Golpe al contrabando de tabaco en Almería: cazan a un distribuidor con 9.500 cajetillas

El Servicio de Vigilancia Aduanera de Almería ha asestado un nuevo golpe al contrabando de tabaco en la provincia con la reciente detención de uno de los principales distribuidores del mercado clandestino. Después de meses de seguimiento y una minuciosa investigación policial, con desplazamiento incluido de los agentes a un almacén que tenía situado en la Campiña Sur de Córdoba desde el que tenía acceso directo a Sevilla, Málaga y Granada, el contrabandista fue interceptado el pasado martes 28 de mayo en la Autovía del Mediterráneo a la altura del término municipal de Adra con el coche cargado hasta arriba de tabaco, nada menos que 19 cajas que portaban en torno a 9.500 cajetillas de diferentes marcas y sin las correspondientes precintas fiscales, lo que equivale a un valor que se aproxima a los 52.000 euros. Tres vehículos de la unidad policial de Vigilancia Aduanera lograron cazarlo al comienzo de una de sus jornadas de reparto en la provincia donde abastece de forma habitual a diferentes puntos de venta del comercio ilícito de tabaco.

El turismo estaba adaptado para el transporte de una capacidad considerable aprovechando todos los espacios y con los cristales tintados para que no se viera la mercancía. Además, una cortina separaba el habitáculo del conductor de la parte trasera para que tampoco se pudiera apreciar lo que portaba. Nada más abrir una de las puertas laterales cayeron al suelo las cajetillas que había amontonado casi a presión. Fuentes de la investigación de la unidad policial de la Agencia Tributaria han confirmado a este periódico que el detenido ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Berja para enfrentarse a un delito de contrabando de tabaco con penas de prisión que pueden ir de uno a cinco años al ser una cantidad superior a los 15.000 euros (si el importe es menor se quedaría en infracción administrativa). Se trata de un contrabandista con antecedentes por este tipo de negocio ilícito cuyo vehículo también había sido fichado con anterioridad, uno de los detonantes de la investigación de Vigilancia Aduanera cuando se percataron de sus primeros repartos en la provincia.

Un zulo en El Parador

Las labores de tabaco intervenidas han sido depositadas en la empresa Mediapost encargada del almacenaje de las cajetillas de contrabando, nada menos que 9.500 unidades, uno de los principales golpes al mercado ilegal en Almería de los últimos años. De hecho, habría que remontarse al primer trimestre de 2022 para encontrar otra operación de calado en la batalla permanente contra la venta ilegal de tabaco con la desarticulación de un punto de venta en Pescadería en la denominada Operación Window (vendía a través de la ventana de su vivienda). En aquella ocasión, el contrabandista también fue detenido y recibió una sanción ejemplarizante al tratarse por la reincidencia. En dos operativos de Vigilancia Aduanera, en colaboración con la Policía Local, fueron incautadas 6.500 y 800 cajetillas respectivamente. Este propietario del que era entonces uno de los puntos de venta más activos de la provincia escondía la mercancía en un zulo oculto en el trastero de un garaje comunitario que tenía en El Parador de Roquetas hasta que fue sorprendido con el material en marzo de 2022.

Un año antes le habían desmantelado el "estanco" ilegal en Pescadería con 13 cajas (6.500 cajetillas) y estando a la espera de juicio fue interceptado nuevamente con 800 cajetillas de tabaco de contrabando en el maletero de su vehículo recién cargado. Más reciente fue la operación conjunta en el barrio de El Puche finales de abril con el despliegue de una treintena de agentes de la Policía Local y Vigilancia Aduanera en la calle Antonio Mairena en la que se incautaron de 1.500 cajetillas y levantaron las correspondientes actas de sanción contra diez establecimientos sin licencia de actividad. Vigilancia Aduanera y Policía Local vienen trabajando de forma conjunta para acabar con la venta ilícita de tabaco desde antes de la pandemia con investigaciones y seguimientos permanentes que han permitido la localización de cientos de lotes de contrabando, que se importan de terceros países o se producen en fábricas ilegales de la geografía nacional, en bares, tiendas de alimentación, bazares y locutorios, kioscos, panaderías y carnicerías de diferentes puntos de Almería con especial incidencia en las barriadas de Pescadería y La Chanca, El Quemadero y El Puche.

Grave perjuicio a los estancos

El comercio ilícito del tabaco no ha dejado de crecer en Almería y en los años posteriores a la crisis económica llegó a causar un agujero negro a la industria tabaquera y los estancos de más de 30 millones de euros. La subida de precios del producto oficial, la facilidad para acceder al ilegal y el descenso del poder adquisitivo de las familias están detrás del repunte del mercado negro en Almería, que más allá del perjuicio económico genera un riesgo para el consumidor al ser un producto que escapa a los controles sanitarios. La ganancia media por cajetilla de contrabando se sitúa entre 1 y 2 euros para el distribuidor de un precio final de venta que podría estar entre 3 y 4 euros frente a un producto que, según la marca, por curso legal tiene un coste en estanco o establecimiento de entre 5 y 6 euros.

Cada caja que se incauta en los operativos policiales alcanza un valor de venta superior a los 2.500 euros, pero la mayoría de intervenciones son menores, de entre 8 y 10 cartones y se consideran infracciones leves. El contrabando es considerado un delito en España y está regulado por varias leyes y normativas, incluyendo la Ley Orgánica de Aduanas, el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La venta fraudulenta sin autorización de tabaco en todos sus formatos (cartones, cajetillas, cigarrillos sueltos o picadura de liar) conlleva sanción económica desde un mínimo de mil euros en el caso de ser leve a una multa pecuniaria proporcional a un 350% del valor de la mercancía si es muy grave, si bien el contrabando no se tipifica como delito penal -con penas de prisión que van de uno a cinco años- si el importe intervenido no iguala o supera los 15.000 euros.