La batalla que no cesa contra el fraude del etiquetado: 1.580 inspecciones y 61 sanciones desde 2019 en Almería

El reetiquetado de productos es uno de los fraudes más perseguidos en la comercialización de frutas y hortalizas en la despensa de Europa. Una práctica históricamente denunciada que rompe la trazabilidad que garantiza la excelencia de las producciones del sector agroalimentario consistente en cambiar la etiqueta de origen asignando el 'made in Almería' a mercancías que proceden de terceros países, principalmente Marruecos, a pesar de que no se ajustan a los estándares de calidad y seguridad alimentaria que las instituciones europeas exigen a los agricultores de la provincia. El campo almeriense lleva más de una década de cruzada contra esta maniobra ilegal que realizan empresarios sin escrúpulos que reciben los camiones con producto foráneo y a puerta cerrada cambian su origen real indicando que proceden de Almería para tener un mayor margen de ganancia, una estafa que incide directamente en las ventas del sector al tirar los precios y también en su imagen y corresponsabilidad ante los consumidores por los riesgos fitosanitarios que conlleva un alimento sin control comunitario. 

Estas irregularidades unidas al incumplimiento de los contigentes comunitarios motivaron protestas de calado contra la competencia desleal en 2019 y el comienzo de una campaña especial de inspección del fraude del etiquetado de frutas y hortalizas frescas por parte de la Consejería de Agricultura Ganadería Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta. Una cruzada que se ha ido extendiendo en los últimos cinco años al resto de la comunidad, si bien Almería acapara el 75% de las revisiones sobre el terreno de los centros productivos con 1.369 inspecciones de las 1.825 que se han realizado entre los años 2019 y 2023 en el conjunto de las provincias andaluzas. El estrecho control se matiene este año y hasta septiembre se han realizado 211 inspecciones por parte de los técnicos de la Delegación Territorial de Agricultura en Almería en las que comprueban la trazabilidad del origen en albaranes y facturas y el etiquetado en los almacenes al por mayor y centros de manipulación con el fin de detectar posibles omisiones, incorrecciones o falsificaciones de la procedencia, en particular cuando se trate de países terceros.

Una sanción este año

En total se han realizado 1.580 revisiones y registros entre 2019 y 2024 en Almería, una fiscalización que ha permitido identificar 61 incumplimientos de la normativa legal de etiquetado y han conllevado su correspondiente sanción económica, según los datos facilitados a este periódico por la Dirección General de Industrias, Innovación y Cadena Agroalimentaria de la Consejería que dirige el almeriense Ramón Fernández-Pacheco. En los nueve primeros meses de 2024 se multado a una empresa (211 inspecciones), 8 en 2023 (225), 6 en 2022 (275), 21 en 2021 (376), 17 en 2020 (267) y 8 en 2019 (226). El número de expedientes en empresas almerienses supera al de otras provincias, si bien como fuera de Almería han sido muchos menos controles el porcentaje de irregularidades detectadas es más alto en Huelva con 46 sanciones (221 registros) y Cádiz con 17 (67). La cuantía económica de las sanciones, haciendo una media del importe que suman todos los expedientes, se quedaría en menos de 2.500 euros por multa, un reproche insuficiente para los sindicatos y organizaciones que reclaman mayor dureza contra este tipo de prácticas.

La producción final de frutas y hortalizas en Almería durante la pasada campaña 2023/24 alcanzó los 3,93 millones de toneladas, un 4,08 % más con respecto a la anterior, si bien el valor de la comercialización bajó un 11% con 3.953 millones de euros en su conjunto, según el balance reciente de Coexphal. A pesar de liderar las exportaciones hortofrutícolas, este sector estratégico para la economía y el empleo en la provincia sigue arrastrando una crisis coyuntural de precios que se agrava con la competencia desleal, sobre todo si se tiene en cuenta que en los últimos años se han incrementado un 64% las importaciones de productos frescos de terceros países en la Unión Europea. De ahí la importancia de combatir el fraude del reetiquetado que incide en la rentabilidad y rompe de cuajo la trazabilidad del producto para proteger la excelencia de la producción andaluza. Acabar con el tinglao societario que han articulado empresas que venden producto africano como si fuera de Almería se ha convertido un desafío permanente para la administración andaluza que desde 2020 ha venido intensificando el control específico, aunque no la creación de una oficina específica para combatir este fraude.