Envenena a sus hijas de 2 y 4 años y se quita la vida tras asesinarlas

Gérgal, Alboloduy y Abla. Tres municipios en los que Alina pasó parte de su vida. Tres municipios que han formado un triste triángulo de la desgracia en cuyos límites se ha desarrollado un crimen atroz que ha concluido con tres muertos por envenenamiento: Dos niñas de 2 y 4 años y su padre, de 35, quien presuntamente las habría asesinado de esta forma para quitarse la vida acto seguido.

Alina es una joven rumana de 23 años. Residió en Gérgal junto al presunto filicida, en un cortijo próximo a la estación de trenes. Como el fallecido, es de origen rumano y llegó a este pueblo para buscar una vida mejor. Y se vio obligada a dejarlo cuando se separó de él a causa de las “brutales palizas” que le propinaba quien más debía protegerla. “Nosotros sabemos que era violento, que era un maltratador, que se separaron, que tenían una orden de alejamiento, de que ella se fue a Abla porque encontró trabajo con sus dos hijas, y él se quedó en Las Alcubillas”. Un resumen duro, pero certero, que realiza la propia alcaldesa de Gérgal, Antonia Contreras.

No obstante, es sólo parte de la realidad, ya que la Consejería de Igualdad ha confirmado que, en marzo de 2022, la mujer y sus dos hijas ingresaron en el centro de emergencias para víctimas de violencia de género del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en Almería.

En junio de dicho año fueron trasladadas a una casa de acogida de Granada donde recibieron atención psicológica, jurídica y social dentro de un plan personalizado de atención. En marzo de 2023, la mujer solicitó de forma voluntaria su salida de los recursos de acogida del Instituto Andaluz de la Mujer. “Esta decisión no era compartida por el personal técnico de la casa, ya que la mujer y sus dos hijas llegaron en una situación de extrema vulnerabilidad. Al parecer, la mujer quería regresar a Rumanía y para ello necesitaba que el padre consintiese que las niñas salieran de España”, han dicho las fuentes.

Pero sí, Alina acabó finalmente en Abla, dónde trabajaba en un bar y en el que había escolarizado a sus pequeñas. El padre, mientras tanto, residía en Las Alcubillas, en la parte de esta pedanía que pertenece al término municipal de Alboloduy. Trabajaba en una finca agrícola, en la que se encuentra un precario cortijo de piedra, casi una caseta de aperos con ínfulas, en las que este domingo la Guardia Civil localizó los cuerpos sin vida de las niñas. El hombre, al parecer, había ingerido el mismo veneno que ellas pero aún no había fallecido. No tardaría mucho en expirar.

Las pequeñas se encontraban con él porque tenía un régimen de visitas de las menores reconocido judicialmente durante los fines de semana y una orden de alejamiento por malos tratos para evitar el contacto con su pareja y madre de las niñas.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Almería había instruido una denuncia por malos tratos y amenazas hacia su pareja por parte del hombre, y que el juicio estaba previsto para el próximo 10 de abril en el Juzgado de lo Penal 2 de Almería.

Debido a los malos tratos, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer había dictado una orden de alejamiento respecto de su pareja de 500 metros y había ordenado la colocación de una pulsera de seguridad al presunto agresor para evitar el contacto con la mujer.

No obstante, según el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la mujer se negó en varias ocasiones a denunciar a su pareja y solicitó el levantamiento de las referidas medidas cautelares, aunque el juzgado continuó con la causa a petición de la Fiscalía.

A raíz de la denuncia penal, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Almería instó un proceso civil sobre la guarda y custodia de las menores, el régimen de visitas y la cuantía de la pensión que debía abonar a la madre para el sustento de las hijas.

Dicho régimen de visitas fue acordado en sentencia de marzo de 2023 por la autoridad judicial y establecía que el padre podía estar con sus hijas los sábados y domingos de cada semana entre las 12:00 horas y las 18:00 horas.

María Dolores Mercader, una vecina de Abla, asegura que el pasado martes trasladó en su coche a Alina al Juzgado de Paz de Abla. ¿El motivo? Que su expareja no abonaba la pensión a sus hijas. “Le he dejado dinero y le he dado de comer. La pobre no podía más”, asegura esta allegada a Alina.

Fuentes judiciales han señalado que tras la primera denuncia penal, la víctima no pidió la suspensión del régimen de visitas, aunque inicialmente la magistrada que tramitaba estas diligencias sí decidió suspenderlo.

Sin embargo, mientras seguía la instrucción de la causa penal, fue cuando tuvo lugar la vista civil, en la que tanto el padre como la madre de las niñas pidieron que se mantuviese el referido régimen de visitas.

Por tanto, se le concedió dicho régimen pero siempre a través del punto de encuentro de familiar, un servicio gratuito que sirve de espacio neutral para garantizar el derecho de las personas menores a relacionarse con sus progenitores y familiares.

No obstante, la abogada de la madre solicitó por escrito que se suspendieran las medidas impuestas para proteger a la víctima, mientras que ésta nunca acudió al punto de encuentro, por lo que acabó por dejarse sin efecto.

Dichas fuentes coinciden en que, de haber sido condenado por lo penal, en ningún caso podría haber visitado a sus hijas, aunque que insisten en que, por lo general, incluso en casos más leves como un impagos de pensiones, lo normal es que el progenitor no pueda disfrutar de este tipo de derechos con sus hijos.