La Plataforma Solar de Tabernas ya trabaja con cinco empleados menos

La Plataforma Solar de Almería (PSA) no ha podido empezar peor el año. En realidad, ha sido tal y como se esperaba. Con menos trabajadores que en 2017. La mayoría de las plazas para empleos temporales (que se encargan de realizar proyectos en activo) todavía no se han convocado, solo se ha abierto el proceso en cuatro de ellas (pero aún no ha concluido), pero las necesarias según la dirección de la central son 12, además de otras cinco para nuevos trabajos.

Por lo tanto, la Plataforma ya tiene a cinco trabajadores menos que el 31 de diciembre del año pasado y en 1 de febrero caducan otras siete. Desde la dirección de la Plataforma han confirmado a Diario de Almería que no tienen conocimiento ninguno sobre cuándo se convocarán las plazas.

Esta es una de las consecuencias que derivan de la nueva normativa fiscalizadora impuesta por Hacienda hace dos años y que está trayendo de cabeza a algunos organismos públicos, en especial a la Plataforma Solar de Almería, que está viendo como tienen que ralentizar proyectos a pesar de tener fondos suficientes para ejecutarlos. Las trabas administrativas le están provocando auénticos quebraderos de cabeza, llevando incluso a la dimisión a su director, Sixto Malato.

La nueva reglamentación establece un control de intervención de carácter previo que se le aplica a cualquier ingreso que proceda de fuentes externas que representan el 60% de las retribuciones de la central solar. La Ley fija a los ingresos externos la misma intervención que a los públicos estatales, frenando el proceso de gastos y su justificación. Esto provoca un retraso en el tiempo de la formalización y ejecución de proyectos.

Esto provoca un retraso en el tiempo de la formalización y ejecución de proyectos. Las cuentas se ponen, de forma previa, en manos de un interventor cuyos dictados se deben cumplir antes de ejecutar cualquier proyecto sin tener en cuenta de dónde proceden los fondos, ya sean transferencias de empresas, organismos internacionales o de la misma Comunidad Económica Europea.

Esto sucede desde que el Ministerio de Hacienda puso en marcha la intervención previa en los institutos de investigación del Estado. Esto significa que cada proyecto del organismo tiene que ser analizado, no por la dirección general, si no por un interventor de Hacienda. Es una posición que se sitúa por encima fiscalizando a la dirección general.

La Plataforma es un referente internacional que miran con recelo los gobiernos de un buen número de países. Su dirección, incluso, ha recibido el prestigioso premio Rey Jaime I (la única vez que se ha entregado en Almería) y, sin embargo, es el propio Estado español quien frena su impecable labor investigadora. Es un ejemplo más del desaguisado nacional en materia científica.