40 años de una vergüenza de Estado

El Caso Almería no se ha resuelto. No se han aplicado penas reales, ha habido disculpa por parte del Estado o considerado terrorismo de Estado. Y todo eso pasó. No existe una versión oficial ni creíble ni se ha reconocido a las familias el daño causado. El hecho se ha convertido en una de las mayores vergüenzas nacionales desde la dictadura franquista, aunque, también es cierto, en 1981 todavía azotaba la brisa de una de las etapas más convulsas de la historia reciente española.

Cuarenta años con culpables sin nombre. Pero, sin duda, lo que escuece a la sociedad en general y a a la familia en particular es el propio hecho, sobre todo, y el engaño. Pero no hay mucho más que hacer. No se consigue nada. En abril de 2015, Amaiur formulaba varias preguntas relacionadas con el Caso Almería en el Congreso de los Diputados.

Quería saber si los agentes de la Guardia Civil condenados por asesinar a los tres jóvenes cobraron ayudas de fondos reservados, las cantidades y si, finalmente, contemplaba el gobierno considerar a los fallecidos como víctimas del terrorismo. Además, entre las cuestiones se incluía si se habían destinado fondos similares a otros funcionarios por delitos. Jon Iñarritu, diputado de Amatir hace seis años, recibió la siguiente respuesta a sus numerosas preguntas: “El Gobierno carece de información que pueda aportar a una respuesta parlamentaria, dada la antigüedad de los hechos referidos en la pregunta”.

El hecho no dejaba de ser una muestra más del hermetismo generado en torno al Caso Almería por parte de del Gobierno desde que sucedieran los hechos aquel 10 de mayo de 1981, sin duda, una de las páginas más negras en la historia la Guardia Civil.

Confundidos como terroristas de ETA tras el asesinato del Coronel Valenzuela, el 10 de mayo de 1981, un santanderino, un salmantino y un almeriense de Pechina, Juan Mañas, fueron asesinados por varios agentes de la Guardia Civil después de haber sido torturados en busca de una confesión imposible, pues su delito no era ninguno. Ni etarras ni asesinos. Los agentes, tras percatarse de su error, mataron a tiros y calcinaron los cuerpos en un Ford Fiesta (en el kilómetro 8,400 de la carretera de Gérgal) para eliminar pruebas y cambiar la versión de los hechos.

La Benemérita dijo que iban armados e indocumentados mientras se les transportaba a Madrid e intentaron huir. Pero quien conoce el caso sabe que eso no sucedió.

Defienden que ya estaban muertos y que habían sido tiroteados en el antiguo cuartel de Casas Fuertes. A los tres acusados se les sentenció de homicidas y no por asesinato.

Cuarenta años después, la familia de Juan Mañas sigue pidiendo justicia, argumentan que no todos los culpables de aquella tragedia fueron juzgados -los llamados voluntarios del teniente coronel Carlos Castillo Quero-.

Francisco Javier Mañanas, hermano de Juan, explicaba hace cinco años a Diario de Almería que ya han intentado con anterioridad que el Gobierno acepte su petición: “Tanto nuestra familia como las de Santander se lo pedimos al Estado en dos ocasiones, la Asociación de Víctimas del Terrorismo lo vio bien, pero las dos veces nos lo han denegado alegando que no son víctimas directas de un atentado terrorista. Nosotros consideramos que sí, son víctimas colaterales, es terrorismo de Estado, o sea que de alguna manera consideramos que son víctimas de ETA”.