“Una amnistía no es inconstitucional, a mí me la concedieron y pude volver al Ejército”

Mientras juristas y políticos suman titulares al controvertido debate en torno al encaje de la amnistía en la Constitución, a raíz de que Junts de Carles Puigdemont la exigiera como condición para favorecer la investidura de Pedro Sánchez, un abogado y militar, almeriense de adopción, ha querido aportar una reflexión como protagonista de la historia democrática española con el único episodio de anulación de una condena en las Cortes. Una amnistía en toda regla promovida en el segundo mandato de Felipe González, según el relato del que fuera entonces teniente coronel del Ejército del Aire, José Ignacio Domínguez (Madrid, 1945), que se aprobó a través de la fórmula de Ley 24/1986 de rehabilitación de militares profesionales.

Fue un hecho insólito, al margen de amnistías fiscales que juegan en otra categoría jurídica, desde que se aprobó la Carta Magna que vino a “enmendar y complementar” la amnistía del 15 de octubre de 1977 que perdonaba “todos los actos de intencionalidad política, cualquier que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas”. Porque se ofreció un trato desigual a los que ostentaban la condición de militar profesional o de funcionario civil, al no conferir la posibilidad a los primeros de su reingreso. En base al artículo 14 de la Constitución se quiso subsanar aquel error por el principio de la no discriminación y ha sido el pronunciamiento más claro hasta la fecha del Tribunal Constitucional que incardinó esta “amnistía laboral” de diciembre de 1986 en la anterior para reparar los perjuicios ocasionados a casi una quincena de oficiales a los que habían inhabilitado en Consejo de Guerra por pertenecer a la Unión Militar Democrática (UMD).

El teniente coronel Domínguez formó parte de ese selecto grupo al que denominaron “capitanes de la democracia”, un brote verde en el seno del Ejército que era el núcleo duro y brazo represor del régimen franquista. Fueron condenados por el delito de conspiración para la rebelión a penas de cárcel y a la expulsión de por vida del cuerpo militar. El indulto de la transición permitió que salieran de prisión, pero no se haría justicia hasta diez años más tarde cuando se anuló la sentencia que les impedía retomar su carrera militar. “Una amnistía no es inconstitucional ni ilegal, a mí me la concedieron en 1986 y pude volver al Ejército”, relata el que fuera piloto de caza, abogado y referente ecologista en Almería.

El entonces capitán de Aviación no fue detenido como el resto de compañeros porque se encontraba en París de vacaciones. Desde allí y más tarde desde Portugal, ejerció de portavoz de la UMD mientras 9 de los oficiales eran enjuiciados en en el acuartelamiento de Hoyo de Manzanares en marzo de 1975 con una flagrante indefensión jurídica porque habían sido privados de defensores civiles de prestigio. Dos años más tarde, Domínguez volvió a España voluntariamente para ser sometido a un Consejo de Guerra y expulsado del ejército. El indulto promovido en octubre de 1977 le permitió no cumplir la condena de siete años de cárcel y una década después la Ley de Rehabilitación que promovió el vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, que se enfrentó al entonces ministro de Defensa, Narcís Serra, posibilitó su reingreso en Aviación, si bien fue más bien simbólico y humillante.

“Yo pasé a la reserva y después me incorporé como piloto de Iberia, pero a los compañeros que querían continuar con la carrera militar no les dieron destino ni los dejaron que volvieran al servicio activo”. “Fue la primera vez en la que el legislador admitió la posibilidad de publicar una ley de amnistía con la Constitución vigente, anuló la sentencia que le impedía formar parte del Ejército”, argumenta. El estrecho contacto con diputados nacionales como Carlos Sanjuán y Julio Busquets del PSOE y Joaquín Satrústegui de la UCD fue clave en la consecución del objetivo al que Alfonso Guerra daría el empujón necesario. “Creo que nadie votó en contra y solo Alianza Popular se abstuvo”, añade. “No tenía sentido echar a un señor del Ejército por pedir democracia”, explica. Había que anular la condena y llamaron a la norma Ley de Rehabilitación.

Ahora que una posible amnistía a condenados del procés irrumpe con fuerza en la agenda pública, José Ignacio Domínguez asegura sobre este polémico debate que no es cuestión de constitucionalidad y es un problema esencialmente político. “Siendo lo más aséptico posible, te diría que la amnistía es perfectamente legal, no es como el indulto. Es borrón y cuenta nueva en pro de la convivencia para dejar atrás los errores del pasado. Pero si estos señores de Junts nos dicen que siguen por la vía unilateral no se estaría respetando su sentido”, explica. Los beneficiarios de la amnistía de 1986 recibieron en febrero de 2010 la Cruz del Mérito Militar, la Cruz del Mérito Aeronáutico para Domínguez como teniente coronel de Aviación, por su colaboración en el proceso de transición, todo un reconocimiento por arriesgar su carrera y promoción, e incluso su libertad personal, en defensa de ideales democráticos. De aquel grupo inicial que puso en marcha la UMD en 1974 sólo cuatro siguen vivos y cinco ya fallecieron.