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Almería/La petición para reabrir la causa por la muerte Ilyas T., el joven marroquí de 18 años que falleció en el centro de menores Tierras de Oria, ha sido destinada al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En concreto, a través de una carta de Brahim Echaabi, presidente del Centro Nacional de Medios y Derechos Humanos, organismo con sede en Rabat.
En dicha carta, Echaabi traslada a Sánchez la "gran preocupación y malestar por los recientes descubrimientos en torno al caso", apuntando que el chico, natural de Tetuán, fue "asesinado" a manos de cinco guardias de seguridad el pasado 1 de julio de 2019.
"En el vídeo publicado por el diario 'El País', el pasado 9 de junio, se puede observar que la muerte inhumana de Ellas Tahiri fue provocada por la violenta actuación de los guardias de seguridad, lo que contrasta radicalmente con la versión oficial que sostiene que la muerte fue 'accidental'", dice la carta a la que ha tenido acceso este periódico.
"Dadas las nuevas actualizaciones sobre dicho caso y dado que entendemos que la resolución judicial es injusta, le pedimos al presidente del Gobierno que se vuelva a abrir el caso y que se investigue la verdadera razón detrás de la muerte del menor, para así poder finalmente hacer justicia al joven marroquí", concluye Echaabi.
Cabe recordar que el recurso presentado por la familia de Ilyas T. se encuentra pendiente del informe de la Fiscalía para su resolución por parte de la Audiencia Provincial de Almería.
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han informado de que la juez del Juzgado de Purchena rechazó el recurso de reforma y ahora la causa se encuentra en Fiscalía para que informe antes de enviarla a la Audiencia para resolver el recurso de apelación, que había solicitado subsidiariamente el letrado de la familia.
El pasado mes de enero el Juzgado archivó la causa, al entender que no había indicios de responsabilidades penales por parte de los trabajadores investigados por la muerte de Ilyas T.
El abogado de la familia del joven ha presentado un recurso de reforma, subsidiario de apelación, contra el auto de archivo del Juzgado de Purchena, en el que afirma que la instrucción de la causa "quedó circunscrita a la verificación de la correcta aplicación del protocolo de contención", y al entender que existen indicios suficientes de la comisión de un delito de homicidio.
Subraya que la instructora "no ha tenido en consideración ni lo mantenido por el médico forense ni lo establecido en los protocolos oficiales y directrices de organismos públicos, sino que se ha basado únicamente en el protocolo existente en el centro de menores en dicho momento".
Un protocolo que, incide el abogado, ha sido "realizado por la empresa privada que gestiona el centro".
Asimismo, sostiene que no ha sido posible plantear a los investigados diferentes cuestiones como si antes de aplicar este protocolo se dio opción al fallecido a "calmarse" o si se trabajó con él el tiempo suficiente para evitar la "contención mecánica prolongada", o si se plantearon otras medidas "menos gravosas".
Además, mantiene que la medida de contención mecánica prolongada "fue aplicada con vulneración total y flagrante de los protocolos y directrices oficiales, ya que se realizó colocando a Ilyas boca abajo, cuando esta posición es muy peligrosa, y el informe del médico forense indica que pudo ser una de las causas que concurrieron al fatal desenlace".
Por otro lado, la Fundación Ibn Battuta, entidad que trabaja para la divulgación cultural y social entre los países árabes y Europa, se presentará como acusación popular en la investigación por el fallecimiento del joven, aunque por el momento sigue archivada.
En un comunicado, la asociación ha informado este domingo de que así debe actuar "ante la indefensión" de la familia del joven.
La Fundación Ibn Battuta sostiene que las imágenes de vídeo que se han difundido recientemente "muestran de forma muy explícita el brutal trato que recibió, desgraciadamente, muy similar al sufrido por el afroamericano George Floyd, cuya muerte puso en evidencia el racismo estructural e institucional en Estados Unidos".
Entienden los miembros de la entidad que en España "actos y actitudes claramente racistas cuesta mucho que sean percibidos como tales y, salvo las más flagrantes, tampoco merecen la atención de los medios".
"Puesto que no queremos ser cómplices del silencio generalizado de la sociedad en torno a este tipo de asuntos -apuntan- y con el objetivo de que la justicia determine si los agentes de seguridad del centro de menores actuaron con un uso excesivo de la fuerza contra un menor que no ofrecía resistencia alguna y de depurar las responsabilidades que se pudieran derivar, acudiremos a los tribunales".
La fundación cree "necesaria la reapertura de la investigación, en línea con el trabajo que activamente venimos llevando a cabo para evitar que se invisibilice la discriminación cotidiana que sufren los más vulnerables".
Por ello, se personarán ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para "presentar demanda por el cierre de las diligencias" y para que se "incoe una nueva querella contra el centro de menores y contra la Junta de Andalucía por dejar este deplorable hecho sin una respuesta judicial contundente".
En esta línea, la Fundación de Cultura Árabe en España (Funca) ha anunciado también en un comunicado que ha iniciado los trámites judiciales para personarse como acusación popular en el caso del joven. La fundación ha asegurado que en el vídeo de seguridad se ve "claramente" el trato "inhumano" sufrido por la víctima "antes de morir asfixiado".
El Defensor del Pueblo ha recomendado la abolición de las sujeciones mecánicas en los centros de internamiento de menores infractores en todo el territorio nacional, para lo que sugiere la reforma del Reglamento de la Ley Orgánica de Responsabilidad de los Menores.
En un comunicado, el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, detalla que ha formulado estas recomendaciones al Ministerio de Justicia, a la ciudad autónoma de Melilla y a la Junta de Andalucía.
Marugán cree necesario abordar de forma "rápida y radical" la derogación del apartado del reglamento de responsabilidad penal de los menores en el que se regulan las sujeciones mecánicas para acabar con estas prácticas como medio de contención en estos lugares.
Para el Defensor del Pueblo, “la práctica de la sujeción mecánica exige el uso de la fuerza, por lo que constituye siempre una situación de riesgo, estando en juego derechos tan fundamentales como el derecho a la vida y el derecho a la integridad física”.
Recuerda además que ya en 2017 publicó una "Guía de buenas prácticas en contenciones mecánicas" en la que pedía que se evitaran las reducciones a través de acciones potencialmente lesivas y abogaba por realizar maniobras previas de diálogo o desescalada con personal entrenado y formado para ello.
En este sentido, destaca que en los últimos tres años han muerto dos jóvenes en Melilla y Almería tras ser sometidos a una contención mecánica, hechos que Fernández Marugán asegura que no se pueden volver a repetir.
El Defensor apunta a que existen alternativas a la sujeción para afrontar una situación de tensión o de violencia y aboga por “técnicas no invasivas, propias de una nación civilizada y del desarrollo del conocimiento científico, que permiten abordar con éxito situaciones límite sin poner en riesgo la vida ni la integridad física de quienes han de ser sometidos a ellas”.
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