Almería Acoge asiste a 3.537 personas en los asentamientos de Níjar

Almería/Almería Acoge atiende a unas 3.537 personas, de las cuales 3.038 son hombres y 499 son mujeres, en los poblados chabolistas en los que trabaja en el municipio de Níjar, entre los que se se encuentran 83 menores, quienes están escolarizados, según indica la ONG en el informe ‘Situación de las personas residentes en asentamientos agrícolas en Andalucía: Hitos desde 2023’ de Andalucía Acoge.

La entidad asegura que los migrantes sufren una vulneración de sus derechos básicos que tiene como origen “el no reconocimiento de la vecindad”, toda vez que apunta a “diferencias significativas entre los asentamientos de Almería y los municipios onubenses”. Algo que se debe sobre todo a la existencia de distintas dinámicas vinculadas a la actividad agraria en cada provincia.

El principal problema que enfrenta la población migrante residente en Níjar es la falta de reconocimiento de los derechos fundamentales, tales como derechos laborales, acceso a la vivienda, sanidad y de movilidad segura. La ONG subraya que la población migrante en esta zona no tiene un carácter temporero, sino que se ha convertido en una presencia permanente. “Esto agrava la situación porque las soluciones habitacionales a medio y corto plazo no responden a sus necesidades de vivienda”, dicen.

De acuerdo a la ONG, se ha estandarizado el pago de cinco euros por hora trabajada, precisando que en las pequeñas explotaciones agrícolas, el incumplimiento de los derechos de las personas trabajadoras es más frecuente.

Consideran que el deterioro en la calidad de vida de las personas migrantes ha aumentado debido a su situación de exclusión social. “Este fenómeno de segregación no solo margina a estas personas, sino que también activa el ciclo de la exclusión, incentivando actitudes discriminatorias y xenófobas dentro de las poblaciones locales”, afirman.

Críticas a los desalojos

El coordinador de Almería Acoge en Níjar, Rafael Sánchez, ha denunciado este jueves que en este municipio se siguen produciendo desalojos de asentamientos chabolistas, en los que se intenta “disfrazar de alternativa lo que es un ultimátum” para sus ocupantes.

“Se maquilla un poco la amenaza con recomendación porque no se están ofreciendo alternativas dignas y atractivas para las personas. La gente no está eligiendo realmente ese realojo; lo que se está encontrando es con una situación de ultimátum de ‘esto va a ir abajo, tienes 15 días, te puedes venir con nosotros a nuestros módulos o te puedes buscar la vida”, ha afirmado.

Ha señalado diferencias con la provincia de Huelva, ya que su acción se centra en un único municipio con un “gran territorio”, por lo que les toca “lidiar a diario” con una única administración, y ha negado que en dicho lugar haya temporeros porque en esta zona hay “trabajo prácticamente todo el año”.

“Las personas que habitan en los asentamientos de nuestro territorio, así como los que están llegando, vienen porque todo el mundo sabe que en Níjar se puede encontrar trabajo por largo plazo y sin documentación. Por lo que estas personas que viven en los asentamientos, bajo nuestro punto de vista, son vecinos, de pleno derecho, o por lo menos deberían serlo”, ha aseverado.

Otra clave, según Sánchez, que les diferencia con la realidad que se vive en Huelva, es que en el territorio de Níjar el 85 % de las personas que viven en asentamientos son hombres, lo que hace que "ese 15 % de mujeres que sobreviven en ellos sean doblemente vulnerables y doblemente víctimas de desprotección, tanto de puertas adentro del asentamiento, donde se encuentran rodeadas de hombres, como hacia afuera”, ha argumentado.

Ha lamentado que desde las administraciones se intente “estandarizar” las alternativas y soluciones para los asentamientos.

Se ha referido también a los problemas de empadronamiento, aunque ha mantenido que los servicios sanitarios realizan un “gran trabajo” y atienden “a muchísimas más personas de las que realmente les corresponden por dotación económica y de personal”, de forma que Salud les ha trasladado que atendían a unos 40.000 migrantes, cuando están empadronados unos 30.000.

No obstante, ha detallado que uno de los principales problemas para acceder a estos servicios es la falta de transporte público y las distancias, a la vez que ha resaltado los problemas de salud derivados de la falta de agua corriente, higiene y acumulación de basura.

Ha recordado además que en Níjar el año pasado se llevó a cabo el “desastroso” desalojo del poblado del ‘Walili’, en el que residían 500 personas a las que se les ofreció una alternativa habitacional que iba a estar lista “en los 15 días posteriores”.

“Un año y diez meses después, estos alojamientos transitorios continúan vacíos. Y una veintena de aquellas personas que se desalojaron en aquel momento permanecen aún en esos recursos de emergencia, que no estaban pensados para más de un mes”, ha concluido.

Mínima esperanza

El director general de Andalucía Acoge, José Miguel Morales, ha afirmado, por su parte, que existe un “horizonte de mínima esperanza” para los migrantes gracias al primer plan estratégico de la Junta de Andalucía para erradicar los asentamientos en las provincias de Almería y Huelva, si bien ha precisado que aún “no se conoce una sola coma” del mismo.

A pesar de ello, ha valorado que “por primera vez” en tres décadas algunas administraciones han reconocido que son competentes en esta materia y se han implicado en dar una solución a estas personas. “Esto es un paso muy importante”, ha mantenido Morales, quien sostiene que cuando su entidad iba a un despacho a reclamar soluciones, la respuesta era siempre que “la administración no era competente”. “Ya nunca más la administración podrá decir que no es competente”, ha afirmado.

Ha destacado iniciativas del Ministerio de Derechos Sociales y, especialmente, el plan de erradicación de asentamientos de la Junta de Andalucía, un “paso fundamental” al ser la comunidad autónoma el “agente prioritario” para impulsar cualquier medida.

“Hay que decir también que, año y medio después, no se ha conocido ni una coma de ese plan. Se ha anunciado varias veces que hay actuaciones preparatorias, que se está en fase de elaboración. Sí ha habido algunas actuaciones de consulta de entidades sociales sobre qué contenido debería tener ese plan, pero lo cierto es que todavía ese plan no es público, no está elaborado”, ha advertido.

Por ello, a pesar este ligero “optimismo” ha dicho que a Andalucía Acoge le preocupa que esta iniciativa pueda quedarse paralizada y nunca llegue a completarse.

También ha destacado otras “pequeñas iniciativas” como la apertura de un albergue en Lepe (Huelva), que “puede apuntar al camino de una solución”.

Propuestas

Entre las propuestas de actuación, Andalucía Acoge insta a reforzar la coordinación entre todos los agentes clave; garantizar el acceso al padrón cumpliendo con la ley de bases de régimen local; “cambiar la lógica” de los desalojos por realojos que vayan acompañados de una “alternativa habitacional digna”, y acometer medidas de urgencia para facilitar el acceso a recursos básicos como el agua, la electricidad y el transporte.

También piden diferenciar las actuaciones dirigidas a las personas que viven de manera estable en los asentamientos (necesidad de viviendas estables) de aquellas dirigidas a las personas que están de manera temporal durante la campaña; además de reforzar la construcción de recursos habitacionales y ampliar el parque de viviendas sociales.

Por último, solicitan programas de apoyo a la inclusión social y cultural, aumentar las inspecciones de trabajo en las explotaciones agrícolas, promover una regulación especial de las personas que se

encuentran actualmente trabajando de manera irregular, campañas de información y sensibilización, y crear canales y recursos de denuncia, entre otros.