La crisis en el obispado y algunos precedentes históricos

Cuando la semana pasada Bernardito Cleopas Auza, nuncio apostólico de Su Santidad el Papa en España y el Principado de Andorra, a la vez que decano del Cuerpo Diplomático, llamaba a los dos obispos almerienses a la sede de la Nunciatura, en la madrileña avenida de Pío XII, se ponía fin a un periodo de transición dentro del obispado de Almería que ha llevado a Antonio Gómez Cantero, antiguo obispo de Teruel y Albarracín, a asumir todas las prerrogativas inherentes a la silla de San Indalecio.

El pasado 8 de enero, y al nombrar el Papa un obispo coadjutor, se creyó que el lapso de tiempo hasta que éste asumiera la titularidad de la diócesis sería mucho más amplio, pero atendiendo a extraordinarias y excepcionales circunstancias la Santa Sede se ha visto obligada a apartar al hasta ahora obispo González Montes de todas sus funciones como jefe de la diócesis almeriense, a quien tras negarse a presentar su renuncia ante la Santa Sede, le quedan únicamente funciones sacramentales tales como bautismos, confirmaciones, bodas, misas y predicaciones.

Esas excepcionales circunstancias a las que antes nos referíamos no son otras que el estado de bancarrota que soporta el obispado desde hace no pocos años, pero que la pandemia y la disminución de donativos que ha supuesto, ha provocado que esa situación de quiebra económica se acentuase. No en vano, cuando el Papa nombra al nuevo obispo coadjutor, le otorga, en exclusiva, todas las facultades económicas, muestra de que la raíz y el motivo de esta prematura intervención era fiscalizar las arcas del obispado y apartar al obispo titular de su gestión. Una situación a la que se ha llegado debido a desastrosas inversiones, venta de inmuebles por debajo de su valor de mercado y obras faraónicas como la acometida en el ala privada del palacio episcopal, sin olvidar el desembolso extraordinario que supuso el Seminario.

De todo lo anterior, y de mucho más, se está haciendo eco tanto la prensa de ámbito provincial, como nacional, aludiendo especialmente a las deudas millonarias contraídas con el Banco Santander y con otras entidades (se apunta la cifra de 20 millones de euros aunque se teme que pueda ser mucho mayor) y a la auditoría externa encargada por Gómez Cantero que ha provocado la caída en desgracia del antiguo obispo, a quien no sin razón se responsabiliza de todo ello. Un obispo, a González Montes me refiero, que desde que llegó a Almería proveniente de Ávila, y pese a una nefasta gestión en todos los ámbitos, nunca, o prácticamente nunca, se ha visto expuesto al escrutinio público, pese a gobernar la diócesis a su antojo y sin atender a la más mínima opinión en contra, siempre rodeado de una malsana camarilla formada por un reducido grupo de curas de la vieja escuela y, también de algunos jóvenes ultramontanos, que apegados a las faldas del prelado y encargados de acompañarle a la mesa en sus visitas pastorales a los diferentes pueblos de la provincia, se encargaban de abrir la puerta de su Wolkswagen de gran cilindrada; seguramente serán estos los primeros en abandonar el barco podrido y a la deriva, para intentar subir al nuevo.

En este mismo Diario de Almería del 13 de marzo de 2019 y bajo el título “Parroquiales de Almería, patrimonio maltratado” aunque refiriéndome a la lamentable situación del Archivo Diocesano y a la oposición del mitrado de hacer accesible la información que allí se custodia al mayor número de investigadores (hoy en día ese archivo está cerrado a cal y canto), apunté algunas de las claves para entender las circunstancias que hoy vivimos; pues puede resultar muy difícil de comprender lo que está pasando en el seno del obispado de Almería sin atender a la trayectoria de Adolfo González Montes iniciada en su destino anterior: Ávila. Fue cabeza de esa diócesis castellana desde 1997 hasta 2002, año en el que llega a Almería casi “exiliado” tras una de las sentencias más demoledoras dictadas por un tribunal de justicia contra la Iglesia. Me refiero a la sentencia del Tribunal Supremo de 10 de febrero de 2009 (STS 528/2009) que finalizaba con un larguísimo pleito iniciado, ni más ni menos, que por la Real Academia de la Historia y que tuvo por objeto el altar mayor de la catedral de Ávila, donde se realizaron obras constitutivas de las mayores atrocidades durante el pontificado de González Montes. Muchos abulenses que a través de los medios de ámbito estatal sigan las noticias que aquí tratamos pensarán: ¡Advertidos estabais!

Otro hecho quizás aún más sorpresivo al leer algunos artículos de opinión e informaciones publicadas recientemente en diferentes medios provinciales, es el asombro que produce en algunos y la alusión a que en el pasado este tipo de actuaciones se llevaban a cabo con más sigilo e intramuros de las instituciones eclesiásticas. Nada más lejos de la realidad. Sólo hay que conocer nuestra historia para comprender el alcance que la desastrosa gestión financiera de los caudales de la Iglesia, durante ciertos periodos, provocó la intervención del obispado constriñendo el poder de los obispos; y es sin duda la visita de Benito Ramón de Hermida al obispado de Almería durante el último cuarto del siglo XVIII su máximo exponente, pues esa comisión suponía, tras graves denuncias de desórdenes económicos, y como apunta el historiador almeriense y académico de la Real Academia de la Historia Antonio Gil Albarracín: “un juicio en toda regla que se inició con una intervención directa y completa de la Corona en la administración de los caudales sacros (…) sin precedentes ni paralelos en otros obispados españoles”.

Y si retrocedemos un siglo más, esto es al XVII, encontraremos otro caso aún más flagrante, porque es el mismo obispo, quien en su testamento, reconoce y admite tener en su poder ciertas cantidades de dinero pertenecientes al obispado. En el testamento otorgado el 29 de julio de 1623 estando fray Juan en la villa de Bacares, corazón de Los Filabres y residencia intermitente donde los obispos almerienses del XVII e inicios del XVIII pasaban largas temporadas del año, se apuntan entre otras muchas cosas, las cantidades que el obispo debía a “las Fábricas Generales, Cuarta Beneficial y Hospitales”, aunque quizás la información más decisiva para corroborar la apropiación de bienes se percibe cuando declara que había comprado diferentes censos con dinero de las arcas episcopales pero, las escrituras se otorgaban a su favor, y no del obispado. Está todo dicho.

Quizás, y con los precedentes históricos apuntados, no debiera don Adolfo sentirse en inferioridad a algunos de sus predecesores. El lema episcopal del nuevo obispo, don Antonio, es el de “Sub signo Emmaus” (bajo el signo de Emaús). Emaús, que significa esperanza renovada, adalid de los traperos, los pobres y los sin techo; pero al mismo tiempo rememora a los discípulos que se encontraron con el Resucitado y no lo reconocieron. En definitiva, una Iglesia renovada para un nuevo tiempo, abierta a todas las nacionalidades y reafirmada en el hecho de compartir e integrar diferencias. Una oportunidad para que también resucite el obispado almeriense. ¡Bienvenido a Almería don Antonio!