Así controlan las mafias a la Guardia Civil en el Poniente: cámaras, informadores y drones

Agentes de la investigación sobre el terreno de las actividades de las redes criminales de narcotráfico e inmigración irregular alertan del “problema social” que se cierne en los municipios de la comarca del Poniente almeriense porque en los últimos años se han convertido en el punto más caliente de la llegada y desembarco de narcolanchas de la península y especialmente por el crecimiento y consolidación del petaqueo imprescindible para las operativas de las mafias africanas. David contra Goliat se enfrentan cada día en el mar de Alborán en una batalla desigual porque estas organizaciones delictivas cuentan con recursos ilimitados frente a un Servicio Marítimo de la Guardia Civil sin apenas medios aéreos, con una flota arcaica y personal bajo mínimos con el que sólo se puede articular una tripulación en lugar de simultanear el grueso de las patrulleras operativas.

Las mafias del narcotráfico se hacen en Marruecos con potentes planeadoras de cuatro motores de 300 CV cada uno -en España son género prohibido- y contratan a patrones expertos y temerarios que ponen en peligro su vida y la de cualquiera que se cruce en su camino. Tienen la tecnología más avanzada en alta mar y empiezan a invertir ya grandes cantidades en medios con los que garantizar su negocio ilícito en tierra. Según ha podido conocer este periódico, las ‘empresas’ del petaqueo que se empiezan a multiplicar en Adra y El Ejido están desplegando drones para controlar en todo momento la actividad de la Guardia Civil en sus dependencias, así como el uso de informadores que avisan de los movimientos por la comarca más occidental de la provincia y de la instalación en las torretas de alta tensión del suministro eléctrico de cámaras con tarjetas SIM con las que observar en directo cualquier operativa policial. De hecho, ante la presencia de estos drones se ha tenido que desplazar al Poniente el equipo Pegaso de la Benemérita, que tiene base en el aeropuerto de Almería, para interceptar estas aeronaves que ofrecen imágenes en tiempo real.

La incorporación de familias y clanes asentados en estos pueblos a las redes del narcotráfico a través del petaqueo también comienza a generar ciertos problemas para la convivencia y seguridad. Agentes de la Guardia Civil de los puestos de la zona han sufrido represalias y amenazas cuando estaban fuera de servicio por parte de personas que colaboran con las mafias y que se dedican abiertamente, casi sin esconderse, a organizar su propia flota de vehículos y barcos con los que suministrar a las narcolanchas combustible y avituallamiento a sus ocupantes. Instituto Armado y Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria tienen en el punto de mira naves y fincas que disponen de amplias instalaciones en las que acopian las garrafas de combustible y hasta embarcadero en los espigones para desplegar los portes con total libertad.

En uno de los cortijos bajo sospecha y se realizó en abril del pasado año la operación ‘Amplio’ que se saldó con diez detenidos por delitos de pertenencia a organización criminal, de sustracción de vehículos a motor, contra los derechos de los extranjeros y contrabando. Entre los arrestados, algunos también han acabado en el banquillo de los acusados por desobediencia grave y atentado contra los agentes de la autoridad porque amenazaron a los guardias civiles en su intento de evitar la inspección con piedras de gran tamaño, cortando el paso mediante vehículos e incluso hubo un intento de atropello con uno de los tractores que empleaban para sacar embarcaciones.

Hasta esa fecha era otro punto negro que ejercía con impunidad el nicho del petaqueo y es más que probable que se mantenga con esa ocupación como viene ocurriendo con la mayoría de las actuaciones en las que el reproche penal de los detenidos es mínimo. Los petaqueros, salvo los que han aceptado cobrar en especie, están esquivando delitos contra la salud pública, pero se enfrentan al de contrabando que está sancionado con pena de prisión de uno a cinco años y multa de hasta seis veces el valor de los bienes incautados si superan los 50.000 euros. En el caso de que sea inferior a esa cantidad sólo se levantará infracción administrativa. Fuentes de la investigación han manifestado a este periódico su malestar con el enjuiciamiento de esta tipología de hechos delictivos que permiten a los acusados estar en la calle a las horas de estar detenidos por el colapso de los juzgados para hacer frente a estas macrocausas por la implicación de redes con carácter internacional.

