Las agresiones a sanitarios crecen un 75% en el último año y superan las 160 en Almería

Las agresiones a profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) crecieron un 19% en 2024 respecto al año anterior en la comunidad, un incremento muy inferior al que ha experimentado la provincia de Almería con más de 160 episodios que suponen un 75% más. En Andalucía se han contabilizado 1.866 agresiones de las que 362 fueron físicas, según queda constatado en los resultados presentados este jueves por el SAS en la mesa técnica de prevención de riesgos laborales. En Almería se han registrado en el último ejercicio 161 denuncias de agresiones al personal sanitario, de las que 20 fueron físicas y 141 psicológicas y verbales. Desde la administración andaluza se interpreta este incremento generalizado en los centros de salud y hospitales de la región como una mayor sensibilización y conocimiento del propio Plan de Prevención y Atención a las Agresiones, además del papel clave del profesional guía, que acompaña a la persona agredida desde el momento de la agresión.

El número de ataques que han sufrido los profesionales de la sanidad pública en Almería ha pasado de 92 en 2023 a los 161 de 2024, un notable incremento que también se asocia a la incorporación del hospital universitario de Poniente a la estadística porque con anterioridad era una agencia sanitaria y no computaba en el registro de la Consejería de Salud y Consumo al no formar parte de la estructura del SAS. Aún así, Belén Granados, responsable provincial del Sector Sanidad del CSIF, ha asegurado que aunque el aumento se corresponda con esta causa, "esta escalada de violencia es inadmisible y son verdaderamente preocupantes las elevadas cifras de agresiones, tanto físicas como verbales, que sufre el personal de la sanidad en Almería". A juicio de la representante de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, "es completamente prioritario buscar soluciones de manera inmediata”.

Desde el Sector de Sanidad de CSIF se reitera la necesidad de poner en marcha de manera urgente un régimen sancionador contra las agresiones al personal sanitario ante el aumento de episodios violentos durante el último año. Según estos datos en el ámbito regional, el año pasado se registraron 1.866 agresiones al personal del SAS, lo que supone un 19,3% más respecto a las 1.564 que se denunciaron en 2023. Belén Granados recuerda que la organización lleva años reivindicando medidas disuasorias para frenar este tipo de situaciones que son “una lacra de gran calado para el personal de nuestra sanidad pública, en tanto que atentan contra su integridad física y moral”. En este sentido, CSIF ha urgido a la Consejería de Salud y Consumo a que cumpla sus compromisos y materialice el régimen sancionador, tal y como anunció la anterior responsable del departamento hace más de un año y que, sin embargo, aún no cuenta ni con un borrador.

CSIF Sanidad reclama la creación del Observatorio de Agresiones a Profesionales del SAS, que ya superó el periodo destinado al trámite de audiencia pública sin ninguna noticia posterior sobre su desarrollo. “Este observatorio serviría como foro de aportación de ideas, de debate y de análisis de las medidas que se pongan en marcha con el objetivo de acabar con la violencia contra las y los profesionales de la sanidad andaluza”, argumentan desde el sindicato. De igual manera, está pendiente la revisión anual del Plan de Prevención y Atención frente a Agresiones a Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía. “Es importante concienciar a los profesionales de que las faltas de respeto, insultos y amenazas también son agresiones y, por tanto, deben denunciarlas”, explican desde el Sector de Sanidad, “por lo que desde CSIF intentamos hacer pedagogía al respecto de forma continua con diferentes campañas de información y sensibilización entre la plantilla del SAS”.

