La Torre de Control del Puerto de Almería podría convertirse en un negocio de altura

Son 51 metros de altura, una verticalidad sin duda de impacto pero, sobre todo, su ubicación y las vistas del mar abrazando la ciudad han hecho que la Torre de Control se quede al resguardo de los próximos derribos que la Autoridad Portuaria de Almería (APA), tiene planeado para este Muelle de Levante, pieza esencial de maremágnum de proyectos a desarrollar para abrir la ciudad al Mediterráneo. Esto es, el Puerto-Ciudad, que elevará anclas este mismo año. La idea de la Autoridad Portuaria es conservar la Torre de Control, de relativa reciente construcción –fue inaugurada en 1997–, por ser referente visual de la ciudad de Almería y destinarla al uso público, entendiéndola como un elemento estratégico de integración urbana de la capital y el Puerto, y un futuro gancho turístico.

El planteamiento de la APA sería sacar a concesión administrativa esta pieza que fue diseñada por el arquitecto Luis del Rey como el remate del edificio, de tres plantas, de Capitanía Marítima y Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar) objeto de liberar el espacio en favor del Puerto-Ciudad y la reapropiación ciudadana del Muelle de Levante como zona lúdica. La torre, que se consolida volcada al mar como un gigantesco “mascarón de proa” en su diseño arquitectónico, saldrá pues a concurso, si bien el destino concreto aún no ha trascendido, salvo diferentes posibilidades como la de acomodar un restaurante y otro tipo de negocio hostelero o incluso la de permitir apartamentos en un hipotético –aún– hotel singular.

Los próximos meses despejarán las incógnitas sobre este otro referente de altura que acompañará al exitoso paseo peatonal sobre el Cable Inglés, Bien de Interés Cultural que espera su última fase de obras para, entre otras estancias como salas de exposiciones, ofrecer un restaurante-cafetería. Antes, eso sí, la APA ha de resolver la fórmula jurídica con la que poder materializar el acuerdo alcanzado el martes en Madrid por su presidenta, Rosario Soto, para recuperar la cesión de uso del suelo y el traslado de la sede de Capitanía Marítima y Sasemar a otro lugar con los requisitos funcionales exigidos.