Llega la hora del Caso Poniente

Tribunales

El juicio por detraer 71,5 millones de euros a las arcas de El Ejido quedó visto para sentencia tras casi 12 años de espera

Juan Enciso, el exalcalde de El Ejido, durante el juicio
Juan Enciso, el exalcalde de El Ejido, durante el juicio
Miguel Martín

22 de noviembre 2021 - 10:36

El 20 de octubre de 2009 la calma desaparecía en El Ejido. La Policía Nacional ponía esa mañana en marcha un dispositivo que conllevó, entre otros, el registro del Ayuntamiento y de la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur) con participación al 70 por ciento del Grupo Abengoa. Una veintena de personas fueron detenidas entonces, entre ellas el exalcalde Juan Enciso y el exinterventor accidental, José Alemán. La operación ‘Poniente’ se centró en una presunta trama de corrupción que, de acuerdo a la Fiscalía Anticorrupción, habría logrado detraer más de 71,5 millones de euros de las arcas municipales.

El pasado mes de julio, casi 12 años después, el caso quedaba visto para sentencia tras el juicio de mayor envergadura y con un mayor número de sesiones celebrado en la provincia hasta el momento. Meses y meses de declaraciones y pruebas desarrolladas en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Aguadulce en los que incluso llegó a fallecer el fiscal que había impulsado e investigado la causa, Jesús Gázquez. Ahora, sólo falta que los magistrados Társila Martínez, Jesús Martínez e Ignacio Gómez dicten la sentencia que dará por cerrado -al menos hasta que sea recurrida- este caso que trascendió las fronteras de Almería.

Jesús Juan Cruz, el fiscal responsable de finalizar la labor del Ministerio Público, mantuvo su petición de 40 años de cárcel y multas por importe total de 23,2 millones de euros para Enciso y Alemán, asegurando que ambos buscaron “maximizar” su posición para lograr su objetivo, encontrando la “fórmula” con la empresa mixta ElSur. Sostuvo además que la multinacional Abengoa buscó “optimizar su beneficio” y para no aumentar los costes laborales optó por subcontratas con “uno de los suyos”, el empresario José Amate, que puso todo a nombre de una familia conocida, la de Juan Antonio Galán.

Así hasta que en 2005 surgen “problemas” y “se quieren bajar del barco los Barco -otra familia acusada-” y tuvieron que buscar a otra que los sustituyese. Siempre según el relato de Cruz del Pino. “Mandaban los de siempre”, dijo el fiscal en referencia a Abengoa, insistiendo en que ante el “riesgo” de que se conociesen estas prácticas, hicieron que Amate se apartase. “Mientras, Juan Antonio Galán hacía negocio con sus subcontratas”, ha manifestado, añadiendo que José Alemán obtuvo “beneficio de todos los que participaban”, a través de su mujer, Isabel Carrasco, y su empresa, al igual que Enciso, y los empresarios Jesús Aragón y Ambrosio Cuevas, en lo que ha calificado de “festín” con dinero público.

Asesoramiento jurídico para sortear el control administrativo

Sobre Enciso precisó que “toda la prueba practicada” en juicio oral “muy prolija en los detalles, apunta a su implicación y al uso de su influencia”, que su esposa “era perfecta conocedora de cuál era el origen de sus ingresos” y que su cuñado “se aprovechaba de su situación y pedía favores como se acredita en las escuchas telefónicas y han afirmado los testigos”. Abundó que la empresa mixta Elsur se creó “después” de que el propio ex alcalde “buscara asesoramiento jurídico para sortear el control administrativo” y que lo hizo por “interés, pero en ningún caso por el interés público”.

El otrora alcalde de El Ejido, Juan Enciso, respondía a comienzos de marzo a su letrado, Francisco Torres, pero no al resto de abogados, a la Fiscalía o a la Abogacía del Estado. De esta forma, negaba sobrefacturaciones, prebendas, o cualquier tipo de irregularidad en lo que a la empresa mixta ElSur se refiere. Dijo que fue prácticamente una “pieza decorativa” y ha recalcado: “Una cosa me enseñaron siempre, que es que lo que no sea tuyo, no lo cojas”.

“Eso queda clarísimo; no he cobrado ni un solo euro del Ayuntamiento de El Ejido ni de Elsur”, aseveraba ese mismo mes Alemán cuando la Abogacía del Estado le preguntaba si la empresa de la que era administrador único, “cobraba en definitiva” del ayuntamiento “a través de las concesionarias”. Rechazaba otra de las imputaciones, “haber ayudado a cualquier empresa a tener relaciones comerciales con Elsur”. Al ser interpelado sobre la autorización municipal de esta actividad, subrayaba que ocupaba el cargo de forma accidental. “Era conocido por todos los equipos de gobierno”, dijo.

Un nuevo escrito con escasas modificaciones del Ministerio Público

El fiscal realizó pocas modificaciones respecto a las ya efectuadas por Gázquez el 21 de febrero del año pasado, cuando cambió su petición de penas para 27 acusadosal entender prescritos los delitos fiscales relativos a los periodos impositivos del 2002 al 2005. Concretó también las multas que se solicitan por un delito de cohecho continuado para distintos empresarios, como José Amate (460.000 euros), Juan Antonio Galán (4,6 millones de euros), los hermanos Lirola López (más de 6 millones), Ambrosio Cuevas (2.050.000 euros) y Jesús Aragón (152.000 euros). Modificó la pena relativa únicamente a este delito del acusado Juan Julián Venzal, por la que solicita un año y seis meses. Asimismo, retiró la acusación respecto a Rafael Barco Oyonarte.

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