Declara como investigado en el caso Mascarillas el vicepresidente de la Diputación de Almería

El vicepresidente de la Diputación de Almería, Fernando Giménez (PP), ha declarado en calidad de investigado en el caso Mascarillas de Almería, por el que fue detenido el exvicepresidente tercero de la Diputación Óscar Liria (PP), por supuestas 'mordidas' en la compra de material sanitario en pleno confinamiento por la covid-19.

Aunque inicialmente debía declarar el pasado 26 de marzo, finalmente fue este lunes cuando Giménez prestó declaración en sede judicial, en una jornada en la que también ofreció su testimonio como testigo el secretario de la institución provincial y otro de los investigados en la causa, un supuesto socio de Liria.

Según han apuntado a EFE fuentes judiciales, Giménez, que únicamente respondió a las preguntas del juez, del fiscal y de su letrado, negó cualquier tipo de relación con Kilian López Solé, el empresario que presuntamente se beneficiócon una mordida de 945.297,61 euros, con una contraprestación para Óscar Liria de entre 200.000 y 400.000 euros.

Ha señalado que sólo habló por teléfono con López Solé cuando ya se iba a efectuar la contratación, añadiendo que sí preguntó en una junta de gobierno de la Diputación si alguien tenía el contacto de alguien que pudiese suministrar mascarillas a la institución, y que fue Liria el que ofreció el nombre de López Solé.

En esta línea, argumentó que su actuación se limitó a la contratación en sí, sin conocimiento de posibles comisiones.

Fue interpelado por una conversación con Liria en la que se hablaba del regalo de una televisión, respondiendo que se trató de una “broma” entre amigos, pero que él “nunca recibió regalos de nadie”.

También se le preguntó por otra conversación con Liria en la que se manifestaba que el secretario de la Diputación era el “principal escollo” para contratar, a lo que contestó que lo manifestaron porque “era muy riguroso con el tema de la contratación”, toda vez que ha insistido en que se pidieron otros presupuestos y que el contrato no fue verbal.

Por último, manifestó lo “mal” que lo estaban pasando él y su familia por este asunto, para subrayar que incluso tuvo que acudir al Congreso de los Diputados a declarar en una “comisión en la que los políticos actúan como jueces”.

La Diputación “dificulta” la investigación, según el auto

Por otro lado, las fuentes consultadas han señalado que el juez instructor ha incoado una pieza separada tras el recurso de reforma presentado por el letrado de la Diputación de Almería para solicitar la nulidad de una de las prórrogas de la instrucción, lo que ha dado pie a un auto que contiene un severo reproche a dicho abogado y a la actuación de la institución provincial.

“Resulta llamativa la discordancia entre la posición procesal de la Diputación Provincial de Almería -recordemos, acusación particular- y el contenido, argumentación y finalidad de sus escritos, tendentes a dificultar el avance de la investigación”, dice el auto al que ha tenido acceso EFE.

Cada seis meses, la instrucción debe prorrogarse, pero en algunas ocasiones se ha hecho con un día de retraso, lo que ha servido para que las defensas de los investigados soliciten la nulidad del auto o providencia por el que se acuerda. En este caso, la Diputación hizo lo mismo con una providencia dictada el a 20 de noviembre de 2024.

“La merma de la posibilidad de que por la acusación particular se hubieran formulado alegaciones antes del dictado del auto de prórroga, si bien podría constituir una irregularidad procesal, no hay duda de que no genera indefensión, pues la decisión de acordar tal prórroga no dependía de las alegaciones de las partes”, dice el juez.