Sindicatos llaman a la huelga a 10.500 docentes y más de 1.000 trabajadores de la educación pública contra el decreto de escolarización

Los sindicatos ANPE, CCOO, CSIF, UGT y USTEA convocan a todos los trabajadores y trabajadoras de la comunidad educativa a la huelga contra el decreto de Escolarización de la Junta de Andalucía en la provincia, que tendrá lugar el próximo miércoles, 4 de marzo. En total, de los más de 400 centros públicos de Almería, los sindicatos convocantes hacen un llamamiento a la paralización a unos 10.500 docentes y a más de un millar de empleados públicos entre personal de administración y servicios, sin olvidarse de las miles de familias almerienses.

De esta manera, además de la jornada de huelga, los sindicatos llevarán a cabo una gran manifestación que partirá el mismo miércoles, a las 12:00 horas, desde la Puerta Purchena y que concluirá en la Plaza de las Velas, bajo el lema ‘Contra el decreto de Escolarización, no al cierre de unidades públicas’ y en la que exigirán, de forma unánime, a la Consejería de Educación, cuyo titular es Javier Imbroda, la retirada del decreto. En esta línea, los sindicatos muestran su rechazo a dicho decreto, poniendo el acento en su aspectos más controvertido, recogido en el artículo 9.4 que señala que: “En los municipios o ámbitos territoriales en los que haya centros docentes públicos y privados concertados, las áreas de influencias para cada enseñanza se configurarán de forma que las familias tenga la máxima puntuación por el criterio de proximidad al centro del domicilio familiar o del lugar de trabajo en, al menos, un centro de cada tipo”.

Así, los convocantes consideran que, con este artículo se suprimirán unidades públicas y, en consecuencia, al personal docente. Ante la coincidencia de posturas en lo esencial, que es la defensa de la escuela pública, han acordado dicho paro orientado a revertir los ajustes aprobados por el Ejecutivo andaluz que suponen un ataque en toda regla a la enseñanza pública. Por todo, los sindicatos señalan que tienen la responsabilidad, como legítimos representantes de los trabajadores y trabajadoras de la educación pública, de defender sus intereses, de forma que no se pierda ni una sola unidad más en la escuela pública en nuestra comunidad.