La Ciudad Deportiva del Almería siembra en el Pleno dudas y el PP invita al PSOE a ir al juzgado

Lo que aparentemente parecía que iba a ser un punto de mero trámite con el que dar entrada en el Ayuntamiento al proyecto de actuación la Ciudad Deportiva del Almería, y poder así arrancar la maquinaria de los trámites burocráticos, se evaporó en la sesión plenaria con un agrio enfrentamiento protagonizado por el equipo de gobierno y el PSOE. En concreto, entre la concejal de Urbanismo, Eloísa Cabrera, y el socialista Raúl Enríquez, quien en su intervención rodeó de sombras la iniciativa presentada hace escasos días por la Unión Deportiva.

El plato principal del Pleno de carácter ordinario celebrado en el Ayuntamiento ha sido esta Ciudad Deportiva, a edificar sobre los terrenos de El Toyo adquiridos en su momento por Turki Al-Sheikh. Un proyecto que ha suscitado gran interés social, pero también comentarios al conocerse que el presidente árabe lleva un año sopesando la venta del club, posibilidad que ha sido aprovechada por el representante socialista para deslizar entre, frase y frase, que los 132.084 metros cuadrados tengan finalmente un uso diferente. “Tengo dudas de que se lleve a cabo la Ciudad Deportiva porque, después de su anuncio, nos enteramos que el presidente quiere vender desde hace un año el club al que siempre le quedará en Almería la empresa promotora”.

Es solo uno de los dardos lanzado entrelíneas por el concejal del PSOE quien, al mismo tiempo que insistía en el beneplácito socialista a disponer de la ciudad de las flamantes instalaciones anunciadas, también hacia hincapié en la empresa promotora. “No es la UDA la empresa que lo promueve, sino una sociedad inmobiliaria denominada Rozam Real Estate, que pertenece al mismo dueño que la UDA y que se dedica a la promoción inmobiliaria”. Dicho esto, el representante socialista ha dado a conocer que dicha empresa inmobiliaria tiene su sede social en la calle Alcalde Santiago Martínez Cabrejas 5, dirección que corresponde al Estadio de los Juegos Mediterráneos.

Al respecto, ha preguntado al equipo de Gobierno si dicha sociedad inmobiliaria tiene autorización para tener su sede en una instalación deportiva municipal concesionada, por lo que ha recomendado a la alcaldesa permanecer “ojo avizor con este asunto” en lugar de “acudir a un palco VIP a vender algo que aún no se ha aprobado en Pleno”, porque, añadía, “¿era el palco VIP de una empresa inmobiliaria y promotora de obras o el palco VIP de una sociedad deportiva”, le ha preguntado el concejal socialista a María Vázquez.

El discurso del representante del PSOE, quien también sacó a relucir el “caso tanatorio”, ha sentado como jarro de agua fría sobre la bancada del equipo de gobierno, obteniendo una contundente respuesta por parte de la concejal de Urbanismo del PP. Eloísa Cabrera le ha afeado a Raúl Enríquez tan “desacertada intervención, tirando la piedra y escondiendo la mano”, por lo que le ha invitado a acudir directamente a los Juzgados. “¿Qué problema hay en que una empresa privada en su suelo, privado, haga la instalación deportiva que Almería demanda?”

Los terrenos son rústicos y recibirán la consideración municipal de interés público para desarrollar una iniciativa, la Ciudad Deportiva que, en palabras de la representante del PP, es “buena” para la ciudad, lamentando en el debate la postura socialista “sembrando dudas. En el PSOE se ve que el disparate más gordo da puntos para ser portavoz”, apostilló Cabrera, zanjando el debate.

La admisión a trámite del proyecto de actuación de la Ciudad Deportiva ha sido aprobado con los votos a favor del Partido Popular, mientras que la oposición, incluido el PSOE, ha optado por la abstención.

El proyecto, que contempla una inversión de 13 millones de euros, quedará sometido en los próximos días a información pública por plazo de un mes, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, con llamamiento a los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del proyecto. Simultáneamente, y por el mismo plazo, se practica trámite de audiencia a las administraciones públicas que tutelan intereses afectados y a los titulares del derecho de propiedad de los terrenos colindantes que pudieran verse afectados por esta actuación.