La cruda realidad de la Dependencia: "Trabajamos hasta la extenuación y en condiciones precarias"

La Ley de Dependencia de Andalucía se ha hecho mayor de edad. Esta normativa, pionera en su génesis y concebida para paliar los efectos que una patología sobrevenida o el mero paso del tiempo pueden tener sobre una persona y sus familiares y allegados, se encuentra hoy, a sus 18 años, muy lejos de ser lo que en su día se anheló. Listas de espera que se eternizan, dependientes que fallecen esperando a que su expediente se resuelva, una burocracia que a duras penas se agiliza y una presión asistencial desmedida que recae sobre los hombros de las y los trabajadores sociales componen una realidad que está cerca de tornarse en insostenible, si es que no lo ha hecho ya.

Ante tal paradigma, no es de extrañar que surjan movimientos dispuestos a alzar la voz para reclamar mejoras estructurales en la ley y sus procedimientos. Así, desde el Consejo General del Trabajo Social se han coordinado una serie de acciones a implementar por parte de los colegios profesionales de Andalucía. Acciones que han tenido réplica en Almería a través de su Colegio de Trabajo Social. Conchi Zurita, su presidenta, ha atendido a Diario de Almería para arrojar algo de luz y dar visibilidad a la que, dice, es "la crisis del sistema de Dependencia en Andalucía".

No en vano, Andalucía es la comunidad autómoma que más tarda en resolver sus expedientes, con una media de 609 días, cuando la ley establece un máximo de 180. "Durante todo este tiempo son muchas las personas que se quedan en el camino esperando recibir algún tipo de prestación", explica Zurita.

Según el XXIV Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales cada día fallecen 12 personas esperando a ser valoradas. Según ese mismo informe, en 2023 fenecieron 8.771 personas en esta situación. Este año, a 30 de septiembre han hecho lo propio 3.774 personas, tal y como reflejan los datos del IMSERSO recopilados por la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM).

Un decreto para agilizar procedimientos

Desde la administración autonómica se ha tratado de contrarrestar estos guarismos con la entrada en vigor, el pasado mes de marzo, del decreto-ley 3/2024 encaminado en un principio a hacer más ágil el procedimiento de gestión de la Dependencia. Este nuevo marco legal, subraya Zurita, "no solo no ha logrado su objetivo, sino que después de estos diez meses que han pasado podemos decir que lo que ha hecho ha sido paralizar miles de expedientes anteriores a su aprobación, priorizando solicitudes que han tenido entrada después de la misma".

Esto ha provocado un "colapso" en los centros de Servicios Sociales Comunitarios a los que acude la ciudadanía como puerta de entrada al sistema de Dependencia. "Las y los trabajadores se están viendo desbordados al tener que paliar las consecuencias de este sistema que no está funcionando", abunda la representante colegial.

Esta 'foto' del engranaje actual de la Dependencia en Andalucía está acabando, argumenta la responsable del colegio almeriense, con el modelo de intervención social centrado en la persona, habida cuenta de que repercute en la calidad asistencial que recibe la ciudadanía y en la labor de los profesionales de referencia, que son las trabajadoras sociales. El procedimiento actual parte con el llamado informe técnico de visita, mientras que anteriormente, cuando la profesional encargada de valorar a la persona recibía el expediente, llevaba a cabo una intervención social. Es esta última acción la que quieren recuperar desde los representantes de la profesión, tal y como apunta la propia Zurita. "Cada caso es único y es necesario elaborar un diagnóstico y una prescripción técnica y hacer partícipe a la propia persona del procedimiento para elegir la prestación", explica. "Con el nuevo modelo todo esto se diluye", apostilla.

De ahí, la imperiosa necesidad de dar visibilidad a esta realidad, cristalizada en actos como la concentración llevada a cabo el pasado mes de octubre en Puerta de Purchena bajo el eslógan 'Dependencia digna ya' o el minuto de silencio celebrado este mismo lunes en memoria de todas las personas fallecidas que no han visto resuelto su expediente. "Nosotros, como trabajadores sociales, no decidimos cuántos recursos hay, ni sobre la contratación de más personal, ni la externalización de los servicios esenciales, tampoco establecemos los plazos ni controlamos los prespuestos", argumenta Zurita. "Nosotros lo único que hacemos es trabajar hasta la extenuación, a veces en condiciones precarias", concreta, al tiempo que subraya que "tanto los compañeros de la agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía como los de los centros de los Servicios Sociales Comunitarios se encuentran desbordados y bajo una gran presión asistencial".

Para atajar esta crisis, arguye la trabajadora social, es fundamental la financiación. El sistema de la Dependencia ha tenido que convivir históricamente con periodos de recesión económica ante los que no ha quedado indemne. Esta dinámica se está revirtiendo en los últimos años con planes de choque estatales destinados a reducir las desigualdades entre territorios y agilizar los procesos. Otra de las patas de esta mesa, abunda Zurita, es la "infradotación de personal" y la excesiva burocracia que ha buscado simplificarse con el real decreto antes referido. Antes se hacían dos intervenciones: una para valorar el grado de Dependencia y otra para cotejar qué tipo de prestación era la más adecuada para la persona usuaria. Ahora, ambos trámites se llevan a cabo en un solo acto. El problema, explica Zurita, "es que contamos con el mismo personal técnico que ahora tiene que hacer dos trámites en una misma visita".

La Junta responde con datos

Fuentes de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad consultadas por este periódico han puesto en valor la gestión del Gobierno andaluz en el ámbito de la Dependencia, subrayando que el plazo medio de resolución de expedientes y las listas de espera se han reducido considerablemente, contrarrestando los 1.275 días que se llegaron a registrar en 2015 y las más de 200.000 personas que esperaban que su solicitud fuera atendida en 2016.

Aluden desde el Ejecutivo autonómico que el sistema cosecha ahora "cifras de récord", con más de 291.000 personas atendidas y cerca de 433.000 prestaciones concedidas. Asimismo, inciden esas mimas fuentes en que se está acometiendo un cambio estructural en la Dependencia porque, apostillan, "los parches nunca han funcionado".

En lo que respecta a las cifras a nivel provincial, el número de personas atendidas en Almería se ha incrementado un 25% respecto al cierre de 2018 (4.743 personas beneficiarias más en la actualidad). Por su parte, las prestaciones se han incrementado un 39% desde 2018 (9.496 prestaciones más).

Y es que, desde del año 2019, la Junta de Andalucía ha puesto sobre la mesa 4 mil millones de euros más que el Gobierno para sostener la dependencia, pese que la ley marca que ha de ser financiada al 50%.

Esta infrafinanciacion por parte del Ejecutivo central se ha agravado aún más por la prórroga de los presupuestos de 2024, que ha supuesto que a Andalucía no hayan llegado 200 millones de euros, cifra que puede duplicarse si finalmente tampoco hubiera presupuestos en 2025. Para paliar esto, la Junta ha hecho un esfuerzo presupuestario que ha supuesto incrementar de forma significativa la cuantía destinada a la Dependencia. Así, en las cuentas autonómicas de 2025 se destinan 2.331 millones de euros a este ámbito, un 19% más que en 2024.