Un año de cárcel por montar una plantación de marihuana en su piso de Roquetas de Mar

Un hombre ha sido condenado a un año de prisión por mantener una plantación de marihuana en su domicilio de Roquetas de Mar, donde cultivaba 171 plantas destinadas al tráfico de drogas. La sentencia, dictada por el Juzgado de lo Penal número 5 de Almería, también le impone el pago de una multa superior a los 3.200 euros y una segunda sanción por defraudar el suministro eléctrico necesario para alimentar el cultivo.

Los hechos se remontan al 29 de junio de 2020, cuando agentes de la Guardia Civil intervinieron la plantación en el interior de una vivienda situada en una urbanización de la Avenida Mediterráneo. La actuación se produjo tras una orden de entrada y registro firmada por un juzgado de Roquetas de Mar, que autorizó el acceso a la vivienda ante las sospechas fundadas de que allí se cultivaba cannabis.

Durante la intervención, los agentes localizaron tres lotes de marihuana con un peso total superior a los 1,7 kilos y un valor en el mercado ilícito estimado en más de 1.600 euros. Las plantas presentaban distintos grados de pureza de THC, el principal compuesto psicoactivo de la sustancia.

En la vivienda también se encontraron numerosos elementos utilizados habitualmente en el cultivo intensivo de cannabis, como lámparas de alta potencia, extractores, ventiladores, aparatos de aire acondicionado y balastros. Todo el material fue incautado por los agentes y se ha acordado su destrucción, junto con la droga intervenida.

Además del delito contra la salud pública, el condenado ha sido sancionado por defraudar el suministro eléctrico mediante una derivación ilegal conectada a la red general. Según la empresa distribuidora, la energía sustraída superó los 14.600 kilovatios, lo que representa un perjuicio económico de al menos 400 euros. El fallo le impone tres meses de multa por este segundo delito y le obliga a indemnizar a la compañía afectada con la cantidad que se determine en ejecución de sentencia.

La pena de prisión ha quedado suspendida por un plazo de dos años, siempre que el condenado no vuelva a delinquir en ese periodo. En caso contrario, la suspensión quedará sin efecto y se ordenará su ingreso en prisión.