La Junta cierra el grifo a los pozos ilegales en la pandemia con 51 expedientes en Almería

Durante el año de la pandemia se han disparado los expedientes sancionadores incoados contra particulares y empresas por la realización de pozos ilegales y extracción de aguas subterráneas de manera fraudulenta en la provincia de Almería. Si entre 2011 y 2019 se habían practicado 55 procedimientos sancionadores, tan sólo durante el último ejercicio marcado por la crisis sanitaria del coronavirus la cifra ha alcanzado los 51, de los que 18 ya son firmes y conllevan una sanción económica, según los datos facilitados a este periódico por la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades que al tener las competencias de Minas le corresponden la autorizaciones y vigilancia del cumplimiento de la normativa sobre las prospecciones hídricas.

Después de un año en el que no se había incoado ningún expediente sancionador en 2019 a pesar de las denuncias recibidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con especial protagonismo del Seprona, y los inspectores en el último ejercicio se ha realizado un fuerte impulso a los procedimientos con los que se sanciona la captación ilegal de agua en una provincia con un histórico déficit hídrico. El notable incremento de expedientes tramitados en 2020 responde a la incorporación de personal técnico especializado en la gestión de este tipo de sanciones con el que se ha querido impulsar la batalla contra los que expolian el agua de todos por parte del Servicio de Industria y Minas de la Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de Almería.

De los 18 expedientes finalizados todos han conllevado sanciones. Poco a poco se irán resolviendo el resto, que pueden ser sobreseídos o castigados con multas económicas que suelen rondar los 6.000 euros de media en fincas modestas, una cantidad perfectamente asumible para empresas agrícolas que gracias a la extracción de aguas subterráneas sin concesión ni autorización administrativa sacan adelante sus cosechas. Sin embargo, hay precedentes de sanciones ejemplares como el que recibió una conocida empresa de Tabernas a la que impusieron multa de 450.759 euros, así como una indemnización de 1,1 millones de euros por los daños ocasionados durante años de extracción ilegal de los recursos hídricos.

Un 360% más en Andalucía en 2019

Durante 2019 no se había incoado ningún expediente a pesar de la recepción de denuncias, provocando un retraso importante en la tramitación que reconoció la Junta y se había generado un atasco administrativo que ha contribuido a la explosión de las sanciones en la pandemia. En Andalucía se multiplicaron por cuatro las denuncias por la existencia de pozos ilegales en ese ejercicio creciendo un 360% tras la dramática muerte en Totalán a principios de año del pequeño Julen Roselló que conmocionó a todo el país. La Junta incrementó un 66,4% los expedientes sancionadores para las captaciones sin título o las que teniendo concesión superaban el caudal permitido. De los 55 procedimientos anteriores, los instruidos entre 2011 y 2019, se han resuelto ya 45 y sólo 10 siguen pendientes de resolución.

Tan sólo 4 de los expedientes incoados en la última década se corresponden con el término municipal de Tabernas, enclave sobre el que se había puesto el foco en el último año por el aumento de producciones agrícolas que requieren grandes volúmenes de recursos hídricos para el regadío en la última década. La fuerte presión de la Plataforma en Defensa del Agua Acuíferos Vivos y otros colectivos ecologistas que llevaron a Europa la amenaza sobre espacios de alto valor ecológico como los Molinos del Río Aguas empujó a la administración andaluza a realizar una comprobación sobre el terreno de las presuntas irregularidades en las perforaciones.

La Delegación Territorial de Medio Ambiente inició la tramitación de una quincena de expedientes sancionadores a empresas y particulares por la sobreexplotación de acuíferos y pozos en la comarca del Campo de Tabernas tras realizar una inspección en una zona superior a las 5.000 hectáreas en la que había 44 explotaciones agrarias y 242 sondeos de extracción de aguas subterráneas que fueron revisados. Ese plan de inspecciones exhaustivas de los títulos de agua otorgados en el pasado derivó en julio de 2016 en la sanción contundente a una conocida empresa de aceite de Tabernas por infracción muy grave de la Ley de Aguas de Andalucía al detectar los agentes de Medio Ambiente que carecían de concesión ni autorización, una resolución ratificada en marzo de 2018 por el Consejo de Gobierno de la Junta.

Los trabajos para la ejecución de sondeos y pozos requieren de una serie de requisitos tales como la presentación de un proyecto, la autorización previa del mismo por parte de la autoridad minera y la realización de los trabajos bajo la supervisión de un director facultativo nombrado por el promotor y comunicado a la Junta, conforme a la normativa básica de seguridad minera. La normativa que regula estos trámites es la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas (artículo 121), en la que se tipifican los tipos de infracciones, y el Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.