Aviación Civil desmiente a la Junta: no hay petición de OSP para los vuelos Almería-Madrid

El Parlamento aprobó hace ya tres años pedir al Gobierno la declaración de servicio público en las rutas a Barajas y El Prat, pero la Consejería de Fomento sigue sin mover ficha

El Gobierno sigue sin propuesta municipal para que el aeropuerto de Almería se llame Antonio de Torres

Uno de los vuelos operados por Air Nostrum en el aeropuerto de Almería
Uno de los vuelos operados por Air Nostrum en el aeropuerto de Almería / Javier Alonso

A la Dirección General de Aviación Civil no le consta por el momento ninguna solicitud de la Junta de Andalucía para la declaración de obligación de servicio público de las líneas aéreas que conectan el aeropuerto de Almería con los de Madrid y Barcelona. Desde este organismo público dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, encargado de configurar y dirigir la política aeronáutica, aseguran a Diario de Almería que no han recibido esa “petición” a la que aludía a finales de marzo la consejera de Fomento de la Junta, Rocío Díaz, en una comparecencia parlamentaria en la que argumentó que estaban a la espera de la respuesta del Gobierno. Es más, hizo mención de unas declaraciones de la exministra Raquel Sánchez de abril de 2023 en las que indicaba por error -y desconocimiento- que habían recibido esta petición. Pero nada más lejos de la realidad. Ni la entonces ministra de Transportes acertó al referirse a la solicitud de la OSP del vuelo a Madrid ni lo ha hecho después la consejera actual al dar por válida una afirmación desacertada.

Desde el Ministerio de Transportes recuerdan que el contrato lo sufraga la administración solicitante de la ruta OSP

La administración regional no movió ficha y la estatal sigue a la espera de una petición que de salir adelante implicaría una rebaja sustancial de los precios de los vuelos y también la mejora de la conectividad con un número de frecuencias y horarios recogidos en el pliego de condiciones. El único trámite formal que se ha realizado hasta el momento ha sido la aprobación en el plenario del Parlamento de Andalucía, por la unanimidad de todos los grupos políticos, de la necesidad de que la Junta solicite esta declaración de la OSP a la Dirección General de Aviación Civil, una proposición no de ley que salió adelante a finales de febrero de 2022, hace tres años. Meses antes lo había reclamado el Ayuntamiento de Almería, a través de una moción del PP con apoyo de la oposición socialista, en la que se incidía en la importancia de la mejora de las conexiones aéreas del aeropuerto de El Alquián ante el retraso en la construcción de la línea de Alta Velocidad a Murcia. Y también se sentaron a negociar con Iberia la mejora de la conectividad. Es una histórica reivindicación del tejido socioeconómico almeriense que no ha dejado de cuestionar los “elevados precios” de los billetes de las rutas a Madrid y Barcelona y también ha sido muy crítico en determinados momentos con la supresión temporal de frecuencias.

La consejera Rocío Díaz y el parlamentario Sánchez Teruel
La consejera Rocío Díaz y el parlamentario Sánchez Teruel

El modelo a seguir es la OSP del vuelo entre Almería y Sevilla que se aprobó en Consejo de Ministros el 13 de marzo de 2009, una ruta de ámbito regional que vertebra Andalucía, o los que unen Melilla con los aeropuertos de El Alquián, Granada y Sevilla. Al tratarse de “excepciones” a las reglas de libre mercado de la aviación comercial implican, según indican fuentes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, una justificación más que exhaustiva con una memoria técnica previa que acredite la “exigencia” de la OSP en base a criterios técnicos y económicos razonables. Entre comunidades, sin salir de la península, sólo cuentan con la obligación de servicio público los vuelos que conectan Badajoz con Madrid y Barcelona, el resto se corresponden con rutas insulares desde Canarias y Baleares. En las conexiones sometidas a esta catalogación al amparo de la normativa europea, añaden desde el Gobierno, es la administración solicitante, en este caso la Junta, la que sufragará el coste del contrato que saldría a licitación pública.

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