El convenio del Hogar Provincial pasa el primer 'round' municipal

El polémico convenio urbanístico del Hogar Provincial entre la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Almería se somete esta mañana al primer round municipal, después de que el acuerdo fuera aprobado por el PP en el Pleno de la institución provincial. Ahora le toca el turno al Consistorio de la capital, cuyo equipo de gobierno presenta hoy a la oposición el contenido de esta operación urbanística.

La comisión informativa de Urbanismo, que abordará el convenio a incluir en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, promete ser tensa, ya que es obvio que los Grupos Municipales de la oposición confirmen los votos en contra que el acuerdo recibió por parte de los diputados del Partido Socialista e Izquierda Unida.

Con esta operación, el Ayuntamiento cede a la Diputación una parcela situada junto al Hogar Provincial de la carretera de Ronda, que será derribado para construir una nueva residencia asistida y el edificio provincial bautizado como 102. La parte polémica de esta operación la centra la construcción prevista en el solar resultante del derribo, mediante su recalificación por parte del Ayuntamiento, de 200 viviendas distribuidas en tres torres de doce plantas (una de ellss destinada a VPO), y locales comerciales o servicios por un privado, que será el encargado de soportar el coste de las instalaciones públicas.

Si el PP en Diputación esgrimía como bonanzas de este acuerdo el ahorro de los 13 millones de euros de pérdidas que registra la actual residencia y la posibilidad de amortizar la inversión de las nuevas dependencias, al concejal de Urbanismo, Pablo Venzal, le tocará defender los beneficios que obtiene el Ayuntamiento por el acuerdo de permutas y recalificación. Es al menos la pregunta que le lanzará hoy el concejal del PSOE Joaquín Jiménez, quien entiende que la obtención "de 1.500 metros cuadrados de suelos de viales y zonas verdes no es suficiente compensación por recalificar 18.000 metros cuadrados (la superficie de toda la pastilla), y por ceder una parcela", y pone en duda la viabilidad de esta operación. "Está vinculada a un tercero, que es el beneficiado, del que además depende, con los tiempos que corren, que se hagan las instalaciones públicas". Recuerda Jiménez al respecto al alcalde el resultado cosechado por el equipo de gobierno con convenios similares como el de la Compañía de María, que ha sido recurrido por la actual propietaria del suelo que reclama indemnizaciones, así como al presidente de la Diputación "otras experiencias negativas en Roquetas como la urbanización de Las Salinas".

Jiménez también adelantó ayer la pregunta del millón que lanzará su Grupo en la comisión informativa de Urbanismo. "¿Quién es el privado que respalda esta operación urbanística?"