Suspenden el juicio en Almería contra el patrón de una patera que quedó a la deriva
Tribunales
La suspensión se ha acordado después de que uno de los abogados personados en la causa haya comunicado que se encuentra enfermo
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Almería/La Sección Tercera de la Audiencia de Almería ha suspendido este martes la vista oral contra un magrebí que se enfrenta a siete años de cárcel por patronear una patera que quedó a la deriva con 22 personas a bordo, entre ellas cinco menores.
Fuentes judiciales han indicado a EFE que la suspensión se ha acordado después de que uno de los abogados personados en la causa haya comunicado que se encuentra enfermo, por lo que tendrá que señalarse una nueva fecha para el juicio.
La calificación del fiscal, a la que ha tenido acceso EFE, sostiene que entre primeros de octubre y el 23 de noviembre del año pasado, el acusado promovió con otras personas la "inmigración clandestina desde Argelia" con la "intención de enriquecerse ilícitamente".
Mantiene que cobró entre 5.000 y 7.000 euros a cada uno de los 22 inmigrantes argelinos y marroquíes, entre ellos cinco menores de edad, que se embarcaron con él en una patera que zarpó desde la costa argelina sobre las 02:00 horas del 23 de noviembre.
Subraya que el procesado no tiene la "pericia", la "capacitación técnica" o la titulación exigida para navegar en alta mar y que pese a ello patroneó y condujo la patera durante todo el trayecto con el apoyo de un teléfono móvil, toda vez que dio indicaciones a los inmigrantes de dónde debían colocarse o sobre cómo efectuar el repostaje.
Unas horas después del inicio del viaje se quedaron sin combustible, por lo que la embarcación quedó a la deriva y, debido a las condiciones meteorológicas, comenzó a entrar agua lo que, debido a la falta de medios de achique, conllevó un "grave riesgo de vuelco o hundimiento".
Finalmente, los ocupantes de la patera fueron rescatados sobre las 09:30 horas de ese día a unas 9,19 millas náuticas al sureste del Cabo de Gata.
Por estos presuntos hechos, el fiscal acusa al procesado por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, por el que reclama una pena de siete años de prisión.
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