25 agresiones al mes a policías y guardias civiles en la provincia de Almería

El reciente episodio de violencia que sufrió un agente de la Policía Local de Cuevas del Almanzora cuando trataba de mediar en una pelea entre dos adolescentes en las inmediaciones de un centro educativo y fue agredido por un padre y su hijo no es ni mucho menos un hecho aislado, ni una excepción, es una dura y cruda realidad cada vez más presente en la vida de los que nos protegen. Las agresiones físicas y verbales a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y funcionarios públicos en la provincia de Almería han crecido un 45% en la última década (entre 2012 y 2022) y los delitos de atentado a la autoridad alcanzaron el pasado año su cifra más alta de la historia con un total de 293 hechos denunciados. El incremento exponencial pasaría desde los 202 casos conocidos en 2012 y 189 en 2013 a los cerca de 300 del último ejercicio.

Más de 2.600 atentados a la autoridad con intimidación grave o violencia en el cómputo global de la última década incluyendo los 216 casos que se han contabilizado este año hasta octubre. Las cifras no dejan lugar a dudas. En el último año en Almería ha sido casi 25 atentados contra la autoridad al mes, 35 al día en el territorio nacional. De hecho, España (al igual que la provincia) alcanzaba en 2022 la cifra más alta de agresiones a policías y guardias civiles de los últimos quince años con más de mil cada mes: 12.840. Un total de 9.239 ataques contra policías nacionales y otros 3.604 contra guardias civiles.

Una cascada de episodios violentos

A finales de noviembre también sufrían un ataque desproporcionado dos guardias civiles del cuartel de Roquetas cuando trataron de auxiliar a un detenido que se autolesionaba en los calabozos. En aquella ocasión el joven agresor, que les provocó heridas por las que tuvieron que recibir asistencia médica, había salido de la cárcel provincial de El Acebuche el 30 de octubre y en menos de un mes cometía dos robos, agredía a los agentes y era devuelto nuevamente en prisión. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Roquetas condenaba a mediados de septiembre a a A.Z.E.B, un delincuente con un amplio historial delictivo, por su violenta agresión contra un guardia civil en su domicilio y en presencia de su familia a mediados de septiembre.

Apenas ocho meses de prisión por un delito de atentado a agente de la autoridad y 22 días de multa a razón de una cuota de 3 euros por un delito leve de lesiones, así como a una indemnización de 600 euros por las heridas causadas y 152 más por otros perjuicios de su ilícito actuar. El fallo también establecía la prohibición de acercarse a menos de 500 metros del denunciante, su mujer e hijos, el domicilio, centro de trabajo o estudios de cualquier integrante de la familia, así como la imposibilidad de comunicarse directa o indirectamente por cualquier medio telefónico, escrito o telemático por un periodo de dos años. En el momento de la agresión al agente salió uno de sus hijos de la vivienda y el delincuente le advirtió: "A ese que está ahí, a tu hijo, lo voy a matar y matarte a ti vale 5.000 euros".

Un mes antes, seis presuntos miembros del 'Antas Klan', un grupo xenófobo en el punto de mira por promover el odio hacia el colectivo de ciudadanos magrebíes, eran detenidos por la Guardia Civil acusados de una brutal agresión a agentes de la Policía Local de la localidad en el transcurso de las fiestas de la pedanía de Aljariz. A los arrestados se les imputaron los delitos de atentado a agente de la autoridad, resistencia y desobediencia y alteración del orden público, y a tres de ellos además un delito de amenazas. También en agosto un juez de Almería imponía condenas que suman dos años de prisión (12 meses por delito contra la autoridad y 12 por el de lesiones) a tres hermanos que agredieron a cuatro agentes de la Guardia Civil durante las fiestas de Cuevas en noviembre de 2019. Estas penas impuestas fueron suspendidas durante el plazo de dos años a condición de que no vuelvan a delinquir, pero dos de los agentes necesitaron 25 y 61 días para curarse de las heridas.

