El Cortijo El Uno: crónica de la muerte anunciada de un asentamiento chabolista en Níjar

Era la crónica de una muerte anunciada, pero no por ello menos dolorosa para los migrantes que -en algunos casos- residían desde hace una década en el Cortijo El Uno de San Isidro. Una finca ocupada por un poblado chabolista que este martes ha dejado de existir gracias a la orden dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Almería, a instancias de la demanda presentada por el propietario de estos terrenos.

El desalojo fue notificado antes del verano pasado, pero no fue hasta la semana pasada que se comunicó de forma definitiva a los ocupantes de las chabolas que debían de "abandonar voluntariamente" la finca y entregar las llaves de acceso al demandante, ya que en caso contrario se procederá al lanzamiento "sin prórroga ni consideración", "teniendo por abandonados los bienes que sean encontrados en la finca".

Este asentamiento era pequeño comparado con otros de la comarca. Se dividía en un almacén en el que viven nueve hombres, seis mujeres y seis niños; unas casetas interiores con un número oscilante de varones, junto a una mujer y dos menores; otras exteriores con diez hombres, una mujer y un menor, y una zona de chabolas con otras 13 personas.

Principalmente marroquíes, aunque con algún subsahariano entre ellos, la mayoría ya lo habían abandonado antes de que se compliese el plazo dado por el juzgado. A primera hora, apenas una veintena de ellos permanecía en este poblado, ya que el resto había buscado ya otras alternativas con amigos y familiares, incluso fuera de los límites de la provincia almeriense.

La plataforma Derecho a Techo ha colocado unas precarias barricadas con bloques de hormigón en los acceso al asentamiento, las mismas que una grúa municipal ha derribado mientras la Guardia Civil y la Policía Local aguardaban a la llegada de la comitiva judicial. Comitiva que a las 09:40 horas en punto, tal y como estaba establecido, ha accedido junto a las palas mecánicas al recinto del Cortijo El Uno. Una hora más tarde, abandonaba el lugar mientras las palas proseguían con el derribo de las chabolas. Los servicios sociales no han hecho acto de presencia.

El director de la delegación en Almería del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), Daniel Izuzquiza, ha afirmado a los medios que "es un día muy triste, con sensación de decepción y de impotencia: la gente está nerviosa, desgarrada, con mucha incertidumbre, sin saber dónde va, la gente buscándose la vida por un sitio u otro". "Todas son soluciones hiper precarias y provisionales, es el caso de un familiar que le deja un colchón, o un sillón, o un garaje, o gente que está pensando en rehacer la chabola en otro lado", añade.

El portavoz del SJM subraya que este mismo lunes "hubo una resolución del Defensor del Pueblo Andaluz, con carácter de urgencia, invitando, no sé si exigiendo o pidiendo al Ayuntamiento que haga responsabilidad de las funciones que tiene atribuidas, que en este caso son elaborar los informes de vulnerabilidad social y trasladarlos al juzgado". Una resolución que, además, también instaba a actuar ante una situación de "emergencia y de desamparo", en la que se han visto inmersos menores. "Sin embargo el Ayuntamiento, amparándose en que hay una orden judicial y que es una propiedad privada, está haciendo dejación de sus funciones", ha lamentado.

"Los únicos que tenían un poco de hueco es Almería Acoge, que tiene un recurso con unas ocho plazas a las que posiblemente vayan a ir. Y nosotros estamos barajando, metiendo un poquito con calzador en uno de nuestros recursos a ver si podemos meter a una o dos personas, de las que están en situación más frágil", una decena de migrantes.

Por su parte, José García, de la Plataforma Derecho a Techo y el SOT-SAT, ha aseverado que 25 años después de los incidentes xenófobos de El Ejido (Almería), "después de aquellos ataques fascistas y racistas que fueron producto de la situación que vivían miles de trabajadores", la "patronal que representa Coexphal, y otras, que se comprometieron a desarrollar planes de vivienda junto a las administraciones, ofrecen como única alternativa ponerlos en la calle".

"Nos encontramos con trabajadores que han estado viviendo ahí en esas empresas, que trabajan en empresas BIO de la zona, que supuestamente tienen una responsabilidad social y tienen unas certificaciones, que tienen unos compromisos con los consumidores en Europa de que esta hortaliza se produce respetando los convenios laborales, que los trabajadores viven en condiciones decentes, pero cuando rascamos un poco lo que nos encontramos es más de lo mismo. Explotación, infravivienda y humillación de miles de trabajadores", ha incidido.

En el propio asentamiento se encontraban pintadas junto a mensajes contra Coexphal, la explotación y la vivienda precaria, junto a patinetes y bicicletas cargados con maletas y el deseo de encontrar un alojamiento digno en una tierra en la que, afirman los migrantes, nadie quiere alquilar una vivienda a un marroquí.