Almería participa en la cumbre de universidades andaluzas y canarias para reforzar la cooperación

La posibilidad de establecer titulaciones conjuntas, la financiación de las universidades públicas, la aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), o la preocupación por el desordenado crecimiento de las universidades privadas han sido los principales temas abordados esta semana en la I Cumbre de Rectores y Rectoras de universidades públicas de Andalucía y Canarias, celebrada en La Laguna y en la que ha participado el rector de la Universidad de Almería.

Junto a José J. Céspedes Lorente han estado sus homólogos de las universidades de Cádiz, Casimiro Mantell; Córdoba, Manuel Torralbo; Granada, Pedro Mercado; Sevilla, Miguel Ángel Castro, y la Pablo de Olavide, Francisco Oliva, además de los dos rectores canarios, Francisco García (La Laguna) y Lluis Serra (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria). No se han desplazado a las islas, pero sí han firmado la declaración conjunta del encuentro también la rectora de la Universidad de Huelva, María Antonia Peña, y los rectores de Jaén, Nicolás Ruiz; Málaga, Juan Teodomiro López, y la Universidad Internacional de Andalucía, José Ignacio García.

La cumbre de La Laguna ha servido para sentar las bases de una cooperación interuniverstaria estable Andalucía-Canarias, en la que se acordado potenciar las líneas de trabajo basadas en intereses comunes, como la investigación conjunta en cuestiones relativas a África, migraciones, cambio climático e inclusión, además de identificar nuevos puntos de trabajo conjunto dentro del marco de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado.

En su declaración institucional, los rectores de Andalucía y Canarias resaltan cómo las universidades de ambas comunidades tienen en común el encabezar la contribución al PIB regional de todo el sistema universitario español, al tiempo que comparten “una situación geoestratégica única como nodo del sur de España y Europa, y puente geográfico, histórico y cultural con Iberoamérica y África”. “De igual forma, nuestras instituciones también deben hacer frente a retos comunes, como la empleabilidad de nuestro estudiantado, la reducción de las desigualdades socioeconómicas, los procesos migratorios y, entre otros muchos, el cambio climático”, señalan.

Partiendo de todo lo que las une, las universidades participantes en la cumbre han expresado su “voluntad de convergencia en políticas universitarias exitosas que nos permitan seguir progresando en la cobertura de las importantes misiones encomendadas al sistema universitario público”. Pero también exigen a las administraciones el cumplimiento de una serie de obligaciones hacia el sistema de enseñanza superior que garanticen el correcto funcionamiento de este.

Así, en su declaración conjunta, los doce rectores andaluces y canarios reafirman la necesidad de proteger la autonomía universitaria emanada de la Constitución Española, para lo que se hace indispensable garantizar la suficiencia financiera de las universidades públicas. Para lograrlo, emplazan a las administraciones a que “cuanto antes” se alcance el 1% de inversión pública en educación superior, tal y como establece la LOSU, y exigen modelos de financiación “estables, objetivos y suficientemente dotados”, que permitan cubrir las necesidades de los capítulos 1 y 2 –con la actualización de los incrementos retributivos− y atender también al cumplimiento de objetivos. Asimismo, piden los rectores que se planteen planes plurianuales de infraestructuras, al tiempo que demandan más agilidad y accesibilidad a los fondos europeos por parte de las universidades.

Otro de los asuntos que se han tratado en esta cumbre tiene que ver con el papel de las universidades públicas como garantes del “respeto al mérito, la igualdad de oportunidades y la accesibilidad” de toda la ciudadanía a la educación superior. “En este sentido, contemplamos con preocupación la irrupción desmedida de universidades privadas de dudosa calidad”, señalan las instituciones firmantes. Frente a esta situación, proponen que las privadas “y sus respectivos títulos cumplan con los mismos estándares de calidad que se exige por ley a las universidades públicas”. También, “que dichas entidades estén supeditadas a una estrategia universitaria autonómica en relación a su implantación, crecimiento, duplicidad de titulaciones y equilibro territorial”. Además, piden a los poderes públicos “que se endurezcan las exigencias actuales respecto a investigación, transferencia e innovación, para equiparar a las universidades privadas, con una actividad casi testimonial en esta materia, con las públicas”.

Tras el éxito de esta cumbre, las doce universidades del sistema público de Andalucía y Canarias se han emplazado para celebrar su segunda cumbre en la primavera del próximo año en la Universidad de Sevilla.