Una de las sentencias más contundentes, por la gravedad de los hechos juzgados, llegaba en enero de 2022 cuando la Audiencia Provincial de Almería imponía penas que sumaban 23 años y medio al acusado de agredir sexualmente e intentar matar a una agente de la Guardia Civil después de colarse en su vivienda de la Urbanización de Roquetas. Los hechos se remontan a una madrugada de principios de marzo de 2020 y poco después del suceso fue detenido e ingresado en prisión provisional y sin fianza.

Asociaciones piden más protección y contundencia

Las asociaciones de Guardia Civil y sindicatos de Policía Nacional llevan años alertando sobre el preocupante incremento de las conductas violentas hacia los agentes que cada vez son menos respetados por determinados segmentos de la población. Son víctimas de insultos, amenazas y ataques por el mero hecho de dedicarse a la defensa de las libertades y derechos de la ciudadanía en el mantenimiento del orden público, una situación de indefensión totalmente inmerecida e inasumible por el Estado de Derecho que requiere de medidas excepcionales por parte del Ministerio del Interior tanto en la protección y seguridad de los agentes como en el endurecimiento de las condenas que actualmente contemplan penas de prisión de 1 a 4 años y multa de 3 a 6 meses para el atentado a la autoridad y de 6 meses a 3 años de cárcel cuando sean funcionarios públicos.

La Confederación Española de Policía lanzaba hace unos meses la campaña 'Tiene Delito' con el objetivo de dar a conocer esta realidad a la sociedad y reclamar el refuerzo inmediato de la protección física y jurídica de los agentes frente a la deriva de los últimos tiempos. La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) es una de las organizaciones que más está presionando para que el Gobierno tome cartas en el asunto y reconozca a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como profesión de riesgo. No entienden que policías locales, mossos d'esquadra y ertzainas tengan ese reconocimiento laboral del que carecen policías nacionales y guardia civil y también consideran imprescindible el endurecimiento del Código Penal para recuperar el principio de autoridad.

"Los ataques a los compañeros son cada vez más frecuentes en la provincia, es raro la semana en la que no se produzca alguna agresión", reconoce Víctor Vega, portavoz de la AUGC. Desde esta entidad lamentan que los agresores en muchas ocasiones sean puestos en libertad a las pocas horas de su atentado porque el reproche penal es mínimo. "No es comprensible que el agresor esté en la calle mientras la víctima está todavía hospitalizada o recuperándose de las lesiones". Las asociaciones de Guardia Civil critican la falta de un protocolo claro ante las situaciones de violencia inusitada que surgen cada vez con más frecuencia y solicitan al Ministerio del Interior pistolas táser, cámaras corporales y fundas antihurto para evitar agresiones como la vivida recientemente en Chiclana de la Frontera. Además, entienden que es necesaria la activación del seguro de responsabilidad civil previsto en su normativa interna y la emisión de instrucciones claras a la Fiscalía para acusar en este tipo de delitos al alza.

Penas del delito de atentado a la autoridad

El delito de atentado a la autoridad, los agentes y funcionarios públicos es del tipo doloso y se requiere que las víctimas se encuentren en el ejercicio de sus funciones. Un dato que muchos desconocen es que se incluyen en este colectivo a docentes y personal de centros sanitarios. Es importante poder diferenciar entre la resistencia y el atentado porque sus penas son diferentes. Según lo establecido por el Tribunal Supremo, es necesario evaluar en detalle la conducta del sujeto activo, así como la gravedad de su oposición física ante una orden de la autoridad. Las penas difieren según se establezca se han cometido conductas típicas o se acredite el modo agravado del delito:

• Conducta típica contra la autoridad: el reo será penalizado con prisión de 1 a 4 años y multa de 3 a 6 meses.
• Conducta típica contra autoridad del Gobierno, Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, Senado, Asambleas Legislativas, Diputados, Corporaciones Locales, Ministerio Fiscal, Consejo General del Poder Judicial, Magistrado del Tribunal Constitucional, juez: la pena será de prisión de 1 a 6 años y multa de 6 a 12 meses.
• Conducta típica contra agentes o funcionarios públicos: los condenados serán sancionados con prisión de 6 meses a 3 años.
• Delito agravado de atentado a la autoridad: se impondrá a los reos las penas superiores en grado previsto para el delito.