Nuevos registros y causas por las maniobras de Rifá

Ni aún siendo investigado por la justicia como el precursor de un fraude fiscal millonario, el que se desmanteló a finales de mayo de 2012 por el Servicio de Vigilancia Aduanera, ni con la 'etiqueta' de principal moroso de Hacienda en la provincia con una deuda de más de 40 millones en la lista Montoro de principios de 2016 (con 27,5 de Predios del Sureste y 8,9 del Gran Hotel) se ha podido poner coto a las actividades ilícitas de Miguel Rifá. El empresario catalán con más de treinta años de trayectoria en la hostelería almeriense vuelve a ser señalado por los agentes de la Agencia Tributaria y Guardia Civil con investigaciones recientes que han derivado en una nueva causa penal que ya está en el Juzgado de Instrucción número 4 de Almería. Los hechos delictivos que tendrán que enjuiciarse se han producido durante los años 2015 y 2016 en los que se repetían los recursos de Rifá para no comparecer ante el juez y retrasar una instrucción que se abrió en 2012. A lo largo de seis horas, entre las diez de la mañana y las cuatro de la tarde del martes se produjo el registro de oficinas de la Sociedad Plaza del Mar de El Toyo en un sótano habilitado en los apartamentos Fenix Beach del Paseo Central de Roquetas. Ante la sorpresa de los residentes y aflicción de los empleados, que pedían a la decena de agentes de Vigilancia Aduanera y Guardia Civil que se quitaran los chalecos para no llamar la atención, se peinaron por completo las dependencias por orden judicial y fueron hasta cuatro las cajas que lograron recopilar con documentación de todo tipo, además de las copias del disco duro de los ordenadores. Las oficinas están a pocos metros de las que en su día, con la operación policial de hace seis años, se registraron para poner los materiales a disposición del Juzgado de Instrucción nº 3 en una causa pendiente de juicio que instruye la magistrada magistrada Ana Belén Vico. La juez impuso a principios de febrero de 2015 una fianza de 2,4 millones de euros por responsabilidad civil conjunta y solidaria en relación al fraude al promotor hotelero y a su asesor y testaferro, Israel Martínez, quién está implicado también como uno de los artífices de la trama de la mercantil Obrascampo. La justicia entiende que Miguel Rifá Soler ha seguido maniobrando de manera irregular con la venta de fincas a sociedades y particulares con las que estaría cometiendo delitos de alzamiento de bienes para evitar el embargo de sus acreedores. Y es que los investigadores y técnicos de Hacienda no han querido bajar la guardia ni aún estando el caso en manos de la justicia y a lo largo de los últimos años han realizado un seguimiento de las operaciones que ha vuelto a dar sus frutos. Las diligencias por delitos similares a los que presuntamente cometió con anterioridad a 2012 irán por el Juzgado de Instrucción nº 4 y no se añaden a la causa abierta, lo que haría aún más complejo un enjuiciamiento que ya acumula seis años. La comparecencia del empresario ante la jueza se hizo esperar, por los repetidos recursos de la defensa, hasta abril de 2016. Rifá reconoció la comisión de los presuntos delitos de alzamiento de bienes, insolvencia punible y fraude fiscal en la Ciudad de la Justicia si bien en su explicación no precisó que seguía realizando este tipo de artimañas durante su enjuiciamiento. Rifá aseguró que en ningún momento actuó para perjudicar a la hacienda pública y vinculó sus maniobras al intento de esquivar el pago de las deudas millonarias con los bancos. Para la investigación policial, "era una trama de personas perfectamente organizadas para defraudar a la Hacienda Pública a gran escala".

La Operación Hostelero puso al descubierto una ingeniería del fraude fiscal con la que intentó la descapitalización de sus bienes para evitar el embargo por parte de los acreedores operando son sus sociedades incluso fuera del país a la portuguesa GILHSA. Así se detallaba en un informe de más de 6.000 páginas entregado el último día de mayo de 2012 por Vigilancia Aduanera. Tenían pruebas de que habían elevado a públicos contratos privados de reconocimiento de deuda por la prestación de servicios ficticios entre sus sociedades, generado pérdidas patrimoniales con las que eludir el pago de impuestos y realizado operaciones simuladas de compraventa de inmuebles y de aportaciones no dinerarias con las que obtener la devolución de IVA que no le correspondía. A los pocos meses de la operación policial la jueza ordenó realizar la anotación preventiva de las 34 fincas hipotecadas de Rifá en el Registro de la Propiedad como garantía para tapar un agujero millonario al fisco que podría ser de más de cien millones y ya en 2015 dictó una fianza de 2,4 por responsabilidad civil y solidaria. El Ayuntamiento de Roquetas le embargó inmuebles y terrenos por valor de 40,4 millones por el impago de tributos municipales.

El empresario catalán ahora será protagonista de un nuevo frente judicial por la actividad de sus sociedades opacas, una con razón social en Valladolid según consta en el registro de Plaza del Mar de El Toyo. Más causas que se abren a la espera del cierre de la instrucción del primer juicio.