La nueva Ley de Costas blindará a los chiringuitos almerienses

La futura legislación de Costas, cuyo anteproyecto se aprobó recientemente en Consejo de Ministros, establece que los chiringuitos podrán continuar en la arena, porque el Gobierno considera que estos establecimientos son un motor para crear empleo y riqueza en la costa. La Ley sobre Protección y Uso Sostenible del Litoral implicará la revisión de los plazos y condiciones de las autorizaciones de estos restaurantes situados a pie de playa, así como su régimen económico y posibilidades de transmisión de los mismos. Las líneas básicas del nuevo texto legislativo son la garantía de protección del litoral, mayor seguridad jurídica en el uso del dominio público y homogeneidad en la aplicación de la normativa en todo el territorio nacional y para todos los locales.
Más de 20 años separan a la actual Ley de Costas del anteproyecto que se ha aprobado. Una legislación, la de 1988, que mantiene en vilo a los 70 chiringuitos de la costa almeriense y a los puestos de trabajo que generan. El documento pretender ser una solución estable y definitiva a la problemática de los chiringuitos, iniciada en 2007 por un cambio en la interpretación de la ley y que desde entonces ha generado una "enorme problemática e incertidumbre", tal y como consideran en el sector.
Para los locales de construcción desmontable se establece un periodo cuatro años (en vez del actual de uno) de concesión y mantenimiento, siempre que se mantengan las condiciones de protección ambiental y del litoral con las que se concedió. Para renovarlas, los titulares de estas explotaciones (como bares desmantelables o instalaciones náuticas no permanentes) deberán someterse a régimen de concurrencia competitiva, de modo que no será automática la prórroga del permiso, sino que deberán lograr una nueva.
Además, la futura legislación quiere promover que los propietarios de los chiringuitos se conviertan en aliados del medio ambiente y velen por la conservación del litoral. Por ello, la ley podría exigir un compromiso de los hosteleros con la conservación, de tal forma que sean "vigilantes" del impacto medioambiental que podrían causar: no servir envases de vidrio y pedir responsabilidad a los clientes. También se ha destacado que la nueva norma otorgará "seguridad jurídica a los chiringuitos. Sin embargo, lo que no ha sentado bien al sector es que no se hayan definido los plazos de esa estabilidad.
En Almería hay más de 70 establecimientos repartidos por toda la costa de la provincia que llevan años tratando de dignificar unas instalaciones que suponen un motor para el turismo. El sector pide que las concesiones de las instalaciones se prolonguen en el tiempo, de manera que incentive el turismo en las costas y se generen más puestos de trabajo.
Con la ley de 1988, el límite eran 15 años de concesión y a partir de ahí, en Andalucía se establecen prórrogas de año en año, algo que causa un "perjuicio económico enorme, y que no permite hacer planificaciones futuras. De hecho, los empresarios se han visto obligados a hacer los cambios más básicos, como los que afectan a la instalación eléctrica.
El consejero de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez, ha manifestado que espera que la concesión de licencias a los chiringuitos "se haga lo más rápidamente posible" y "que se establezcan los márgenes de seguridad jurídica necesarios", para que "este sector tan importante en Andalucía pueda desarrollar su actividad". En este sentido, se comprometió a trabajar con la Consejería de Medio Ambiente para acelerar el procedimiento administrativo de la concesión de licencias.
La campaña de este año ya se ha solventado con una moratoria de las autorizaciones, pero el sector espera que a partir del próximo año no se tengan que aplicar soluciones puntuales, sino una estable y definitiva que permita a los responsables de los negocios planificarse.
Aparte, del articulado que se refiere a chiringuitos, el anteproyecto también se refiere a las viviendas en primera línea de playa. Hasta ahora, si no cumplían la distancia de 100 metros al mar que marca la ley de 1988, les daban sólo una concesión de 30 años. En sólo 5, se cumplen las primeras que se concedieron y habría que derribar. Pero el Gobierno quiere evitarlo y ampliar la concesión de hasta los 75 años. Y podrán venderse y heredarse. Además, quieren evitar situaciones como la del hotel Algarrobico. Una disposición permitirá actuar más rápido para que no se vuelva a construir una mole así.
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