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Cuatro años de cárcel y 6 millones de euros por transportar hachís escondido en garrafas de gasolina

Sucesos

Llevaban casi una tonelada de droga en una embarcación que quería llegar a Almerimar

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Transporte de hachís en garrafas en un caso similar en el Estrecho de Gibraltar. / Diario de Almería
Efe

25 de septiembre 2024 - 20:10

El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado penas de más de cuatro años de prisión para tres condenados por la Audiencia de Almería que trasladaron en barco casi una tonelada de hachís dentro de garrafas de gasolina.

La sentencia señala que sobre las 23:00 horas del 9 de marzo de 2021 un helicóptero del servicio de Vigilancia Aduanera detectó una embarcación que navegaba sin luces, conducida por dos de los acusados con un cargamento de hachís.

Se inició un seguimiento de la nave que permitió que la patrullera 'Alca' de Vigilancia Aduanera la localizase cuando estaba a unas 28 millas náuticas (51,8 kilómetros) de la isla de Alborán.

Ya sobre las 02:45 horas, cuando dicho barco se aproximaba a la costa de Almería, la patrullera le dio el alto con señales acústicas y luminosas, aunque sus ocupantes huyeron y no pararon el motor hasta haber arrojado todo el hachís al agua.

No obstante, los agentes de Vigilancia Aduanera recuperaron 47 petacas de gasolina rellenas de hachís, con un peso aproximado de 930,73 kilos y un valor estimado de 1.843.778 euros. En el barco interceptado también fueron intervenidas 14 garrafas con gasolina.

Posteriormente, se comprobó que esta embarcación, que tenía bandera española, era propiedad de un tercer acusado, que había ido a recoger la droga desde el puerto de Almerimar, en El Ejido (Almería), dónde tenía su amarre habitual.

El acusado que reconoció su participación ha sido condenado a cuatro años y cuatro meses de prisión, con una multa de 4 millones de euros y otra de 2 millones de euros, por un delito contra la salud pública.

Por su parte, el patrón y el dueño de la embarcación han sido penados a cuatro años y seis meses de cárcel, con multas de 4 y de 2 millones de euros por delitos contra la salud pública.

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