El Ayuntamiento de Almería, condenado a indemnizar a La Salle por la fallida llegada de El Corte Inglés

Casi dos décadas después aquel convenio tripartito que iba a propiciar la esperada instalación de El Corte Inglés en la capital almeriense sigue resonando en el Ayuntamiento de Almería, sobre el que pesa una condena judicial, ya firme, que le obliga a indemnizar al Instituto de Hermanos Cristianas de La Salle por daños y perjuicios ante un proyecto que se volatizó.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 ha emitido sentencia en firme el pasado mes de julio. Un dictamen que el equipo de María Vázquez abordaba en una de las Juntas de Gobierno celebradas el pasado mes al objeto de hacer frente al recurso interpuesto por La Salle en el año 2020, estimado parcialmente y por el que la Justicia condena al Consistorio por incumplimiento de sus obligaciones.

Además de la devolución de la cantidad –ya efectuada– de 1.487.000 euros (dinero depositado a cuenta de la mitad de la prestación económica sustitutiva), que en su día los Hermanos de La Salle ingresaron en las arcas municipales como parte de los acuerdos contemplados en el convenio de El Corte Inglés, el Ayuntamiento se ve obligado ahora a abonar a la congregación 25.212,55 euros en concepto de indemnización de daños y perjuicios, resultante del cálculo de los intereses de demora desde la fecha de presentación de la solicitud de resolución del convenio, el 27 de febrero de 2020 hasta la fecha de la efectiva devolución, el 30 de septiembre de 2020.

La resolución del convenio fue aprobada en Pleno, principalmente por las objeciones de la Junta a cambiar el uso educativo del solar por el comercial y por que el acuerdo estaba incluido en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana que nunca ha llegado a aprobarse.

El aterrizaje de la firma comercial se encontraba entonces en lista de espera desde diciembre de 2005, cuando el alcalde de Almería, entonces Luis Rogelio Rodríguez-Comendador, los hermanos de La Salle y el responsable de Infraestructuras Comerciales del grupo, Carlos Gustari, firmaban el esperado contrato con el que se daba por finalizado el largo baile de ubicaciones diferentes que han venido colocando, como quien dice, los grandes almacenes en distintos puntos de la ciudad durante dos décadas.

Las partes firmantes preveían en el momento de la rúbrica la apertura en 2008 al público de El Corte Inglés en el solar de la Rambla. Una de las cláusulas contractuales comprometía al grupo empresarial a iniciar las obras en un plazo de tres años, obtenida la licencia comercial de la Junta y las municipales. Y una vez, y de forma previa, modificado el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), para cambiar la calificación de los suelos que continúan siendo educativos. Porque ni lo uno ni lo otro ha llegado a hacerse realidad.

No ha habido cambios en el PGOU de 1998 –el que viene reflejado en el acuerdo–, ni el nuevo Plan General, en el que fue incluido el convenio, ha podido en estos años ver la luz. Pero las piedras del urbanismo no son las únicas. Sobre todo, la crisis económica de 2008 hizo replantearse al grupo empresarial los planes de expansión y acabaron por desvanecerse del todo con la pandemia.