Agentes de la autoridad y funcionarios públicos sufren cada semana seis agresiones en Almería

Diez días estuvieron en prisión dos inmigrantes argelinos por agredir de forma salvaje a los agentes de la Policía Nacional en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) del Puerto de Almería. En una vista rápida en el Juzgado de Instrucción número 3 de la capital que se celebró a principios de febrero, se ordenaba su puesta en libertad con penas de año y medio de prisión y multa de dos meses para cada uno por los delitos de lesiones y atentado a la autoridad en virtud de un acuerdo de conformidad con la Fiscalía. El violento episodio causó lesiones a tres policías, de los que uno tuvo que pasar por el quirófano con una rotura del ligamento cruzado y la fracción de la tibia. El 20 de enero se registraba en la calle Tarrasa otro altercado en el que varios agentes de la Policía Nacional fueron agredidos en el desahucio de Juan, okupa español de 35 años, que los recibió con un absoluto desprecio a su integridad física y al principio de autoridad pese a no tener antecedentes.

El Juzgado de lo Penal nº 4 dictaba poco después una condena de un año de prisión y multa de 1.280 euros por desatar una espiral de violencia desproporcionada que hizo necesaria la intervención de tres dotaciones y el uso de espray de gas de pimienta porque no era posible engrilletarlo. Y hace tan sólo unos días, una patrulla de la Guardia Civil fue atacada con vehemencia por una persona alterada que amenazaba e insultaba a los propietarios de un estanco. Cuando iban a cachearlo porque comprobaron que tenía un señalamiento de búsqueda y podía portar algún arma, se rebeló para impedirlo de forma reiterada y con agresividad, empujó a los agentes y acabó a mordiscos y tirones que causaron lesiones en el hombro derecho a uno de los funcionarios. Sindicatos y asociaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Almería lamentan que este tipo de comportamientos violentos hacia los agentes hayan dejado de ser episodios puntuales y su evolución en la provincia ha puesto de manifiesto esta pérdida del principio de autoridad.

Las agresiones físicas y verbales tanto a los policías nacionales y locales y guardias civiles, así como al resto de funcionarios públicos, no han dejado de crecer y en los últimos dos años han superado la barrera de los 300 hechos conocidos. Esto supone un incremento de un 85% en la última década al pasar de 171 en el año 2014 a 317 y 304 en 2024 y 2023. Si se retrocede a principios de siglo, la diferencia es todavía más significativa y las denuncias se incrementan un 150% desde las 125 que se contabilizaron en 2004. Los datos que recoge el sistema estadístico de criminalidad en el último ejercicio, que ha facilitado a este periódico la Secretaría de Estado de Seguridad, se traducen en una media de 6 infracciones penales cada semana y en torno a 25 cada mes en Almería por atentado contra la autoridad, agentes o funcionarios públicos. Entre los años 2004 y 2024 se han registrado 4.519 incidentes en la provincia relacionados con este delito tipificado en los artículos 550 a 554 del Código Penal como la agresión o grave oposición de resistencia (con intimidación grave o violencia) a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos en el desempeño de su ejercicio.

Casi 2.500 episodios en la última década

La mayoría de actitudes violentas se dirigen a los efectivos policiales, pero también sufren agresiones los trabajadores de la prisión de El Acebuche, los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en su batalla contra el narcotráfico y petaqueo y el personal sanitario en centros de salud y hospitales (8 denuncias en 2024). Entre los ejercicios 2015 y 2024 se han contabilizado casi 2.500 atentados contra la autoridad y la cifra anual presenta oscilaciones, si bien se han mantenido desde 2017 por encima de los 200 casos y ya llevan dos años superando las 300 denuncias. A nivel nacional, el incremento de esta estadística también ha sido significativo con más de mil hechos conocidos cada mes y una media de 35 cada día. Las asociaciones de Guardia Civil y sindicatos de Policía Nacional llevan años alertando sobre esta alarmante escalada de conductas violentas hacia los agentes que son víctimas de insultos, amenazas y agresiones en las calles de Almería por el mero hecho de dedicarse a defender las libertades y derechos ciudadanos y al mantenimiento del orden público, una situación de indefensión, tanto inmerecida como inasumible por el Estado de Derecho, que está propiciando un hartazgo en las plantillas.

Representantes de colectivos de policías y guardias civiles piden al Ministerio del Interior medidas excepcionales para la protección y seguridad de los agentes como en el endurecimiento de las condenas. “No es comprensible que el agresor esté en la calle mientras la víctima está todavía hospitalizada o recuperándose de las lesiones”, asegura el portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Almería, Víctor Vega. Entienden que el reproche penal debería ser mayor en respuesta a la tendencia al alza de estos comportamientos porque un importante número de estas infracciones penales se quedan por debajo de los dos años necesarios para que se dicte el ingreso en prisión. Víctor Vega, portavoz de AUGC, insiste en la necesidad de catalogar como profesión de riesgo a los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, un reconocimiento laboral que si tienen las policías locales, mossos d’esquadra y ertzainas.

Penas del delito de atentado a la autoridad

Se incurre en este delito cuando se quebranta el respeto al principio de autoridad y al buen funcionamiento de los servicios públicos, cuando se agrede, intimida gravemente o se opone resistencia activa a un funcionario, autoridad o agente en el ejercicio de sus funciones. El delito de atentado a la autoridad, los agentes y funcionarios públicos es del tipo doloso y se requiere que las víctimas se encuentren en el ejercicio de sus funciones. Un dato que muchos desconocen es que se incluyen en este colectivo a docentes y personal de centros sanitarios. Es importante poder diferenciar entre la resistencia y el atentado porque sus penas son diferentes. Según lo establecido por el Tribunal Supremo, es necesario evaluar en detalle la conducta del sujeto activo, así como la gravedad de su oposición física ante una orden de la autoridad. Las penas difieren según se establezca se han cometido conductas típicas o se acredite el modo agravado del delito:

• Conducta típica contra la autoridad: el reo será penalizado con prisión de 1 a 4 años y multa de 3 a 6 meses.
• Conducta típica contra autoridad del Gobierno, Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, Senado, Asambleas Legislativas, Diputados, Corporaciones Locales, Ministerio Fiscal, Consejo General del Poder Judicial, Magistrado del Tribunal Constitucional, juez: la pena será de prisión de 1 a 6 años y multa de 6 a 12 meses.
• Conducta típica contra agentes o funcionarios públicos: los condenados serán sancionados con prisión de 6 meses a 3 años.
• Delito agravado de atentado a la autoridad: se impondrá a los reos las penas superiores en grado previsto para el delito.