Ataques por provincias y perfiles

Según lo establecido en el plan, los supuestos de violencia física o amenazas graves provocadas por pacientes psiquiátricos o con deterioro cognitivo se considerarán como agresión. No obstante, se ha establecido un sistema para que puedan filtrarse y recibir un tratamiento diferenciado, tanto en el registro como en las actuaciones posteriores que se lleven a cabo. El 20,3% cometidas por personas con problemas de salud mental. Del total de agresiones registradas, el 20,3% son cometidas por personas con problemas de salud mental o deterioro cognitivo, porcentaje que asciende al 51,6 % cuando se trata de agresiones físicas. Por provincias, Almería registró 20 agresiones físicas y 141 no físicas; Cádiz 61 físicas (282 no físicas); Córdoba, 36 físicas (126 no físicas); Granada 45 físicas (149 no físicas); Huelva, seis físicas (60 no físicas); Jaén, 24 físicas (120 no físicas); Málaga, 69 físicas (249 no físicas), y Sevilla, 101 físicas (378 no físicas).

Por sexos, son las mujeres las más agredidas (el 72,45 % del total), y casi el 80 % de agresiones se da al personal sanitario, principalmente profesionales de la medicina y la enfermería. Según el Registro Informático de Agresiones de Centros, en 2024 hubo un total de 362 agresiones físicas (19,4 % del total) y 1.504 no físicas a profesionales de los centros sanitarios públicos de Andalucía. Del total de agresiones registradas, 1.866, el 47,48% fueron en hospitales y el 52,52% en centros de Atención Primaria. En cuanto a las causas de los actos violentos contra el personal del SAS, estos se producen por causas relacionadas con demandas del usuario (un 53,98% en Atención Primaria y un 20,43% en el ámbito hospitalario), por desacuerdo con el trato o conducta en el acto profesional (14,08% en centros de salud y el 21,22% en hospitales), por desacuerdo con las normas de funcionamiento del centro (12,04% en Primaria y el 19,75% en Hospitalaria), sin causa aparente (7,04% en Primaria y el 18,17% en Hospitalaria) y, por último, por disconformidad con el tiempo de atención en el centro (un 6,84% en Atención Primaria y el 7,34% en hospitales).

Por último, para el sindicato también es necesario contar con más personal de seguridad en los centros sanitarios como medida de prevención. CSIF ha subrayado que “para frenar la escalada de violencia contra el personal de la sanidad también es necesario contar con más profesionales en centros de salud y en hospitales, aunque ya sabemos que la consejera no está por la labor como demuestra su incumplimiento del Pacto de Atención Primaria, que contempla el refuerzo de las plantillas”, ha lamentado Belén Granados, que ha añadido que “nada justifica una agresión, pero es una realidad que el incremento de personal redundaría en la calidad de los servicios prestados y, probablemente, ayudaría a disminuir los casos de agresiones”.

Régimen sancionador en elaboración

La Consejería de Salud está preparando un régimen sancionador que se integrará en la próxima Ley de Salud y, en consonancia con la condición de autoridad pública del personal sanitario, recogerá un régimen de infracciones y sanciones frente a agresiones en el ámbito sanitario. Entre tanto, el SAS ha destacado que, junto a la apuesta por la formación y la capacitación, se están implementando en los centros sanitarios muchas medidas de seguridad. Actualmente, cuentan con más de 53.700 dispositivos de seguridad de distinto tipo, entre los que destacan más de 4.400 cámaras de seguridad, más de 35.000 dispositivos de aviso en consultas y más de 7.500 alarmas individuales, un nuevo dispositivo que parece ejercer un efecto disuasorio hacia el agresor y una mayor rapidez de actuación entre compañeros y vigilantes de seguridad.

El plan habilita también canales ágiles y rápidos para que la persona que sufre una agresión ya sea verbal o física, no esté sola momentos después de ser agredida. Además, se facilita atención psicológica durante el tiempo que sea necesario y asesoría jurídica para quien decide denunciar. La agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública es considerada delito de atentado por los tribunales de justicia, y así se han dictado sentencias en diferentes casos con penas que oscilan entre los 12 meses y los 3 años de prisión. De hecho, durante 2024, los letrados del SAS han realizado 197 asistencias, logrando 94 sentencias condenatorias, 34 de ellas tipificadas como delito de atentado.