Marín asegura que el uso de la sujeción mecánica en Tierras de Oria tiene garantías y respeta derechos de los menores

El vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha defendido este jueves que el protocolo para la aplicación de contenciones mecánicas en los centros de internamiento de menores en Andalucía y concretamente en el centro almeriense de Tierras de Oria, en el que el pasado 1 de julio murió un joven de 18 años después de que se aplicaran la sujeción mecánica, "está dotado de todas las garantías posibles de seguridad y de respeto a los derechos fundamentales de los menores".

Así se ha pronunciado Marín ante la comisión parlamentaria de su ramo al hilo de una comparecencia que ha solicitado el grupo de Adelante Andalucía para informar sobre dichos protocolos, donde ha recordado que el caso de la muerte del joven está bajo investigación judicial y que desde su departamento "hemos elevado todos los requerimientos que ha hecho el juez de Purchena que lleva el caso para averiguar qué ha sucedido". Por tanto, ha pedido esperar a que se conozcan los resultados de autopsia "y saber cuál ha sido la causa de la muerte".

De este modo, se ha limitado a aportar información a la comisión rechazando que se "especule" sobre lo ocurrido, toda vez que ha insistido en que el protocolo para la aplicación de medidas como la sujeción mecánica "está regulado por ley y tenemos que hacer que se cumpla la ley". En cualquier caso, ha asegurado que si ha habido alguna negligencia en algún supuesto, "esta Consejería y este consejero es el más interesado en que se resuelva como haya que hacerlo".

El vicepresidente ha explicado que el protocolo en este marco es el mismo para todos los centros de Andalucía y, por lo tanto, en su aplicación "no debe haber ninguna distinción entre ningún centro en el país" porque, además, "se regula por una ley orgánica" siendo competencia del Gobierno estatal, de ahí que replique a Adelante que no puede hacer nada para cambiar la ley ni los protocolos porque "está regulado por ley y tenemos que hacer que se cumpla".

Marín ha indicado que el protocolo de las contenciones mecánicas contempla que puedan llevarse a efecto para evitar situaciones de violencia o autolesión, para impedir fugas, daños en el propio centro o en situaciones de resistencia, activa o pasiva, hacia las instrucciones del personal del centro en el ejercicio de sus legítimas labores. Entre los medios de contención ha mencionado la sujeción mecánica o el aislamiento provisional, mientras que ha explicado que se siguen las recomendaciones que hizo el Defensor del Pueblo en el 2016 sobre la aplicación de los medios de contención y su uso simultáneo "de forma de que se haga con las máximas garantías, con pleno respeto a los derechos de los menores y en condiciones de seguridad".

Igualmente, el consejero de Justicia ha asegurado que el uso de estas prácticas en los centros de menores radicados en Andalucía "es subsidiario, no es una práctica diaria". "De acuerdo con las recomendaciones de la Dirección General, es un medio extraordinario y, dado el carácter extremo de la medida, antes de aplicarlo hay que agotar todas las posibilidades, garantizando su uso como último recurso", ha abundado. Además de explicar que existen registros que concretan el uso, cuando procede, de las contenciones mecánicas, Marín también ha señalado que "hay un doble control médico" de los menores, antes, durante y después, y tienen "supervisión continua durante toda la aplicación de la sujeción mecánica si es prolongada".

Igualmente, se ha referido al informe del Defensor sobre el centro de Oria, emitido el 12 de julio, que concluye, entre otras apreciaciones, que tras visitar el centro y entrevistarse con internos y miembro de personal, "no hay ningún dato relevante, hacen manifestaciones muy positivas respecto al clima de convivencia en el centro y en el desempeño de la labor profesional, sin incidencias relevantes".

ADELANTE PIDE MEDIDAS MENOS AGRESIVAS

Por Adelante Andalucía, la diputada Maribel Mora ha advertido de que la muerte del joven en el centro almeriense ha generado "muchísima alarma", toda vez que ha asegurado que no es el primer caso que se da. Ha indicado que ya ocurrió algo similar en el 2017 en un centro de Melilla y otra muerte en un centro gestionado por la misma empresa en Madrid en el 2011, al tiempo que ha recordado que "los trabajadores hace unos años presentaron una queja al Defensor sobre las aplicaciones de contención mecánica, además de las que han elevado diferentes asociaciones" sobre lo mismo.

Mora también ha recordado que el Comité de Prevención de la Tortura visitó el centro de Oria en el 2016 y emitió un informe en el que recogía observaciones "muy graves", afirmando que "estaba alarmado por cómo se aplicaban estos mecanismos, pedían que se eliminen y hacía referencia al mal funcionamiento o al exceso de la utilización del aislamiento, y recomendaba el uso de otros métodos como también sugiere el Defensor estatal". Tras apuntar que la falta de formación del personal que trabaja en estos centros "es otro problema", la parlamentaria de Adelante ha criticado que las referidas recomendaciones planteadas por el Comité de Prevención de la Tortura "no se ponen en práctica", al tiempo que ha denunciado que "no existe libro de registro --de la aplicación de las contenciones mecánicas-- en este centro".

Sobre la muerte del joven de 18 años, Mora explica que "parece que no apareció ningún médico antes de la aplicación y que fallece con la aplicación" de la sujeción mecánica, mientras ha censurado que a pesar de que Marín haya explicado que esta medida se aplica de modo excepcional "no hay libro de registro y se constata su uso 24 veces en seis meses, una barbaridad". "La sensación que hay, a partir de las diferentes denuncias, del Defensor y del Comité, es que no hay fiscalización real de cómo se aplica en los centros de menores la contención mecánica", ha apostillado Mora, que ha lamentado que Marín no haya aportado datos del seguimiento que hace la Consejería o si se aceptan las recomendaciones para eliminar estas prácticas y "aplicar otras menos agresivas".