanzan las 478, siendo 138 de ellas correspondientes al año 2023. Esta última categoría representa la cifra más baja dentro del total general, aunque sigue siendo una proporción relevante del total acumulado.

En relación con los tiempos medios transcurridos desde la presentación de las solicitudes por parte de los ciudadanos hasta la notificación de la resolución, se observa un incremento significativo en la duración de ciertos procedimientos durante 2023. Por ejemplo, tanto el reconocimiento del grado inicial como la revisión a instancia de parte han alcanzado los 20 meses de media, hasta la entrada del BAREDI, mientras que en 2021 estos procesos tardaban 11 meses y 15 días. Las reclamaciones también presentan un aumento considerable, pasando de 4 meses en 2021 a 11 meses en 2023.

Por su parte, los procedimientos relacionados con tarjetas de aparcamiento muestran variaciones importantes. Para las solicitudes por primera vez, el tiempo medio se mantuvo en 2 meses en 2021 y 2022, pero en 2023 se disparó a 15 meses. En cuanto a las renovaciones de tarjetas, los plazos aumentaron de 2 meses en años anteriores a 7 meses en 2023. Cabe destacar que las revisiones de oficio continúan resolviéndose en la fecha de revisión, sin variación en los años analizados.

Estas cifras suponen una acumulación que compromete gravemente el acceso de las personas con discapacidad a derechos fundamentales como ayudas económicas, adaptaciones laborales, plazas educativas o prestaciones asistenciales.

A pesar de algunos refuerzos puntuales, como la contratación de dos profesionales de valoración y un médico interino, el volumen de trabajo ha superado con creces la capacidad operativa del centro de Almería. La oficina del Defensor ha comprobado que el personal técnico actual resulta claramente insuficiente, tanto por número como por la distribución de funciones.

Una situación que se arrastra desde 2020

La evolución anual del problema muestra que lejos de solucionarse, los expedientes pendientes han ido creciendo progresivamente. Ya en 2021 y 2022, el Defensor advertía de los “plazos inadmisibles” que se estaban manejando en las valoraciones, superando con mucho el límite de seis meses establecido por la legislación. La Delegación reconoció que los tiempos de tramitación se situaban, en algunos casos, entre los 12 y los 18 meses.

El repunte más reciente se explica por el incremento de solicitudes, pero también por la falta de una planificación estratégica de recursos. El informe del Defensor señala que no se han aplicado mecanismos objetivos para priorizar casos urgentes o simplificar procesos, lo que agrava el colapso.

A ello se suma una gestión administrativa que obliga a las personas interesadas a acudir en múltiples ocasiones a las oficinas para aportar documentación o solicitar información, generando mayores cargas burocráticas y frustración entre los usuarios.

Impacto en la ciudadanía

El Defensor del Pueblo pone el foco en las consecuencias reales de estos retrasos: “la demora en la valoración de la discapacidad no es un simple fallo administrativo; representa un obstáculo directo al acceso de derechos reconocidos legalmente”. Las personas afectadas ven comprometido su acceso a recursos tan básicos como una plaza de centro de día, una adaptación curricular en la escuela o una bonificación fiscal.

Además, la falta de resolución de estos expedientes impide que muchas personas con discapacidad puedan acceder a procesos selectivos de empleo público reservados, plazas en residencias o subvenciones específicas.

Recomendación firme a la Junta

La resolución del Defensor del Pueblo Andaluz es clara: la Delegación de Almería debe articular de manera urgente un plan de choque que incluya más personal técnico y médico, inversión en medios digitales y la aplicación de criterios racionales de planificación y priorización.

El organismo propone además la creación de una herramienta pública de seguimiento de plazos para que los ciudadanos puedan conocer el estado de sus expedientes sin necesidad de desplazarse. Se insiste también en la importancia de revisar los procedimientos internos que actualmente generan cuellos de botella innecesarios.

El Defensor recuerda que “la administración no puede escudarse en limitaciones presupuestarias cuando se trata de garantizar derechos fundamentales de una parte tan vulnerable de la población como es la que representa la discapacidad”.

Comparativa andaluza

Aunque Almería no es la única provincia con problemas, sus cifras destacan en el contexto autonómico. Málaga presenta también una acumulación crítica, mientras que provincias como Cádiz o Huelva han mostrado una mejora progresiva tras aplicar medidas de reorganización interna y contratación de refuerzos especializados.

La diferencia en la evolución de los datos refleja, según el Defensor, la falta de homogeneidad en la gestión autonómica, algo que resulta “incomprensible e injustificable” en un sistema que debería garantizar igualdad de derechos para todos los ciudadanos andaluces, independientemente de su lugar de residencia.

Mientras tanto, miles de personas esperan. Esperan que su expediente se mueva, que alguien les llame, que llegue una resolución que les abra la puerta a un recurso, una ayuda o simplemente a un reconocimiento que llevan años solicitando. Para muchas de ellas, la espera no es una opción. Es una barrera más.