Operativa policial contra el petaqueo

Esa intervención se enmarca en el seno del a operativa que se viene desplegando por parte de Guardia Civil en la comarca del Poniente, con unidades de la Comandancia y el apoyo del Grupo Antiterrorista Rural (GAR) y el Servicio Aéreo para la prevención y persecución de actividades relacionadas con el transporte y abastecimiento con las gasolineras flotantes en el mar que emplean los petaqueros. La Guardia Civil desarticulaba en verano uno de los grupos más violentos dedicado al tráfico de hachís en la provincia, deteniendo a 31 personas, del clan del Rifeño, entre las que se encontraba el líder del grupo y otros cabecillas.

En la operación se intervinieron 3.055 kilos de hachís, 30 vehículos y tres narco-embarcaciones, además de varias pistolas y subfusil, chalecos antibalas, cadenas de pinchos con las que neutralizar los vehículos policiales y cócteles molotov. Las detenciones en el mar son mucho más complejas porque es inviable abordar narcolanchas que vuelan a 60 nudos salvo que se queden sin gasolina, se averíen o encallen. El litoral del Poniente es hoy el principal foco de la irrupción de estas narcolanchas que alternan el transporte de drogas (hachís) con el de inmigrantes procedentes en su mayoría de Nador y que llegan en avalanchas a plena luz del día desbordando las capacidades de los dispositivos policiales.

Subdelegación garantiza más recursos

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Fernández, aseguraba ayer que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia son conscientes del incremento de determinadas actividades delictivas y que están tomando medidas para frenarlas, además de garantizar que “vamos a seguir trabajando para que tengan más y mejores medios tanto en el servicio marítimo como en las dotaciones terrestres". Sobre el incremento de las plantillas, Martín Fernández precisó que la provincia actualmente se ha situado en un récord histórico con 2.500 agentes (1.700 de Guardia Civil y 800 de Policía Nacional), lo que supone un incremento de 280 efectivos en relación a los que tenía la provincia con el anterior ejecutivo de Mariano Rajoy. En este sentido, el subdelegado reiteró este martes que pese al aumento de plantillas, no se considera que “hayamos alcanzado la cifra óptima” y que, por tanto, van a seguir incrementando las unidades que más necesiten el refuerzo para luchar contra las mafias y redes criminales.

Martín Fernández aprovechó su comparecencia de ayer para trasladar públicamente su “sentido pésame” por la muerte de dos agentes en Barbate y felicitó la rápida actuación posterior para practicar detenciones. El subdelegado aseguró que los medios materiales, incluidos los “vehículos” y los “medios técnicos” que se emplean para la vigilancia y el seguimiento de las investigaciones se han mejorado también en los últimos años. Y también argumenta que el Servicio Marítimo de la Guardia Civil dispone de cuatro embarcaciones “operativas” a las que se unen los medios de Vigilancia Aduanera “para la lucha y la persecución del contrabando” en el mar. Martín Fernández incide en que la provincia se encuentra incluida en el plan especial de seguridad de Gibraltar para combatir el narcotráfico.

“No existía ningún plan específico, ni estructural, ni operativo, ni de infraestructura en la lucha contra el narcotráfico aquí, en el que estuviéramos incluidos la provincia de Almería. Por tanto, es una apuesta importante del Gobierno, a través del Ministerio del Interior, en la lucha contra el narcotráfico en nuestras costas”, valoró. Aseguró, por último, que el Ejecutivo va a seguir apostando por potenciar los medios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante la “magnífica actividad” que desarrollan en Almería a través de una "apuesta clara y prioritaria". “Creo que todos los responsables políticos tenemos la voluntad de acabar con cualquier tipo de actividad delictiva”, ha añadido ante las críticas recibidas desde los partidos de la oposición y asociaciones de la Guardia Civil sobre la falta de medios materiales y humanos.