Petaqueros en auge por el tirón del narcotráfico
El Servicio de Vigilancia Aduanera y Policía Nacional interceptan 24 embarcaciones en lo que va de año que suministraban combustible a las narcolanchas del hachís en Almería
La narcoeconomía está echando raíces en el sur de la península en la última década y la provincia de Almería se ha convertido, por su situación geoestratégica, en uno de los puntos más calientes de la entrada de hachís con permiso de la ruta prioritaria del Estrecho. En los últimos años se está alijando más droga que nunca en la costa del Mar de Alborán y este pujante negocio de las mafias del cannabis del norte de África requiere de la participación cada vez más activa de colaboradores a lo largo de la costa almeriense. Las planeadoras o narcolanchas de gran potencia, de hasta cuatro motores de más de 300 caballos con los que alcanzan los 60-70 nudos (entre 120 y 140 kilómetros por hora), precisan un elevado consumo de combustible y obligan al repostaje posterior al alijo para poder retornar al punto de partida.
Las organizaciones criminales están pagando hasta 300 euros por cada petaca de gasolina y han generado una nueva figura de la economía ilícita española que se denomina petaquero. Un gremio del que forman parte más de una treintena de collas de la provincia con un papel determinante en las redes del narcotráfico, pero con un reproche penal muy inferior al de los portadores que alijan la droga y las llevan hasta las ‘guarderías’ donde se almacena antes de ser distribuida en países europeos como Reino Unido, Holanda e Italia. Los petaqueros, salvo los que han aceptado cobrar en especie, están esquivando delitos contra la salud pública, pero se enfrentan al de contrabando que está sancionado con pena de prisión de uno a cinco años y multa de hasta seis veces el valor de los bienes incautados si superan los 50.000 euros. Pero en el caso poco probable de que sea inferior a esa cantidad sólo se levantará infracción administrativa.
En lo que va de año en la costa almeriense han sido interceptadas 20 embarcaciones por el Servicio de Vigilancia Aduanera partícipes de las redes del narcotráfico, tres con hachís y las 17 restantes eran petaqueras. En 2020 fueron sólo 8, de las que una portaba un alijo de estupefacientes, lo que pone de manifiesto el rápido crecimiento de un negocio que puede generar ingresos de entre 30.000 y 40.000 euros por cada trayecto, al portar de 50 a 150 petacas de 25 litros de gasolina. Las zonas más calientes se encuentran en la actualidad en los puertos deportivos y pesqueros de Adra, Almerimar, Aguadulce y la capital en los que se mantienen inmovilizadas en ciertas ocasiones las embarcaciones decomisadas sin posibilidad de uso a la espera de la sentencia judicial. El titular ejerce de infractor y depositario cuando tiene su propio amarre y no se ha resuelto el expediente de sanción.
La Policía Nacional también ha contribuido desde tierra al asedio de los petaqueros en la provincia y en lo que va de año han sido siete las embarcaciones semirrígidas que han incautado procediendo a la detención de seis personas. En estas actuaciones se intervinieron 150 garrafas de 25 litros. Una de las operaciones, que se denominó Fleco, tuvo lugar en la playa de Costacabana los días 26 de junio y 11 de julio. Los agentes detuvieron a tres personas por un delito de contrabando al ser los artífices de la entrega de combustible a otras narcolanchas. En la orilla dieron de madrugada con un todoterreno varado junto a un remolque, que había sido sustraído en Francia, sin rastro de los ocupantes. Las pesquisas policiales y los testigos indicaron que se habían echado al mar con una embarcación zodiac con gran cantidad de bidones.
La investigación continuó y el 11 de julio se produjo otro episodio en el que sorprendieron a tres personas en una lancha neumática con 61 garrafas de plástico de 50 litros. Fueron incautados los vehículos, la narcolancha, la gasolina y dos teléfonos vía satélite para las comunicaciones. Las embarcaciones que emplean los petaqueros pueden ser de todo tipo, desde los botes de fibra a las lanchas neumáticas, los pequeños pesqueros e incluso planeadoras del narcotráfico con un valor por encima de los 300.000 euros. El real decreto-ley 16/2018, de 26 de octubre, asestó un duro golpe a los petaqueros al considerar “género prohibido” estas embarcaciones y, por tanto, pasaron a ser material sancionable e incautable al más mínimo indicio de que puedan ser utilizadas para el contrabando.
La normativa establece que si tienen más de 8 metros de eslora o 201 caballos de potencia pueden ser decomisadas directamente por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al igual que si el valor supera los 50.000 euros. Y no sólo ocurre con las narcolanchas, esta prohibición se extiende también a cualquier tipo de embarcación, las rígidas también, incluso en tierra y sin carga ilícita. Para las excepciones legales de las actividades deportivas y de ocio, empresariales o de investigación existe un Registro Especial de Operadores de Embarcaciones Neumáticas y Semirrígidas de Alta Velocidad dependiente de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. La mayoría de las embarcaciones serán destruidas en cuanto lo autorice el juez, con un paso previo por depósito que estaría comprendido entre los tres y seis meses. Según argumentan fuentes del Servicio de Vigilancia Aduanera, de las 8 planeadoras que se interceptaron el pasado año cinco ya han sido ‘exterminadas’ sin posibilidad de ir a subasta como antaño para que no volvieran a manos de las mafias criminales.
El perfil de los petaqueros es muy variopinto, aunque a veces se corresponde con el de portadores de la droga. Personas sin ingresos económicos que han trabajado, por ejemplo, en la agricultura, la pesca o la construcción, que disponen de un par de embarcaciones y amarres. Encuentran un filón en lo ilegal sin entrar en contacto directo con los alijos de hachís al recibir más de 30.000 euros en un solo trayecto. En los últimos meses han entrado en el negocio clandestino grupos de extranjeros afincados en varios puntos de la geografía almeriense, principalmente rumanos y albaneses. En plena pandemia, por la falta de medios policiales y la presión migratoria derivada de la ola argelina de pateras taxis, alijaron de día y de noche. Pero se ha ido estrechando el cerco y cada vez son más los que acaban en prisión por su colaboración con las organizaciones criminales del Mediterráneo.
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