Afectados del Puerto de Carboneras presentan otro contencioso contra el Tribunal de Contratos de la Junta

La Asociación Afectados por el Puerto de Carboneras ha presentado un nuevo contencioso en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía contra la resolución del 27 de septiembre del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta en la que se inadmite el recurso especial interpuesto contra la modificación del contrato de concesión de obra para la reordenación y explotación de los servicios náutico recreativos, auxiliales y complementarios (expediente 2018/322) en el verano de 2021. La plataforma ciudadana ha solicitado como medida cautelar la paralización del inicio de obras en tanto no se resuelva definitivamente el pleito principal, al igual que había hecho contra el acuerdo firmado por la Agencia Pública de Puertos de Andalucía y Marina San Andrés, al entender que implica cambios sustanciales que "se hicieron de espaldas al sector deportivo" por el aumento de la flota pesquera, sin el informe jurídico preceptivo e incumpliendo varios requisitos establecidos en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. 

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada tendrá que resolver en un plazo de cinco días si acepta esa petición de cautelares sobre la inadmisión de un recurso especial en materia de contratación que presentó ante el Tribunal de Recursos Contractuales el presidente de la Asociación Afectados por el Puerto de Carboneras, Joaquín González, el pasado 24 de septiembre. El abogado José Ignacio Domínguez ha avanzado a este periódico que si se rechaza esta demanda en el tribunal andaluz, no tendrán más remedio que acudir al Supremo. Es el segundo frente judicial que mantienen abierto después del varapalo recibido mediante el auto 502/2024 de 11 de octubre del TSJA, que avanzó ayer Diario de Almería en exclusiva, que desestima su petición de paralizar cautelarmente el inicio de los trabajos a la espera de que se resuelva la demanda inicial que presentaron este verano contra el contrato autorizado por la entidad dependiente de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda. 

La concesionaria seguirá cobrando

La asociación ha presentado alegaciones, mediante recurso de reposición, contra la resolución del alto tribunal andaluz que manifestó que impedir el inicio de las obras conllevaría una "grave perturbación del interés general" y que, sin embargo, la continuidad de las actuaciones previstas por la concesionaria no haría perder su "finalidad" al recurso que sigue abierto contra la modificación del acuerdo. "Si la Sala acuerda suspender el inicio de las obras no se le causaría ningún perjuicio al interés público, pero tampoco a la concesionaria que seguirá ingresando 200.000 euros al año sin gasto alguno", recoge el documento. Los afectados esgrimen en relación a la argumentación del TSJA, en la que indica que con la inadmisión de su petición de impedir los trabajos no pierde finalidad el recurso principal, que si se permite al contratista que comiencen las obras ya será imposible que se sometan a licitación como exige la Ley de Contratos del Sector Público y tampoco será factible la anulación del expediente de modificación del contrato porque ya estarían ante hechos consumados. 

Recuerdan que la concesionaria ha remitido al Club Náutico Isla San Andrés una carta en la que anuncia que ha interpuesto una demanda de desahucio para que abandonen las oficinas del puerto debido al inminente inicio de las obras y que "va a recolocar barcos en otro lugar inexistente del recinto sin permiso de los dueños", lo que a juicio de la plataforma ciudadana podría ser constitutivo de un delito de coacciones. En cuanto al segundo argumento del auto del TSJA, los afectados indican en su alegación que no se justifica en el auto en qué consistiría ese perjuicio al interés público porque no están solicitando que no se ejecuten las obras sometidas legalmente a licitación, sino que no se permita la "modificación sustancial e ilícita" del proyecto que se adjudicó en septiembre de 2019. 

Reducción de los amarres

Este colectivo que el domingo volvió a manifestarse en el puerto insiste ante el TSJA en que los cambios previstos en el nuevo acuerdo aprobado en mayo de este año "benefician enormemente a la mercantil concesionaria" con un "aumento desmesurado" en los precios de los amarres y una reducción "sustancial e injustificada" de los atraques de los barcos de menor eslora frente a los de mayor tamaño. En este sentido, en el recurso de reposición presentado a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada aseveran que el nuevo proyecto que han recurrido reduce el número de amarres de 6 metros de 96 a tan sólo 29. Los amarres de 8 metros pasan de 60 a 29 y, sin embargo, los de 15 metros se incrementan de los 6 licitados inicialmente hasta los 21. 

"El interés puramente crematístico de la mercantil concesionaria se acredita al observar el lamentable estado de abandono en que se encuentra el puerto donde ya se han hundido dos embarcaciones por tener los amarres defectuosos. Previsiblemente se producirán más hundimientos, pero el mayor peligro está en el pantalán donde ahora se amarran 52 barcos", apostillan en el escrito que va acompañado de un reportaje fotográfico. La Asociación Afectados por el Puerto de Carboneras asegura que la concesionaria "no ha revisado ni una sola vez las sujeciones del pantalán flotante que tiene las cadenas oxidadas y desgastadas, por lo que cualquier temporal de poniente puede romperlas y lanzar a las 52 embarcaciones amarradas al pantalán contra las que están amarradas en la escollera". Este colectivo asegura que han pasado más de diez años sin supervisar ni cambiar los anclajes: "Ya están oxidados y desgastados".