Venta ilegal de 'casas' en El Puche

El mercado ilegal de viviendas en El Puche es más que un rumor, pero la demanda que los vecinos y colectivos de El Puche plantearon al Defensor del Pueblo Andaluz va más lejos aún. En ella queda reflejada una fórmula ilegal de hacerse con dinero 'fácil' a través de la venta de locales que son propiedad de la administración. Jesús Maeztu acudió al barrio con la intención de ser consciente por las dificultades y reivindicaciones de los vecinos y se encontró con un caso que debe crear precedente. El objetivo es subsanarlo e iniciar una transformación.

Según relata la diligencia presentada de oficio a raíz de los relatos de los vecinos, en el barrio se han ocupado unos bajos propiedad de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), propiedad de la Junta, en los edificios principales de la zona Puche Sur, que fueron inicialmente diseñados como locales de reunión para los representantes de las comunidades de vecinos y, posteriormente, fueron usados como garajes de los vecinos. En expediente se relata que con la llegada masiva de más personas al barrio, en particular, de inmigrantes marroquíes, "se comenzaron a vender dichos locales aun sin título de propiedad a distintas familias". Hoy están todas ocupadas por unidades familiares, algunas de ellas, numerosas, prácticamente en su totalidad con menores y sin ningún tipo de condiciones de seguridad o salubridad. La diligencia detalla que "hacen sus necesidades en la calle o en retretes improvisados, con conexión al alcantarillado. Enganchan luz del alumbrado público con instalaciones muy precarias, que dejan a la vista cables empalmados sin ningún tipo de cobertura. Las ratas por la noche pasean por el callejón cubierto sin control de ningún tipo".

En la actuación de oficio queda expreso que a la vista de cuanto antecede, y teniendo en cuenta que en los hechos descritos se pueden ver implicados derechos constitucionales y estatutarios como el de la dignidad de la persona, el derecho a la integridad física, el derecho a la salud pública, a la vivienda digna y adecuada, la especial protección que el ordenamiento jurídico otorga a las persona menores de edad, a un medio ambiente adecuado etc, consagrados, entre otros, en los artículos 10, 15, 39, 43, 44 y 47 de nuestra Norma Suprema, se incoa la presente queja de oficio ante la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía a fin de investigar los hechos constatados y conocer las posibles soluciones para corregir la situación creada.

El Defensor solicitó información sobre esta situación, así como la fecha en la que empezaron a producirse las ocupaciones de los locales y qué medidas se están poniendo en marcha. También se ha interesado por saber si existen actuaciones de intervención social con las familias afectadas, especialmente en lo que a necesidad de vivienda se refiere, y si están registradas e identificadas como demandantes de vivienda protegidas. El Defensor tuvo ocasión de conocer personalmente esta situación durante su visita a este barrio almeriense el pasado mes de octubre, invitado por la Mesa Comunitaria del Puche . Durante el encuentro, la entidad le trasladó los principales problemas del barrio y denunció la "falta de respuesta" de las administraciones públicas, sobre todo en cuestiones relacionadas con la limpieza del río Andarax, la vivienda, la salubridad, el alumbrado público, las deficiencias del viario y la mejora de los equipamientos, entre otros aspectos. Para el Defensor Andaluz, la situación concreta del uso de estos locales como viviendas "reviste serio peligro para sus moradores, sobre todo para los menores que allí viven, al carecer de las condiciones adecuadas de seguridad y salubridad".