Los atentados contra la autoridad no dejan de crecer: cada semana se producen 26 en Almería

Un juez condenaba a mediados de julio a dos años y nueve meses de prisión a un hombre de 48 años que agredió a un guardia civil y arremetió contra el vehículo policial después de ser expulsado de un bar en el que estaba protagonizando un grave altercado en la tarde del 10 de abril en un municipio del norte de la provincia. Cuando le invitaron a salir del local se abalanzó sobre uno de los agentes desplazados y lo agarró por el cuello violentamente, pero consiguió zafarse con ayuda del compañero y reducirlo. Una vez detenido fue conducido al coche y el agresor comenzó a propinar patadas a la puerta y cabezazos a la ventana. No era la primera vez. Dos años antes había sido condenado por otro delito de atentado a la autoridad, por lo que la nueva sentencia sumaba el agravante de resistencia. "Os corto la cabeza, os voy a matar", exclamaba un vecino de la capital que a principios de agosto era condenado a un año de cárcel por agredir a dos agentes de la Policía Nacional que habían participado en su detención por un episodio de violencia familiar. Uno de los policías sufrió una contusión en el brazo y otro en la rodilla izquierda como consecuencia de la actitud agresiva con la que fueron recibidos.

En febrero de este año se produjo otro episodio similar cuando un joven se desplazó a la misma puerta del puesto de la Guardia Civil de Roquetas para proferir insultos y amenazas. Una de las patrullas que regresaba tuvo que reducirlo en un forcejeo que acabó con uno de los agentes intervenido de urgencia de una lesión de gravedad en la mano con un clavo en el interior y grapas de sutura. Estos comportamientos han dejado de ser episodios puntuales y su evolución en la provincia pone de manifiesto la pérdida del principio de autoridad. Las agresiones físicas y verbales a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y funcionarios públicos en la provincia de Almería han crecido un 85% en la última década y los delitos de atentado a la autoridad alcanzaron el pasado año su cifra más alta de la historia con un total de 317 hechos denunciados. El incremento ha sido exponencial pasando de 171 casos en 2014 a más de 300 por primera vez en el sistema estadístico de criminalidad en la categoría de atentados a la autoridad, agentes o funcionario público, correspondientes a los artículos 550 a 554 del Código Penal.

Así lo recoge un informe facilitado a este periódico por la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior confirmando una preocupante tendencia al alza de las actitudes violentas que vienen sufriendo principalmente los agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional en la provincia, así como a los policías locales y el personal del centro penitenciario de El Acebuche, y con menor incidencia entre los docentes y sanitarios. Entre los años 2013 y 2023 se han contabilizado casi 2.500 infracciones penales por atentados contra la autoridad, con una cifra en escalada permanente, salvo excepciones puntuales, que ha ido evolucionando de la siguiente manera: 189 en 2013, 171 en 2014, 182 en 2015, 176 en 2016, 212 en 2017, 232 en 2018, 205 en 2019, 263 en 2020, 252 en 2021, 293 en 2022 y 317 en 2023. El dato del pasado ejercicio con el que se ha batido el récord de la serie histórica se traduce en una media de 26 casos al mes en los que se ha producido una agresión o intimidación grave contra los agentes y funcionarios en Almería. En España el crecimiento de esta estadística también ha sido significativo con más de mil hechos conocidos cada mes y una media de 35 cada día en todo el territorio nacional. 

Asociaciones piden más protección y contundencia

Las asociaciones de Guardia Civil y sindicatos de Policía Nacional llevan años alertando sobre el incremento de las conductas violentas hacia los agentes que cada vez son menos respetados por determinados segmentos de la población. Son víctimas de insultos, amenazas y ataques por el mero hecho de dedicarse a la defensa de las libertades y derechos de la ciudadanía en el mantenimiento del orden público, una situación de indefensión totalmente inmerecida e inasumible por el Estado de Derecho que requiere de medidas excepcionales por parte del Ministerio del Interior tanto en la protección y seguridad de los agentes como en el endurecimiento de las condenas que actualmente contemplan penas de prisión de 1 a 4 años y multa de 3 a 6 meses para el atentado a la autoridad y de 6 meses a 3 años de cárcel cuando sean funcionarios públicos.

La Confederación Española de Policía lanzó la campaña 'Tiene Delito' con el objetivo de dar a conocer esta realidad a la sociedad y reclamar el refuerzo inmediato de la protección física y jurídica de los agentes frente a la deriva de los últimos tiempos. La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) es una de las organizaciones que más está presionando para que el Gobierno tome cartas en el asunto y reconozca a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como profesión de riesgo. No entienden que policías locales, mossos d'esquadra y ertzainas tengan ese reconocimiento laboral del que carecen policías nacionales y guardia civil y también consideran imprescindible el endurecimiento del Código Penal para recuperar el principio de autoridad. "Los ataques a los compañeros son cada vez más frecuentes en la provincia, es raro la semana en la que no se produzca alguna agresión", reconoce Víctor Vega, portavoz de la AUGC.

Desde esta entidad lamentan que los agresores en muchas ocasiones sean puestos en libertad a las pocas horas de su atentado porque el reproche penal es mínimo. "No es comprensible que el agresor esté en la calle mientras la víctima está todavía hospitalizada o recuperándose de las lesiones". Las asociaciones de Guardia Civil critican la falta de un protocolo claro ante las situaciones de violencia inusitada que surgen cada vez con más frecuencia y solicitan al Ministerio del Interior pistolas táser, cámaras corporales y fundas antihurto para evitar agresiones que ponen en peligro la integridad física de los agentes. Además, entienden que es necesaria la activación del seguro de responsabilidad civil previsto en su normativa interna y la emisión de instrucciones claras a la Fiscalía para acusar en este tipo de delitos al alza.

Penas del delito de atentado a la autoridad

Se incurre en este delito cuando se quebranta el respeto al principio de autoridad y al buen funcionamiento de los servicios públicos, cuando se agrede, intimida gravemente o se opone resistencia activa a un funcionario, autoridad o agente en el ejercicio de sus funciones. El delito de atentado a la autoridad, los agentes y funcionarios públicos es del tipo doloso y se requiere que las víctimas se encuentren en el ejercicio de sus funciones. Un dato que muchos desconocen es que se incluyen en este colectivo a docentes y personal de centros sanitarios. Es importante poder diferenciar entre la resistencia y el atentado porque sus penas son diferentes. Según lo establecido por el Tribunal Supremo, es necesario evaluar en detalle la conducta del sujeto activo, así como la gravedad de su oposición física ante una orden de la autoridad. Las penas difieren según se establezca se han cometido conductas típicas o se acredite el modo agravado del delito:

• Conducta típica contra la autoridad: el reo será penalizado con prisión de 1 a 4 años y multa de 3 a 6 meses.
• Conducta típica contra autoridad del Gobierno, Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, Senado, Asambleas Legislativas, Diputados, Corporaciones Locales, Ministerio Fiscal, Consejo General del Poder Judicial, Magistrado del Tribunal Constitucional, juez: la pena será de prisión de 1 a 6 años y multa de 6 a 12 meses.
• Conducta típica contra agentes o funcionarios públicos: los condenados serán sancionados con prisión de 6 meses a 3 años.
• Delito agravado de atentado a la autoridad: se impondrá a los reos las penas superiores en grado previsto para el delito.