Patrullas ciudadanas con palos y linternas para defender de los robos sus cortijos en Almería

Aseguran que sufren robos en sus viviendas casi a diario. Incluso estando las familias en su interior. Son los vecinos del Paraje Guillén y del Cortijo Córdoba, en el barrio de La Cañada, que se han organizado en patrullas ciudadanas para velar por la seguridad de estos caminos rurales, carentes de alumbrado público, portando palos y con la luz de las linternas. La situación de alarma, que llevan arrastrando desde meses, será objeto de la reunión de la Junta Local de Seguridad que la recién elegida alcaldesa de la ciudad, María Vázquez, ha requerido a la Subdelegación del Gobierno con la intención de acordar el martes de la próxima semana medidas urgentes.

Los continuos robos que está sufriendo esta zona de cortijos de La Cañada, tanto a las viviendas como las explotaciones agrícolas, han sido motivo de debate en el primer Pleno que ha dirigido María Vázquez como alcaldesa electa, ya que el Grupo Municipal Socialista ha presentado una moción, instando al Ayuntamiento a solucionar esta problemática que afecta a las 1.600 personas que, aproximadamente, residen en estos parajes de La Cañada.

Según la portavoz, Adriana Valverde, la situación es insostenible: “Los vecinos nos cuentan que los episodios de robo se producen a lo largo de todo el año, pero en lo que va de verano casi a diario y la preocupación crece entre la numerosa población de la zona que sigue demandando mayor presencia policial”, a lo que suma la inexistencia de alumbrado público y problemas colaterales como el riesgo de sufrir atropellos cuando van a tirar la basura por caminos que conducen a la autovía del aeropuerto, con gran flujo de vehículos.

El portavoz de Ciudadanos, Miguel Cazorla, quien ha visitado recientemente a estos vecinos, quienes acudían al Salón de Plenos, daba también fe a la Corporación de los “verdaderos problemas. Están comiendo y les entran a robar por la ventana del comedor... Creía que estaba en otra ciudad y en otro país”.

El aumento de la inseguridad ciudadana es conocida también por el equipo de gobierno, cuyos concejales del PP se han mostrado “sensibles”, si bien no conformes con la propuesta socialista, que está asentada en dos acuerdos. Por un lado, dotar a estos núcleos de población de alumbrado público; y, por otro, aumentar la vigilancia.

La concejal de Urbanismo, Ana Martínez Labella, quien fue interrumpida en varias ocasiones por los vecinos asistentes, el voto en contra de los 13 concejales del PP al que se sumó el del edil no adscrito, tumbando la moción. Reconociendo lo “inaceptable” de situación denunciada, así como la “indignación e impotencia” vecinal, Martínez Labella incidió en que “las competencias en materia de seguridad son única y exclusivamente, del Estado, y son las Fuerzas de Seguridad del Estado las que deben cumplir con la obligación de salvaguardar la seguridad de todos nosotros. No se dejen engañar ni se dejen arrastrar por los cantos de sirenas de unos políticos que tergiversan la realidad y no dudan en utilizarlos como arma electoral”, apostilló la edil.

No obstante, Martínez Labella quiso dejar claro que, aunque el Ayuntamiento “no puede garantizarles lo que se nos pide en la moción”, no significa “ni mucho menos que este equipo de Gobierno se desentiendan del problema. Vamos a trabajar junto a ustedes para buscar soluciones, exigiendo a la Subdelegación del Gobierno que aporte los recursos necesarios para que puedan volver a dormir tranquilos, colaborando en ello también la Policía Local”.

Alumbrado público

Considerando la inexistencia en la zona de alumbrado público como un “factor determinante” para acabar con la oleada de robos, la responsable de Urbanismo ha manifestado que se trata de una “situación compleja” a analizar por los técnicos municipales. Según desgranó, se trata de dos zonas, urbanísticamente, muy distintas. “Paraje Guillén es zona rústica y, por mucho que les digan, no es obligación de los ayuntamientos la dotación de iluminación. La ley es muy clara en este sentido”.

La zona de Cortijo Córdoba, calificada en el Plan General del 98 como espacio urbano no consolidado, es un conjunto de “edificaciones irregulares y parcelaciones ilegales”, contemplando el PGOU la dotación de esas infraestructuras y servicios vía planeamiento, a través del desarrollo de un plan especial de reforma interior, y donde las cargas de esas dotaciones de servicios son atribuidas a los propietarios de los suelos”.

“La titularidad pública de los hoy caminos, en el futuro calles, no está del todo definida”, agregaba la edil, despertando el malestar de los vecinos allí presentes a los que acompañó a su salida del Pleno para continuar dialogando con ellos.

Mientras, la portavoz del PSOE reprobaba la respuesta del PP, incidiendo en la existencia de soluciones alternativas como la instalación de farolas solares que no requieren cableado como las que, recordaba Valverde, está instalado la Diputación. Los 13 votos a favor (PSOE, Ciudadanos, Vox y la concejal no adscrita), no fueron suficientes.