Chequeo a la vivienda de alquiler de la Junta: fraudes, zulos y 165 okupadas en Almería

Ante el drama creciente entre los jóvenes que quieren acceder a una casa por los precios desorbitados del mercado y el incremento del fraude y las situaciones irregulares que viene detectando en el parque público de viviendas en régimen de alquiler, la Junta ha anunciado un plan de choque que contempla la construcción de 20.000 casas de protección oficial en los próximos cinco años mientras que la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) se encargará en paralelo de actualizar el censo y comprobar la identidad y correcto uso que hacen los propietarios con el objetivo de acabar con prácticas ilícitas y ocupaciones ilegales. Una tarea inspectora para garantizar la función social de estos inmuebles protegidos que permitirá apartar a los beneficiarios que no cumplan con las normas y requisitos, tras el correspondiente procedimiento administrativo y judicial, así como dinamizar la lista de espera al alza de familias vulnerables que las han solicitado en los registros municipales de demandantes.

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta va a destinar 7,5 millones de euros al refuerzo de la labor de vigilancia en las 25.649 viviendas sociales en régimen de alquiler de Andalucía durante este año y el siguiente con la firme intención de reducir la morosidad, agilizar la entrada de nuevos arrendatarios y promover un uso adecuado que contribuirá a su vez a mejorar el mantenimiento y conservación de los inmuebles e instalaciones comunes. El nuevo sistema de revisiones periódicas llegará a las ocho provincias andaluzas, si bien en cada territorio se adaptará a su problemática y la verificación implica una comunicación directa con los titulares de estas viviendas sociales.

En algunas capitales andaluzas se han destinado a pisos turísticos o directamente quedaron vacías y también se emplean en maniobras irresponsables con sobreprecios en transmisiones y alquileres. En la provincia de Almería la ofensiva de la administración andaluza estará orientada a acabar con el mercado negro que ha venido prosperando en barrios como El Puche durante la última década, con operaciones de compraventa de inmuebles que se conciben exclusivamente para el arrendamiento, la okupación de viviendas y actividades delictivas que ponen en riesgo la convivencia vecinal y el “fin social” del parque público. Para acabar con decenas de transmisiones clandestinas se ha negociado con los afectados la regularización de los contratos si las condiciones lo permiten y en los casos en los que es posible se han tramitado multas e incluso el desahucio.

En respuesta parlamentaria, la Consejería de Fomento reconocía hace unos días que en la provincia de Almería hay un total de 3.157 viviendas públicas en régimen de alquiler y en la actualidad tienen conocimiento de que al menos 165 están ocupadas ilegalmente. Una vez detectada esta situación, los técnicos de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía se emplean a fondo para recuperar el inmueble afectado y así ponerlo de nuevo a disposición del registro municipal de demandantes en la localidad en la que se encuentre. La mayoría de estos inmuebles que han sido okupados se localizan en la capital (72), El Ejido (37), Vícar (18), Cuevas del Almanzora (10), Gádor (8), Huércal y Vera (6 cada una) y sólo representan un 5,2% del parque público de la viviendas sociales que tiene la Junta. En otro diagnóstico que se realizó en 2022 se inspeccionaron 183 inmuebles en Almería y comprobaron que 18 habían sido ocupados ilegalmente.

Pero la okupación no es el único problema creciente que preocupa en la AVRA y en su radiografía de la situación actual tienen constancia de una serie de actividades delictivas que pretenden erradicar como los cultivos de marihuana y negocios ilícitos que están provocando “alteraciones físicas” del inmueble. Además de los enganches ilegales a la red eléctrica para las plantaciones indoor, se han encontrado zulos y galerías subterráneas en las que guardar drogas, armas y dinero, así como la conexión de varias viviendas con túneles por si hiciera falta huir de la acción policial. Y la administración regional quiere atajar este foco de conflictos antes de que sea demasiado tarde con un chequeo de la totalidad del parque público con el que garantizar su función social.